Cafetómano
Bernardo Figueroa
En el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa del Tribunal Administrativo del Estado de Chiapas descansa un expediente voluminoso. Ese legajo incomoda a Carlos Morales Vázquez, aspirante a la candidatura de Morena por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. La ironía merece una pausa breve. Quien hoy levanta la bandera de la transparencia carga un informe de presunta responsabilidad administrativa que detalla una contratación de 37 millones de pesos con aromas a despilfarro.
El año pasado, desde el libramiento norte enviaron al Tribunal Administrativo un documento vinculante para varios funcionarios de la administración de Morales Vázquez. Entre los señalados aparecen Carlos Agustín Gorrosino, tesorero municipal; Guadalupe del Carmen Alfaro, secretaria de Salud municipal; María de los Ángeles Suárez, oficial mayor; José Luis Tapia Morales, regidor; Ignacio Jiménez Sid, contralor municipal; Eloy Martínez, director de Adquisiciones; y Luis Espejel, director de Recursos Materiales. La lista suena a gabinete completo desfilando por la puerta del juzgado.
El motivo central es una adjudicación directa identificada como OM/DA/SE/001/2021, realizada en enero de 2021. La administración de Carlos Morales adjudicó a la empresa Servicios Médicos Institucionales Salutis un contrato superior a 37 millones de pesos. El propósito formal fue otorgar atención médica especializada y hospitalaria a los trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Hasta aquí la intención suena loable. El problema comienza cuando el informe demuestra que la empresa consentida carecía de capacidad física y técnica para cumplir el objeto del contrato. Salutis subcontrató a Clínica Malibú Terán, un nombre que parece sacado de un folleto turístico más que de un proveedor serio de salud pública.
EL CANDIDATO Y SU CLÍNICA DE FANTASÍA
El informe acredita que Servicios Médicos Institucionales Salutis no contaba al momento de la contratación ni durante la vigencia del contrato con la autorización de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, la conocida DIPRIS. La licencia de funcionamiento que ampara el contrato está a nombre de Clínica Malibú Terán, la empresa subcontratada. Traducción llana para la aldea que es ajena a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos. Se pagaron 37 millones a una intermediaria que alquiló a otra empresa para hacer el trabajo y ofreció mejores condiciones por tener la capacidad para brindar el servicio de manera directa. La triangulación de recursos públicos municipales queda acreditada en el expediente. La contratación indebida también. La adjudicada estaba obligada a demostrar capacidad física y técnica. Al subcontratar, se generó un gasto en demasía que contraviene el uso eficiente de los recursos públicos. Conviene repetir esa frase lentamente. Uso eficiente de los recursos públicos.
Este episodio no es una mancha menor. Es un ejemplo claro de hechos de corrupción orquestados por quien hoy ondea la bandera de la transparencia, la pulcritud y el manejo eficiente de los recursos capitalinos. El Tribunal Administrativo del Estado de Chiapas tiene en sus manos un caso que debería ser lectura obligada en las asambleas de Morena. Sobre todo, porque Carlos Morales ha decidido participar en el proceso interno del partido guinda para poner al servicio de Tuxtla Gutiérrez todo lo que aprendió como alcalde. Uno podría preguntarse qué aprendió exactamente. Tal vez aprendió a subcontratar servicios médicos con empresas sin licencia. Tal vez aprendió a firmar adjudicaciones directas por 37 millones para luego repartir el trabajo a una clínica con nombre de playa privada. Tal vez aprendió a rodearse de un equipo numeroso que hoy desfila ante el juzgado especializado.
La lógica de la aspiración de Morales Vázquez resulta fascinante. Si gobernó con un expediente de presunta responsabilidad administrativa colgándole del cuello, imagínese lo que haría con un nuevo mandato. Quizás su plan para los trabajadores del Ayuntamiento y del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SMAPA, incluya más subcontrataciones creativas. Quizás la Clínica Malibú Terán reciba una segunda oportunidad. Quizás aparezca una tercera empresa con un nombre tropical y una licencia prestada.
TRIANGULACIÓN DE RECURSOS CON OLOR A PLAYA
Hay un detalle adicional que merece atención. La empresa Salutis, pese a su nombre institucional, no tenía lo necesario para operar. La subcontratación evidencia una cadena de intermediación que encarece el servicio y debilita la calidad. En lugar de contratar directamente a una clínica con licencia vigente, la administración municipal eligió pagar a un intermediario. Ese intermediario cobró, subcontrató y probablemente se llevó una comisión. La factura la pagamos todos los tuxtlecos. La salud de los trabajadores quedó en manos de una triangulación que el Tribunal deberá desenredar. Mientras tanto, Carlos Morales pide una oportunidad para repetir la receta.
Conviene detenerse en el lenguaje que suele usar Morena a nivel nacional. Se habla de cero tolerancia a la corrupción, de austeridad republicana y de honradez como principio. Esos discursos chocan con el expediente de Carlos Morales. La militancia tuxtleca tendrá que decidir si premia la continuidad de esas prácticas o si busca un perfil que pueda caminar por la calle sin que le recuerden a Clínica Malibú Terán. La congruencia es una virtud escasa. Un candidato con un informe de presunta responsabilidad administrativa por triangulación de recursos públicos necesita algo más que su “experiencia” para limpiar su imagen.
La contienda interna de Morena en Tuxtla Gutiérrez seguramente tendrá discursos encendidos, promesas de cambio y llamados a la unidad. Sería saludable que los aspirantes respondieran una pregunta incómoda. ¿Qué harás con el expediente que descansa en el Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa? Esa pregunta debería perseguir a Carlos Morales en cada mitin, en cada entrevista y en cada asamblea informativa. Porque un candidato con un informe de presunta responsabilidad administrativa por triangulación de 37 millones de pesos debería explicar mucho antes de pedir el voto. La ciudadanía merece respuestas.
El Tribunal Administrativo del Estado de Chiapas tiene la palabra. También la tiene la militancia de Morena. La transparencia no se declara, se demuestra. Y el expediente de Carlos Morales demuestra lo contrario. Quien aspire a gobernar Tuxtla Gutiérrez otra vez debería empezar por aclarar por qué su administración pagó 37 millones a una empresa sin capacidad técnica, sin licencia sanitaria y con una subcontratación que huele a negocio redondo. Luego, si le queda tiempo, puede hablar de sus aprendizajes como alcalde.
Desde el Café: El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, acompañó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante el evento “Blinda Chiapas”, en el que se instalaron los «Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público”, iniciativa propuesta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno… A propósito de los Comités de Defensa del Presupuesto y Vigilancia del Gasto Público, se debería iniciar una detección oportuna de los servidores del pueblo con sordoceguera y comunicación no verbal. Iniciando con los que siguen en el ICHEJA, que nunca vieron nada, nunca oyeron nada, y por eso nunca dijeron nada… Este 19 y 20 de agosto, Chiapas será sede de la Jornada Nacional de Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2026, en un encuentro que se suma al Plan Estratégico de Seguridad “Prevenir para el Buen Vivir”, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez.
Para terminar: “El sentido común no es resultado de la educación”. Lo dijo Víctor Hugo.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
