Los negocios del alcalde de Acala
Los malos ejemplos se expanden en un abrir y cerrar de ojos. Si no pregúntenle al alcalde de Villa de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, quien ha aprendido muy rápido, como autoridad municipal, a dar de forma directa contratos de obra pública.
Los ejemplos de licitaciones directas que dio el gobierno federal en los trabajos que se realizan en Dos Bocas, Tabasco, en el Tren Maya, o en los servicios que solicita el ISSSTE o el IMSS, por ejemplo, permitió que se dieran obras millonarias a empresas sin que haya habido un concurso de por medio, como estaba obligada la autoridad que contrata los servicios.
Por ello no es nada menor que la empresa “ALPE Construcciones” recibiera de forma directa 11 contratos por obra pública, en una operación que no llevó más de dos meses.
Acala es un municipio que está estancado en la pobreza y a pesar de que esta es la segunda administración continua que se lleva en los botines de Rodrigo Trinidad, el desarrollo no avanza, al contrario, las denuncias de los pobladores contra el presidente municipal que hoy representa a Chiapas Unido son cada día más duras.
Se quejan de la falta de servicios básicos como el agua potable, a pesar de que a unos cuantos metros corre un caudaloso afluente que desemboca al Grijalva. Las calles de las colonias están intransitables y el servicio colapsado de drenaje cada vez extiende más su área.
Pero eso sí, el munícipe se pavonea a lo largo y ancho del municipio como un gran gestor, que, denuncia la población, se aprovecha para sacar raja, ya que opta por llevar comisiones con las que ya tiene asegurado su futuro.
Lo que en realidad demuestra el proceder del alcalde, se queja la ciudadanía, es que no se requiere ser afiliado a un partido político tradicional o que se encuentre en el poder, pues con Chiapas Unido, un instituto casi desconocido en la faz de la tierra chiapaneca, el alcalde ha logrado hacer los mejores negocios de su vida.
Justo por ello sería que la dirigencia de este partido político que se esfuerza cada día en tratar de llevar beneficios a la gente, investigue el proceder de su militante, ya que los deja en estado de indefensión por su forma de actuar ventajosa.
Los casos de corrupción y tráfico de influencias deben ser investigados, por oficio, por parte de la LXVIII Legislatura local para que, junto con la Secretaría de Hacienda, se verifique que lo que se está denunciando no viole la ley de manera sistemática.
De la Auditoría Superior del Estado ya ni se hace mención, pues se ha demostrado en los hechos que solapa las triquiñuelas de los alcaldes de Chiapas, y en este caso, no debe ser la excepción, en el sentido de que lo repetitivo se vuelve una norma que, en este caso, aplica de forma constante Uriel Estrada Martínez.
Los 11 contratos otorgados de forma directa por un monto superior a los 12 millones de pesos, a decir de los habitantes de Acala, viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y, Contratación de Servicios para el estado de Chiapas.
Seguramente el ayuntamiento tiene mucho dinero como para entregar en promedio 200 mil pesos diarios a la empresa “ALPE Construcciones”, y en ese procedimiento el “Ro-Ro, como le gusta que le llamen al presidente municipal, sólo estira la mano para que le den su “comisión”.
De hecho, la llegada al poder del alcalde está llena de acusaciones en su contra. Se le acusó de robarse los recursos del Copladem y “regarlo” a los electores que votaran por él en el 2021
De hecho, no es el primero ni el único alcalde que concreta esta forma de obtener votos, pues a lo largo de la historia se han documentado cientos de casos de ediles que hoy se tienen como alcaldes por las “transas” que hicieron para sobornar al electorado.
En realidad, no es una blanca palomita pues el edil fue detenido en junio de 2018 por la Policía y liberado tras pagar una fianza de 2 millones de pesos y la garantía de no salir fuera del estado. En 2009 fue señalado por el desvío de 24 millones por la construcción de la toma de captación de agua en San Lucas.
En marzo de 2009 fue denunciado por la compra de 31 toneladas de varilla, producto del robo de un tráiler en la Central de Abastos en Tuxtla, y en septiembre de 2019 fueron los mismos pobladores de Acala quienes le pidieron al edil entregar cuentas, y solicitaron ante la Auditoría Superior revisión a los recursos ejercidos por su administración ante la nula aplicación para la obra pública. Sobre esto último, nunca hubo una respuesta de la ASE, pues como lo mencionamos, no habría porque darla si ahí está el negocio.
