Letras Desnudas
Mario Caballero
Tras la cabeza de Bámaca
Para nada debería producir opiniones negativas la intervención del Gobierno del Estado en el desalojo de los estudiantes normalistas que causaron todo tipo de destrozos en edificios públicos y afectaciones a una empresa privada. Todo lo contrario, su actuación debe respaldarse y hasta aplaudirse. No es posible que, a Chiapas, al que mucho daño le han provocado este tipo de hechos, un puñado de encapuchados agredan a las autoridades, destruyan bienes públicos y se vayan así nomás.
Es responsabilidad constitucional del Estado proteger el orden público y salvaguardar la integridad de los ciudadanos. El gobierno de Rutilio Escandón Cadenas hizo bien al ejecutar el protocolo de seguridad. Por todos es conocido que esta administración ha sido tolerante y respetuoso de todas las protestas sociales, pero las acciones vandálicas de los normalistas pusieron en riesgo la vida de las personas y ocasionaron millonarias pérdidas materiales. Esto en ningún país del mundo debe tolerarse.
Los hechos comenzaron desde la tarde del martes, cuando un grupo de estudiantes de la Mactumactzá bloqueó la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez, a la altura de La Pochota, donde incendiaron el puesto de control de la policía.
Por la madrugada del miércoles, 25 normalistas se trasladaron a las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada. Ahí lanzaron piedras, bombas molotov y quemaron parte del lugar. Para cuando los bomberos lograron controlar el incendio, ya había sido siniestrado buen número del mobiliario, entre escritorios, mesas, sillas, papelería, aparatos eléctricos y computadoras.
Antes de abandonar las instalaciones, dejaron pintas con el nombre de la Escuela Normal Rural Mactumactzá como para que no quedara duda de que ellos habían sido los autores del atentado.
Al mediodía, alrededor de 150 estudiantes atacaron con piedras, palos, bombas molotov y cohetones el Palacio de Gobierno, quebrando un sinnúmero cristales y ocasionando múltiples daños en el edificio. También colocaron vallas de seguridad en la puerta trasera para impedir que el personal pudiera entrar y salir.
Fue entonces que elementos policiacos operaron el desalojo para evitar mayores daños y reestablecer el orden.
Los estudiantes se enfrentaron a los policías por varios minutos, pero terminaron siendo replegados con gas lacrimógeno. Huyeron a bordo de las tres unidades de la empresa Cristóbal Colón que habían secuestrado un día antes y que también utilizaron para bloquear la entrada del tramo La Pochota.
Por los hechos, la Fiscalía General del Estado anunció que había abierto una carpeta de investigación. Ya veremos qué pasa.
¿VÍCTIMAS? PARA NADA
Nadie debería sorprenderse que los normalistas salgan a decirse víctimas después de esto porque eso era lo que estaban buscando en primer lugar. Si confrontaron al gobierno de tal manera fue para obtener un motivo con el cual presionar a las autoridades. Así lo ha hecho la CNTE durante muchos años y ellos por qué no lo harían igual.
Hablan ahora de que, en lugar de obtener respuestas a sus demandas, el gobierno les contesta con represión policiaca, y dicen que derivado del operativo de desalojo tres de sus compañeros resultaron lesionados. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Para empezar, no dicen nada de los dos policías a los que ellos mismos descalabraron a punta de garrotazos y pedradas.
Los estudiantes de la Mactumactzá han convertido las protestas en una industria con la que han obtenido jugosos beneficios de los anteriores gobiernos. Se supone que las demandas actuales son mayores recursos para el centro educativo, ampliación de matrículas y plazas automáticas.
Pero durante los casi tres años de la presente administración, la Secretaría General de Gobierno los ha convocado a mesas de diálogo para encontrar soluciones y acuerdos que convengan a ambas partes.
Constancia de esto son los casi 70 millones de pesos que la Mactumactzá ha recibido tanto de la federación como del estado. De estos recursos alrededor de 30 millones se han aplicado para la construcción de dormitorios y rehabilitación de distintos espacios. Otros 35 millones han sido para uniformes, alimentos, combustible y otros apoyos, lo cuales se han ministrado de manera mensual, incluso durante el periodo de pandemia.
Además, todos y cada uno de los casi 500 alumnos son beneficiarios de la beca Benito Juárez, que contempla un apoyo de 4 mil 500 pesos bimestrales.
Así que ¿de dónde son víctimas? Si ellos reciben mayores privilegios que cualquier otro alumno de nivel superior, quienes en su mayoría tienen que trabajar a medio tiempo para sacar adelante sus estudios, no tienen becas, ni apoyos para pasajes, uniformes y alimentos. Es más, los que vienen de fuera pagan renta de sus propios bolsillos.
¿Y por qué tendrían que ser favorecidos con plazas automáticas sin antes demostrar que son aptos para estar al frente de un aula de clases? Sobre todo, porque hay cientos de estudiantes de otras escuelas que presentan mejor preparación que ellos.
Es absurdo, además, que estos quieran obtener una plaza magisterial con la aprobación mínima de seis, tal como se lo propusieron a las autoridades educativas, quienes revelaron que ese fue el motivo por el que la Comisión de Alumnos reventó de manera unilateral los trabajos de la última mesa de diálogo, pues se los negaron.
Por tanto, el gobierno de Rutilio Escandón merece el respaldo social por las acciones que hace y ha hecho por imponer el orden y la legalidad. Ya lo ha dicho el presidente López Obrador: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.
Así, de ninguna manera estos normalistas deben ser consentidos y protegidos. Por el contrario, sobre ellos debe caer todo el peso de la ley por los muchos daños que le han causado a la población.
PERO…
No obstante, nadie debe ignorar que detrás de las manifestaciones de los estudiantes de la Mactumactzá está Pedro Gómez Bámaca, líder de la Sección 7 de la CNTE, quien según ordenó a los normalistas provocar al gobierno mediante actos de violencia.
Si vemos claramente, él fue el mayor beneficiado en todo esto, especialmente tomando en consideración que un día después de los hechos se llevaría a cabo el XIV Congreso Nacional de la CNTE, aquí en Tuxtla Gutiérrez.
Bámaca siempre le ha apostado al chantaje y la victimización para sacar grandes beneficios económicos y prebendas con el gobierno. En la administración anterior, tras haber encabezado movilizaciones magisteriales violentas, fue señalado de obtener puestos en el gobierno para sus hijos y protección para manosear los recursos del sindicato, así como de repartirse entre Adelfo Gómez, Alberto Mirón, entre otros, más de 130 millones de pesos que el gobierno pasado depositó a las cuentas bancarias del gremio entre los años 2015 y 2017.
Bien haría el Gobierno del Estado en enderezar investigaciones hacia este líder magisterial y en reactivar las ocho carpetas de investigación que hay en su contra por delitos como usurpación de funciones y falsificación de firmas. Pues un personaje que como él abusa de su poder, corrompe recursos públicos, chantajea al gobierno e instiga a otros a cometer delitos, no debe andar libre por ahí.
