Afectadas por el desplazamiento de 1994 exigen justicia por la pérdida de su patrimonio,buscan que el Estado reconozca los daños derivados del conflicto armado
MdeR/Diario de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez.-La exigencia de una indemnización por la pérdida de 442 propiedades, que suman aproximadamente 42 mil hectáreas de alta productividad, motivó este viernes una manifestación de productores agrícolas y ganaderos desplazados por el conflicto armado de 1994 en Chiapas. El contingente, integrado por campesinos de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, se concentró frente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez. El objetivo primordial de la protesta es demandar celeridad en el análisis de sus expedientes judiciales y solicitar la intervención directa del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, para la instalación de una mesa de diálogo que atienda este reclamo histórico.
De acuerdo con los testimonios de los inconformes, el levantamiento armado que sacudió la entidad hace más de tres décadas obligó a cientos de familias a abandonar sus predios en la región Selva y Fronteriza. Los manifestantes señalaron que la inseguridad imperante en la zona impidió, durante años, el retorno a sus tierras, las cuales anteriormente eran motores económicos dedicados al cultivo de café, maíz, frijol y a la actividad ganadera.
Lo que inició en 1994 como una afectación a 440 propietarios originales, ha escalado con el paso del tiempo a un grupo de más de dos mil personas, incluyendo a hijos y descendientes que han visto colapsar su patrimonio y medios de subsistencia. «El Estado debe reconocer los daños derivados del desplazamiento y responder por la pérdida de nuestro patrimonio», sostuvieron los representantes del movimiento.
El caso se mantiene en el sistema judicial federal. Tras una revisión inicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el expediente fue devuelto a un tribunal colegiado para continuar con su estudio y dictar una resolución definitiva. Los productores enfatizaron que el proceso busca establecer responsabilidades y determinar una reparación justa por el despojo de sus bienes y la interrupción de sus actividades productivas durante más de treinta años.
