Ainer González / Tania Selvas / Francisco Mendoza
José Salazar / Edén Gómez / Marco Alvarado
Edición: Francisco Mendoza
Diseño: Luis Méndez / Diario de Chiapas
El pasado 16 de septiembre de 2024 entró en vigor el decreto por el cual los cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistraturas de la Sala Superior y Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, y Magistraturas de Circuito y Personas Juzgadoras de Distrito, deberán ser elegidas por voto popular.
Ante este nuevo proceso de elección, surgieron en el país diversas opiniones que deseaban impedir que este proceso se llevara a cabo. Sin embargo, esto fue improcedente por lo toda la maquinaria electoral y por parte de los tres poderes, quienes comenzaron a desarrollar un proceso que fue señalado por tener varias deficiencias.
A pocos días que se lleve a cabo esta primera elección tras la reforma judicial, existen muchas dudas, incertidumbre, pero sobre todo una falta de empatía al proceso por parte de la ciudadanía, señaló la doctora Olga Mavel López, integrante del Colegio de Abogados y Abogadas Electorales de Chiapas.
Advirtió que el modelo implementado por el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta múltiples deficiencias técnicas, una preocupante falta de difusión y un desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía.
En entrevista, la especialista consideró que este mecanismo, que busca democratizar la elección de altos cargos del Poder Judicial, se ha desarrollado con muy poca claridad sobre cómo ejercer el voto.
“Si bien es cierto, la falta de información en cómo se debe de votar, las boletas cómo están integradas, los recuadros que hay que rellenar, los nombres de las personas, hay como un abismo todavía en cuanto a la certeza de quién vamos a elegir”.
Son muchos los cargos, solo de los ministros son nueve (cinco mujeres y cuatro hombres), por lo que los votantes deben reconocer a los contendientes por sus nombres.
La doctora explicó que, en entidades como Chiapas, los ciudadanos deberán elegir hasta 38 personas, entre jueces, magistrados y ministros; sin embargo, reconoció que incluso entre los profesionales del derecho, no se conocen a todos los perfiles registrados.
“Como abogada electoral, puedo decir que no tenemos referencias claras de todas las personas candidatas. Eso impide ejercer un voto informado y consciente”, agregó.
Complejidad de las boletas
Los votantes deberán escribir los nombres completos de las personas aspirantes junto con un número progresivo específico, como ‘01’ o ‘02’. “Si se comete un error en la numeración, el voto podría ser invalidado. No hay margen de error, pero sí muchas posibilidades de confusión”, explicó.
Además, señaló que, a diferencia de los comicios tradicionales, este proceso no contempla conteo rápido, ni resultados preliminares la misma noche de la elección. “Las boletas se depositarán en una urna única y se enviarán a las bodegas del INE, el conteo podrá demorar hasta diez días; no habrá forma de cotejar resultados por casilla ni de hacer comparaciones con actas. Esto vulnera el derecho a la impugnación efectiva”, afirmó.
Otro de los puntos críticos, dijo, es la ausencia de financiamiento público para campañas, las personas candidatas sólo pueden promoverse en redes sociales, con recursos propios, lo cual genera inequidad. “Quienes tienen más seguidores o habilidades digitales podrán tener mayor visibilidad, mientras que otros perfiles valiosos, pero con menos alcance, podrían pasar desapercibidos”.
En este sentido, destacó que el uso de redes sociales, aunque importante, no sustituye la labor de difusión institucional; “en un estado como Chiapas, donde el acceso a internet es limitado en muchas regiones, la ciudadanía no puede conocer con profundidad a quienes buscan un cargo judicial”, subrayó.
A pesar de las limitaciones, la doctora López confía en que la participación ciudadana pueda aumentar; “la gente está llamada a ejercer un derecho histórico, se trata de elegir a quienes nos procurarán justicia durante los próximos nueve años; es una decisión de gran responsabilidad, que requiere no sólo voluntad, sino información y confianza en las instituciones”.
Finalmente, consideró que este modelo debe evaluarse rigurosamente para corregir sus fallas, “hoy estamos ante una elección sin partidos políticos, sin financiamiento público y sin reglas claras de escrutinio; eso genera incertidumbre jurídica y desconfianza. Si queremos fortalecer la democracia judicial, debemos garantizar transparencia, equidad y legalidad en cada etapa del proceso”, concluyó.
Momento histórico
Alexander Reyes Guevara, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral (EJE), menciona que este momento histórico que se avecina, determinará qué tan preparada está la sociedad para elegir a los funcionarios que dan y ejercen justicia en el país.
Más que claroscuros, destaca el especialista que este proceso resulta una especie de prueba para lo que viene en la materia judicial electoral.
“Pues la verdad es que más que claros oscuros, yo diría más o menos, no sé cómo le gustes ver, pero es una elección inédita, es un ejercicio ciudadano que no había ocurrido en otro momento. Pues bueno, como ha sucedido tal vez en la historia de nuestra democracia, es un proceso de prueba y error ¿No? Donde vamos aprendiendo y no sólo las autoridades ¿No? Administrativas o jurisdiccionales, la propia ciudadanía; entonces, sin duda alguna tendremos situaciones que tal vez no queramos, que ocurran, pero nos dejarán una enseñanza, para mayores ejercicios ¿No?”, consideró el investigador.
Reyes Guevara subraya que esta elección debe entenderse como parte de un proceso de aprendizaje democrático, donde tanto autoridades como ciudadanía se enfrentan al reto de transitar un camino aún no trazado.
Si bien, refiere que no hay guiones preestablecidos ni experiencias previas que den una ruta, este proceso se trata de una apuesta por abrir nuevos canales de participación, que conllevan inevitablemente tensiones, desajustes y, sobre todo, enseñanzas.
Además, menciona que este ejercicio, inédito en su forma y en su fondo, pone a prueba no solo la estructura electoral, sino también la cultura política del país. Implica preguntarse por la preparación cívica de una sociedad a la que de pronto se le otorga la responsabilidad de elegir perfiles en una esfera que tradicionalmente ha sido reservada a procesos internos o de nombramiento indirecto.
Pese a estas inquietudes, Reyes Guevara no duda en confiar en el poder del pueblo.
La apuesta, entonces, resalta no es por la perfección inmediata, sino por el fortalecimiento progresivo de una ciudadanía activa, crítica y vigilante. El hecho de que este ejercicio se realice bajo el principio de ensayo y error no le resta valor democrático, sino que lo enmarca dentro de un proceso mucho más amplio, el de construir una justicia más cercana, accesible y, sobre todo, más sujeta al escrutinio público.
El próximo 1 de junio no solo se decidirán cargos. Se pondrá a prueba la capacidad colectiva para asumir una democracia más compleja, donde el Poder Judicial deja de estar en las sombras del tecnicismo institucional y se vuelve parte de la conversación ciudadana. No será una elección perfecta, pero sí un parteaguas. Como lo expresa Reyes Guevara, será un momento para aprender —como sociedad— a elegir, a evaluar y, en última instancia, a exigir justicia con voz propia.
Fin de carrera judicial
Para los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) la elección del próximo 1 de junio genera sentimientos encontrados; como lo refiere la abogada y secretaria de Tribunal en un Colegiado en materia Penal y Civil, Irma Elizabeth Monzón Velasco, la reforma al Poder Judicial acabó con la carrera judicial, con el mérito basado en la experiencia, y hoy los cargos se juegan en un escenario electoral incierto, apenas comprendido por los electores.
Y es a los electores a quienes hace un llamado para que participen con responsabilidad y elijan a juzgadores con experiencia judicial “personas que han dejado sus vidas al servicio de la carrera judicial”, ya que está en juego tener una impartición de justicia independiente.
“Evidentemente, los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación no somos políticos, y además no puedes llegar con la gente y prometerles ¿Qué les puedes prometer? ¿Qué se va a vender la justicia? Eso nunca se puede prometer. Por eso estamos invitando a que vean a los compañeros y sepan que esta elección es muy cuidadosa y muy delicada, porque se trata de personas que el día de mañana van a decidir por su futuro, por sus libertades, por sus propiedades y tienen que ver que no se puede prometer una justicia vendida”.
Monzón reiteró que los trabajadores del PJF quienes en 2024 salieron a las calles para protestar por la reforma y sus efectos, siguen sin estar de acuerdo con el método para elegir a jueces y magistrados; no obstante, si este es el camino, entonces que sean favorecidos con el voto los perfiles idóneos, no los que repartan promesas y no tengan la experiencia de haberse formado en la carrera judicial.
Un escenario complejo al que se enfrentan los ciudadanos, convocados a participar en un proceso del que poco se entiende, por ejemplo, el mecanismo de votación en las boletas mediante número y color.
Las limitaciones para los mismos candidatos, ajenos a los ruedos electorales que monta la clase política; falta de presupuesto, reglas que han ido cambiado mes a mes, y hasta la previsión de una participación baja.
“Se prevé una participación baja, si en las elecciones comunes vemos poca participación, en esta no se espera una gran afluencia; nosotros confiamos en el INE, en que hará su trabajo de manera consciente”, comentó Monzón Velasco.
Proselitismo sin experiencia
En Chiapas, como en el resto del país, los candidatos a jueces y magistrados han tenido que salir para poder llegar a la ciudadanía, porque muchos desconocen cómo hacer una campaña, ya que no es común esta práctica.
En este contexto, Diana Isabel Ivens Cruz, candidata a juez del sistema penal acusatorio, señaló que ha sido difícil el poder llegar a la ciudadanía, porque muchos desconocen el poder hacer una campaña de este tipo, ya que no es común o política, tan así que la gente cuando nos acercamos, lo primero que dice: “¿Qué me vas a dar?”.
Subrayó la necesidad urgente de informar e involucrar a la sociedad en este proceso sin precedentes, ya que por primera vez en la historia del país, jueces, magistrados y ministros serán elegidos mediante el voto popular, abriendo una nueva etapa en la relación entre justicia y ciudadanía, “sabemos que tenemos que votar, pero hay poca idea de por quién hacerlo”.
La candidata destacó la importancia de este momento como parte de una transformación estructural en la impartición de justicia: “Es importante que seamos parte de esta primera vez. Que podamos decir: ‘yo fui de los primeros en votar en esta elección histórica’. Como ciudadanos, necesitamos saber elegir a nuestros jueces, porque si en algún momento llegamos ante la justicia, podamos decir: ‘yo lo elegí, y elegí al más preparado’”.
“La gente sabe que tiene que votar pero tienen poca idea de cómo votar y por quien, hay que explicarle a la ciudadanía como será el mecanismo, lo cual también te encuentras a gente apática, que no quiere participar, por lo que tratar de convencerlos para que el 1 de julio salgan votar ha sido un reto; creo que con esta primera elección se va a prender mucho del INE, candidatos, de la gente, y el en 2027 se puede mejorar el proceso y si así se pretende seguir eligiendo a los jueces de esta manera, creo que puede ser a través de mejores filtros, y verificar sus currículum”, dijo.
Ivens Cruz reconoció que en la contienda participan candidatos con sólida carrera judicial, pero también existe el riesgo de que personas sin experiencia previa en el ámbito judicial lleguen a ocupar cargos clave. “Hay varios candidatos preparados, pero también hay quienes tendrían que aprender desde cero”, alertó.
Hizo un llamado a la participación ciudadana activa y consciente, recordando que esta elección no solo es un derecho, sino una oportunidad histórica para fortalecer la justicia en México desde sus cimientos.
Compromiso social
En medio de este desconocimiento social, existen organismos que buscan aclarar y apoyar el proceso electoral del Poder Judicial, tal es el caso de las cámaras empresariales.
En el caso de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos (Canaco Servytur) en Tuxtla Gutiérrez, este organismo ha ayudado a explicar a la ciudadanía y a sus propios miembros de cómo será el día de la votación y cómo realizar el sufragio de manera correcta, señaló Miguel Blas Gutiérrez, presidente de la Canaco Tuxtla.
“Hemos estado realizando foros con el INE para dar a conocer a la sociedad cómo se va a llevar este proceso, cómo van a poder votar, de qué color van a ser las boletas, toda la dinámica que se llevará en esta votación la hemos dado a conocer”.
Indicó que, como un compromiso social, el organismo empresarial se acercó a las autoridades electorales para que estos llevaran a cabo algunos trabajos explicativos para que estos fuesen replicados con los miembros de la cámara.
“Nosotros como Cámara Nacional de Comercio de Tuxtla, nuestra función es precisamente darle la información (a los agremiados) y vincular con las autoridades y a las personas que están involucradas en este proceso, para que la ciudadanía esté enterada de cómo, cuándo y de qué forma se van a llevar”.
Blas Gutiérrez dijo además que ha habido interés dentro de la cámara en esta elección; “la gente quiere estar enterada de cómo y cuándo se llevarán a cabo estas elecciones”, concluyó.
INE en Chiapas
En medio de un recorte presupuestal, sin campañas tradicionales y boletas confusas, la Junta Local Ejecutiva Chiapas del Instituto Nacional Electoral (INE) estima que el próximo uno de junio, fecha en la que se votarán por diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, de los 4 millones 60 mil chiapanecos que están en el listado nominal, apenas unos 812 mil podrían acudir a las urnas, reveló la vocal ejecutiva del INE en Chiapas, Claudia Rodríguez Sánchez.
“Esperamos que supere la revocación, mandato que fue alrededor del 20 por ciento de participación, aunque el INE pues siempre esperaría al 100 por ciento de toda la participación, pero bueno siendo realistas siempre Chiapas, aunque sea baja la participación está más arriba de la media nacional, aunque sea menor al 50 por ciento, o siempre está por arriba, es un estado participativo en términos generales, no como quisiéramos, pero sí; entonces, yo esperaría que fuera más allá de ese 20 por ciento, que participó en revocación de mandato”.
En vías de concluir el proceso de organización de este Proceso Electoral Extraordinario 2024 – 2025, la meta es instalar dos mil 236 casillas distribuidas en los 13 distritos, que abarcan los 124 municipios; que son el 50 por ciento menos de las que fueron instaladas en el proceso electoral ordinario anterior, esto producto de los recortes presupuestales. Contemplando también que en municipios como Tila y Honduras de la Sierra se ha tenido que evaluar si es viable instalar las casillas.
“Tenemos en lista nominal más de 4 millones 60 mil electores en Chiapas y pues seis elecciones. Ya recibimos más de 24 millones de boletas, ya fueron revisadas, el folio consecutivo, selladas, agrupadas y ya están integrados los paquetes electorales que vamos a entregar a presidentes de casilla”.
Rodríguez Sánchez, explicó que en esta elección también las reglas de entrega de boletas cambiarán con el objetivo de agilizar la votación, contemplando que deberá durar un promedio de 10 minutos por votante. La idea es pasar solo una vez con los funcionarios de casilla. Se entregará la credencial, revisarán la lista nominal, entregarán las seis boletas, de inmediato marcarán el pulgar y la credencial, se ejerce el voto, se depositarán las boletas en una sola urna y se podrán retirar de la casilla.
Sumado a estas modificaciones, en esta elección tampoco habrá encuestas de salida, ni resultados inmediatos. Por la complejidad en la sumatoria de los votos, los cómputos distritales se desarrollarán en más de una semana, para dar a conocer los resultados finales el 15 de junio y en el mes de septiembre, entren en funciones los juzgadores ganadores.
