- Los afectados denuncian que los despojaron de sus tierras por no cooperar para la fiestas católica
Janet Hernández / Corresponsal Diario de Chiapas
Larráinzar, Chiapas.- Por intolerancia religiosa, dos familias sufrieron desplazamiento forzado en el ejido Chuchilton anexo Majoval del municipio de San Andrés Larráinzar, presuntamente por no cooperar para la fiesta de la religión católica, despojándolas de sus bienes y tierras.
Eliseo Hernández Díaz y Manuel Ruiz Hernández, jefes de familias, denunciaron que se ha consumado la violación a sus derechos humanos y a la Constitución, aun cuando esperaban la intervención del presidente municipal de Larráinzar y de las autoridades de Asuntos Religiosos para desactivar el conflicto.
“Todavía el sábado anterior, el titular de Asuntos Religiosos del gobierno de la entidad se comprometió a desactivar el conflicto, pero lamentablemente el día de ayer martes se consumaron los hechos por intolerancia religiosa y otros, tipificados como delitos por la ley”, aseguraron.
Agregaron que fueron corridos finalmente porque no pagaron 250 pesos para la fiesta religiosa de mayo de este año. “Estas familias y otras seis más adventistas no se niegan a dar cuotas para otros fines de beneficio para la comunidad, como educación y otros servicios, así como para obra social, pero para pagar la fiesta religiosa de mayo de este año no lo hicimos, por eso nos multaron con 20 mil pesos a cada familia».
Además, dijeron que tenían que pagar los gastos del Consejo de Vigilancia por ir y venir a la cabecera municipal, cuando fueron citados para platicar con el delegado de Asuntos Religiosos y el presidente municipal, «nos salimos de muestras casas porque nos iban a meter a la cárcel, otros no salieron porque no estaban dispuestos a perder su patrimonio de toda la vida, pero les cortaron la luz y el agua, hasta ahora viven a oscuras”.
Indicaron que el Consejo de Vigilancia, que encabeza Pedro Pérez Gómez, atenta contra la educación de los menores de edad de estas familias, porque no podrán asistir a la escuela en el próximo ciclo escolar 2022-2023.
Finalmente, expresaron que varias familias zapatistas no están de acuerdo con la forma en que son obligados a cooperar para fines que nada tienen que ver con el desarrollo de la comunidad, por lo que hoy ven como una injusticia lo que se ha cometido en contra de los desplazados.
