Ausente la reparación de daños

Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Aunque el Estado mexicano es parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas (ONU), es omiso en cuanto a la reparación integral por los daños físicos, psicológicos y patrimoniales que ocasionan estas prácticas, aún vigentes, señalaron familiares de víctimas de tortura, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Lamentaron que la tortura siga siendo un mecanismo recurrente en Chiapas, vinculado a la ausencia de garantías de seguridad e integridad, así como a la violación sistemática del debido proceso legal.
Acto que repudiaron, y contra el que piden todo el peso legal en contra de quienes siguen perpetuando el abuso como un mecanismo para obtener confesiones, en casi todos los casos, de población indígena o que carecen de recursos económicos para una defensa legal.
Situaciones que, en las víctimas, revive los momentos de terror vividos con las intimidaciones, amenazas y violencia, que los hace recordar la forma como fueron trasladados, llevados a orillas de las carreteras, ríos, lotes baldíos o casas abandonadas.
Y que para sus familias también dejó secuelas al saberse presas del terror y la impunidad.
“Como Familias Unidas expresamos nuestra profunda preocupación por nuestros familiares injustamente encarcelados, quienes representan miles de casos invisibilizados por el sistema de justicia como Rigoberto Vázquez Méndez y los hermanos Freddy Martínez Jiménez, Jeison Miguel Martínez Jiménez exigimos que las autoridades competentes resuelvan de manera inmediata el recurso de amparo y se dicte su absolución”.
Otros casos que aún están por resolverse en el estado son los de Yonny Ronay Chacón González, así como, Pedro Pérez Jiménez, Versaín Velasco García y Jorge López Montoya, todos ellos detenidos de forma violenta y sometidos a tortura psicológica, encarcelados injustamente deben obtener su libertad y justicia plena, denunciaron.
Hechos que no deben repetirse, ya que el Estado mexicano tiene la obligación jurídica de prevenir, investigar, sancionar y reparar adecuadamente todos los actos de tortura, así como garantizar la no repetición, algo en lo que evidentemente lleva años fallando, destacaron las familias.