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¡Hablemos del Patrimonio Agrario!

Roger Heli Díaz Guillén
Chiapa de Corzo, Chiapas
Es un gusto leer en redes sociales y medios de comunicación, que más de un precandidato a la Presidencia de la Republica ha enfocado su interés hacia el sector campesino y el campo mexicano, aunque la perspectiva y observancia sea genérica de población, tierra, producción y economía, sin reconocer que los campesinos e indígenas son guardianes históricos de nuestra biodiversidad y hoy le toca al Estado mexicano atender el trabajo diario de ellos, territorio y derechos con justicia y dignidad, incentivando la corresponsabilidad mediante programas por la conservación y sostenibilidad de nuestro patrimonio natural y agrario.
El mundo agrario, formado por la propiedad social ejidal y comunal, son espacios con una población que ha sostenido en nuestra historia Nacional y Estatal formas y planes de vida, saberes y cultura material, natural e inmaterial, siendo los tiempos actuales un momento oportuno para decir que ha llegado el tiempo de reconocer y revalorar estas formas de propiedad ejidal y comunal, que representan casi el 60% del territorio nacional y estatal, impulsando el derecho humano a la vida, a la tierra, territorios y a un medio ambiente sano, a través de la auto subsistencia alimentaria de las familias campesinas e indígenas y el sostenimiento de la biodiversidad como riqueza cultural.
El patrimonio agrario no es un mercado de tierras, como lo han demostrado los ejidos y comunidades después de treinta años de conclusión del reparto agrario y promulgación de la Ley Agraria vigente, al ver que los campesinos e indígenas no ven en las tierras una mercancía sino una fuente de vida, de subsistencia e identidad. A tres décadas, el dominio pleno de tierras ejidales y comunales es insignificante y casi inexistente, valiendo la pena destacar que la conclusión y terminación del régimen ejidal, ha sido un ejercicio del derecho al que no se han acogido los ejidos como los dispone los artículos 23 fracción XII y 29 de la Ley Agraria; lo que demuestra la pertenencia y vinculo de vida de los campesinos con la tierra, como patrimonio agrario.
La ley agraria vigente requiere de reformas que vayan más allá de la inversión económica y el orden como mercado de tierras. Hoy, el campo requiere de reconocimiento de su valor patrimonial como espacios en que se sostiene nuestra soberanía alimentaria y se contiene un patrimonio agrario, rural y cultural, que no se ha valorado ni atendido en las políticas públicas.
Las propuestas de reforma a la Ley Agraria deben responder a realidades sociales agrarias de la vida cotidiana de ejidos y comunidades y no a intereses económicos de políticas internacionales o posicionamientos políticos; el campo y la propiedad ejidal y comunal, representa un patrimonio colectivo cultural con una población que se ha resistido al comercio de la tierra y sostenido su permanencia.
El territorio ejidal y comunal es irrenunciable por derecho y no se vende, porque su destino es ser instrumento de vida, paz social y desarrollo, reclamando atención y revalorización de los gobiernos y de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas. El Patrimonio Agrario promueve convergencia de intereses por la vida y la cultura, como bien común y derecho humano.

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