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Editorial

Reforma Electoral, lucha de pronóstico reservado

El próximo agarrón que se escenificará en la sede de la Cámara de Diputados es por el tema de la Reforma Electoral, la cual contempla modificaciones importantes que traerían un ahorro circunstancial de aproximadamente 50 mil millones de pesos, pero que el fondo principal es la eliminación de los incómodos consejeros y del Instituto Nacional Electoral.

El INE, con todo lo que se diga en su contra en el ambiente político por parte del partido en el poder, Morena, ha sido la institución garante de respeto a la democracia. No se trata, claro está, de lo que opinemos, sino de lo que la ciudadanía considera debe prevalecer, fortalecer o de plano desaparecer.

Las encuestas en los últimos tiempos han dado como respuesta que el Instituto continúa siendo el de mayor credibilidad para la organización de comicios y ello se ha comprobado con los resultados de salida que el órgano electoral señala la misma noche de las elecciones: certeros, precisos, casi sin margen de error.

Cambiar de nombre al INE por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas no hará que la democracia, como lo afirma Morena, sea más fuerte ni es garantía de que se eficiente su labor ni lo hace un organismo fuerte.

Hoy Morena recorre las 32 entidades del país para anunciar las bondades de la Reforma Electoral que el presidente de México enviará al Congreso de la Unión. Gabriela Jiménez Godoy, presidenta de la Asociación Civil “Que siga la democracia”, dijo la semana pasada que es bondadosa la propuesta de modificación.

El ahorro de 50 mil millones de pesos en sueldos y presupuestos de organismos que desaparecerían, sería lo atractivo por el que debe aprobarse. Este recurso representa el presupuesto anual de la UNAM; tres veces el presupuesto que se le destina los 365 días del año al estado de Colima; dos veces el presupuesto por año de Tlaxcala y, 29 veces el dinero que gasta anualmente la Universidad Autónoma de Chiapas.

Para ello se tendría que reducir de 500 a 300 diputados federales, 32 senadores -de 128 a 96_- y reducir a nueve los regidores en los ayuntamientos. En la actualidad son 20 en promedio.

Este rubro es una demanda que se viene manejando desde tiempos remotos, pues en realidad no se ve el trabajo de los diputados en beneficio de su estado. En lo local, menos, pues las sesiones públicas, por ejemplo, sólo son encuentros para que los legisladores se apapachen, pero sin resultados.

Nada pasaría si se da la desaparición total, pero es indudable que en lo jurídico y por el sistema político, es necesario la operatividad. Si el electorado dijera que desaparezcan los plurinominales, suena correcto, pero la normatividad en la elección ordinaria de legisladores tendría que cambiarse la ley, para que haya equilibrio. Lo cierto es que en el fondo lo que se busca es que el partido en el poder tenga el control total en todos.

En lo que parece viable y correcto es que los consejeros electorales y magistrados electorales sean elegidos por votación de la ciudadanía, donde predomine no necesariamente los que tengan mayor experiencia, sino que demuestren capacidad. Una postura razonable, pues nadie conoce a los que se designan por dedazo.

Lo que es inconcebible es que se proponga la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (Ople’s), debido a que son los que representan el contacto con el elector. Si el Estado busca dirigir esta encomienda es como dejar a la “Iglesia en manos de Lutero”.

La promoción del voto electrónico, sin duda, sería fundamental por los nuevos tiempos que se viven, pero habría que vigilar el procedimiento debido a las trampas de los expertos en la tecnología.

La Constitución contempla que la participación ciudadana que está en la lista nominal debe ser del 40 por ciento en eventos de Revocación de Mandato. Morena pide que se reduzca al 33 por ciento para que sea vinculante como proceso de consulta. La verdad que debería al revés y que el 60 por ciento, como mínimo, lo apruebe para garantizar que se está actuando con la democracia, no por consigna.

De acuerdo en reducir los sueldos de los consejeros y de los asesores; pagarles temporalmente a los integrantes del Tribunal Electoral pues su desempeño sólo se ve en tiempo de elecciones y esto ocurre cada tres años, sería lo ideal. Lo mismo aplicaría para los partidos políticos, cuyos dirigentes se llevan una millonada a sus bolsas y sólo figuran en tiempos de elecciones. 

En resumen, modificar costos es bienvenido, pero no se le debe quitar la autonomía al INE, pues es como pegarnos un balazo en el zapato y ahí en donde los mexicanos empezarán a sufrir los embates del Estado. Por ello, la lucha de fuerzas en el Congreso por venir será de pronóstico reservado.

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