I PARTE
Guillermo Knochenhauer
Introducción
El proceso electoral mexicano que culminó en 2018, despertó esperanzas de corrección del rumbo económico del país que había profundizado las desigualdades, y de renovación de los grupos que detentaban el poder político, cada vez más alejados de la ciudadanía y más visiblemente relacionados con actos de corrupción.
La elección de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República alentó ambas expectativas; AMLO se declaraba portador de un proyecto de transformación económico-político orientado a establecer equilibrios más justos en la generación y distribución de la riqueza, que conlleva también modificaciones a la estructura jurídica e institucional de poder que sirve al régimen que se pretende transformar, todo con la consigna de evitar la violencia a toda costa.
La transformación ofrecida por López Obrador ha logrado establecer en cinco años, algunas tendencias congruentes con sus propósitos, que justifican su consolidación, mientras que otras acciones reclaman correcciones profundas.
Entre las tendencias positivas vale destacar que, sin caer en populismo económico ni en satanizar el mercado, se ha actuado para mejorar los equilibrios en el ámbito laboral (salarios y prestaciones), se han duplicado los presupuestos asignados a programas de apoyo social y se han destinado inversiones públicas sin precedentes al sur y sureste del territorio.
Ya se registran algunos efectos benéficos de esas acciones, muy insuficientes frente a los problemas reales, pero permiten considerar que la trayectoria iniciada para abatir la pobreza y marginación con énfasis en la mejoría de las condiciones laborales y en promover inversiones en regiones siempre marginadas, es acertada.
También hay que reconocer que las crecidas asignaciones de gasto social se han logrado manteniendo la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional inflacionario; se ha logrado mediante un manejo de las finanzas públicas con gasto en general austero y en una mejor fiscalización de los grandes contribuyentes, que ha permitido elevar la recaudación. El endeudamiento público se ha mantenido sin cambios significativos con respecto a la administración anterior.
Por otra parte, con sentido estrictamente político, se ha enfatizado el protagonismo del poder público, lo cual debe reducir la influencia excesiva de intereses particulares en la toma de decisiones y permite recuperar confianza de los sectores sociales mayoritarios en las instituciones de gobierno.
Más que de izquierda o populistas, los avances logrados durante los últimos cinco años en los dos frentes, el que busca atemperar las desigualdades fortaleciendo los ingresos familiares de los sectores pobres, y el que persigue fortalecer los márgenes de acción política del gobierno, apuntan a un desarrollo capitalista más moderno y dinámico que requiere el concurso de inversionistas emprendedores. México destaca entre las economías de mayor atracción de inversiones extranjeras directas.
Mejoramiento del ingreso familiar
El propósito declarado de la 4T fue atemperar la pobreza, que afecta a la mayor parte de los mexicanos y que es mucho más que la falta de dinero en la economía familiar; aunada a desigualdad de oportunidades, la pobreza condena a quienes la padecen a la exclusión del mercado de consumidores, a la estigmatización y a la marginación de toda participación positiva en la sociedad.
México no es un país pobre, genera un PIB por persona de 224 mil pesos anuales, pero únicamente el 12 por ciento de la población, menos de 16 millones de personas, tienen un ingreso que les permite vivir sin carencias de esparcimiento, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud y acceso a educación de calidad.
La transformación propuesta es crear un entorno de desarrollo económico con equidad, en el que haya condiciones para salir de la pobreza y no regresar a ella; hoy por hoy, salir de pobre es prácticamente imposible por más esfuerzos personales que se hagan, y los apoyos asistenciales tienen efecto mientras duran. La movilidad social está estancada desde hace cuarenta años en México, fenómeno que daña severamente la moral pública al percibirse como como el despojo de la esperanza y expectativas colectivas en un mejor futuro.
La gobernanza armoniosa y pacífica, libertaria y democrática requiere la cimentación sólida de certezas entre los ciudadanos en aspectos sustanciales, como la movilidad social y medios que la propicien, destacadamente el acceso a servicios de educación y salud de calidad, seguridad social que cubra no sólo el retiro digno, sino riesgos imprevistos como el desempleo, los gastos asociados a la recuperación de la salud y al cuidado de la vejez, sustentado todo en una organización equitativa de la economía que sea, a la vez, ambientalmente sustentable.
El problema es la mala distribución de la riqueza, fenómeno de evidente carácter económico y político que tiene varias fuentes causales; la más importante es el modelo laboral, en el que los avances en productividad y los movimientos salariales llevan trayectorias distintas y hasta opuestas. En la capacidad y voluntad política de cerrar esa diferencia radican las posibilidades de mayor impacto en atemperar pobreza y desigualdades de manera permanente. Los aumentos salariales justos no sólo no inhiben las inversiones productivas, sino que está demostrado en otras experiencias que favorecen, además de la inclusión social y la reducción de la pobreza, el crecimiento del mercado interno, de la productividad y de la economía de manera sostenible en el largo plazo.
Desde 2020, se ha promovido el aumento político de los salarios mínimos. El informe Perspectivas de Empleo 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consigna que entre finales de 2020 y mayo de 2023 se había revalorizado el salario mínimo un 43.6 por ciento en términos reales, lo cual tiene importancia como reversión de una tendencia contraria. Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presenta datos según los cuales, el 38% de la población con empleo no percibe un salario que le permita cubrir el costo de la canasta alimentaria.
Para ampliar y consolidar las mejoras de condiciones laborales en remuneraciones y prestaciones son indispensables dos condiciones: el diseño jurídico e institucional que haga necesario el promover un nuevo acuerdo laboral entre empresas y trabajadores, y continuar con la liberalización del sindicalismo obrero que permita su democratización para fortalecer su capacidad de negociación.
Si la subida de los salarios mínimos -asociada a otras acciones en el ámbito laboral, como la reducción del peso de los sindicatos de protección empresarial y de la práctica del outsourcing- ha tenido bajo alcance relativo en la superación de la pobreza, aún menor es el cambio en la desigualdad de ingresos que, conforme a datos del Coneval, no se debe a que los hogares más pobres estén teniendo más ingresos, aunque de hecho así ocurre (por vía salarial y por asignaciones de los programas sociales), sino a que la pandemia hizo que el resto de los mexicanos ganen menos, particularmente los hogares del decil más alto.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI, correspondiente a 2022, el 10 por ciento de los hogares más pobres vio elevar sus percepciones promedio (salarios y otras entradas) 4 por ciento, pero el ingreso total de los hogares del decil más rico habría decrecido 9 por ciento en el trienio.
Está, por otra parte, la informalidad del mercado laboral, en la que encuentran ocupación 35 millones de personas que no son beneficiarios de seguridad social, de obligaciones legales de percibir salarios referidos al mínimo ni, por supuesto, de compensaciones por aumentos de su productividad laboral. A ese inmenso universo en el que se ocupa la mayoría de la fuerza laboral del país, sus ingresos no les permiten superar el umbral de pobreza.
Los programas sociales -segunda vertiente de acción contra la pobreza- habrían sido un componente de menor impacto que el salarial en entidades como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México o Estado de México mientras que, en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el aumento de las transferencias en efectivo a campesinos, jóvenes, personas discapacitadas y de la tercera edad, ha tenido un impacto mayor.
Las remesas, que en 2018 fueron de 33 mil millones de dólares y de 58 mil 400 millones de dólares en 2022, explican otra parte de la reducción en pobreza, quizás menos importante de lo que se les atribuye.
En sentido contrario al abatimiento de la pobreza y de las desigualdades ha operado el sistema de salud; conforme a los datos del Coneval, 50.4 millones de personas no tienen actualmente acceso a esos servicios. Podrían ser 30 millones más que en el 2018, al haberse cancelado el Seguro Popular, un mecanismo de protección económica -mediante afiliación y el pago de cuotas- a quienes carecen de la seguridad social con que cuentan quienes tienen empleo formal; la segmentación y el condicionamiento siguen siendo dos características no resueltas del sistema mexicano de salud.
El seguro Popular fue remplazado en 2020 por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que sería gratuito y universal en cobertura de padecimientos y entrega de medicamentos a la misma población que por carecer de empleo formal, no es derechohabiente de las instituciones existentes. Apenas en abril de este 2023, el Insabi transfirió sus funciones al organismo público IMSS-Bienestar, que perseguirá los mismos propósitos.
El sistema educativo público es otro factor de desigualdad por diferencias de calidad de la enseñanza y su incapacidad para evitar el creciente abandono de jóvenes; un millón y medio de estudiantes han dejado la escuela desde la ocurrencia de la pandemia.
Otras áreas socialmente sensibles, como las estancias infantiles y el programa de escuelas de tiempo completo que le facilitaban la vida a madres trabajadoras, fueron cancelados sin la creación de servicios alternativos; también las deficiencias de los servicios de infraestructura como los que llevan agua a casas, afectan, sobre todo, a los más pobres.
Las desigualdades en nuestro país también se manifiestan regionalmente; el territorio sureño ha sufrido abandono sempiterno que, además de ámbito de la mayor marginación y pobreza social entre los mexicanos, es un desperdicio de recursos naturales. Las inversiones públicas dirigidas por la actual administración a esa región, que deberían detonar inversiones privadas, no tienen precedentes.
Gracias a la canalización de tales inversiones, entre el cierre del 2019 y el inicio del 2023, los estados de Tabasco, Oaxaca y Quintana Roo tuvieron los mayores aumentos de actividad económica de todo el país. Según los datos desestacionalizados del INEGI, Tabasco registró el mayor incremento de su Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) entre el cierre del 2019, previo a la pandemia, y los primeros tres meses del 2023, con una tasa de 24.3 por ciento atribuible al empleo en la construcción, vinculada a la refinería Dos Bocas. Los empleos generados y la derrama económica en la entidad representan demanda agregada de bienes y servicios que deberían atraer inversiones de empresas privadas y desencadenar una dinámica que evite que una vez que la refinería esté funcionando, se pierda el impulso de desarrollo del estado…
