- La Semarnat ha autorizado docenas de permisos ambientales, entre ellas la de Acacoyagua, Chiapas
Lucía Trejo / Corresponsal Diario de Chiapas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así lo informó la Red de Mexicanos Afectados por la Minería (REMA).
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, para permisos ambientales para la exploración y explotación, de junio 2020 a diciembre 2021, la Semarnat ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en 14 entidades de la República.
La incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata. Luego, con la reactivación económica, hubo un aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera, hasta obtener ganancias históricas, menciona la REMA.
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las empresas y lograron obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, alimentación y el medio ambiente.
El encierro, el miedo a enfermarse y el distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios, generaron condiciones asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Ante el aumento de violencia en el país, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica e incrementó la militarización del, mientras el crimen organizado se fortaleció.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta.
Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
A pesar de estas condiciones adversas, en México, las organizaciones y las comunidades siguen luchando y buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio
