El delegado de la Conafor, junto con la diputada local por Morena, Marcela Castillo Atristain, son señalados por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos
M de R / Diario de Chiapas
El delegado estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Carlos Morales Vázquez, y la diputada local por Morena, Marcela Castillo Atristain, fueron denunciados formalmente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por la presunta comisión de actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos.
La queja, interpuesta por un ciudadano y radicada mediante un Procedimiento Especial Sancionador (PES), señala la existencia de una presunta estrategia de posicionamiento político con miras a la candidatura por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez en el próximo ciclo electoral.
De acuerdo con el documento presentado ante la autoridad electoral, la conducta de ambos servidores públicos vulneraría el principio de imparcialidad que rige el ejercicio del cargo. La denuncia se sustenta en el Artículo 134, párrafos séptimo y octavo, referente a la regulación de propaganda gubernamental y neutralidad.
Como parte de los elementos probatorios, el IEPC recibió una recopilación de publicaciones realizadas en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de Morales y Castillo durante los últimos dos meses.
El contexto de la denuncia coincide con la reciente creación de la asociación civil “Recuperemos Tuxtla A.C.”. Según el señalamiento, esta organización ha impulsado la pinta de bardas en diversos puntos de la capital chiapaneca con la leyenda “Recuperemos Tuxtla A.C. Carlos Morales”, lo que la parte quejosa interpreta como una promoción dirigida a influir en las preferencias electorales fuera de los tiempos permitidos por la ley.
Tras la radicación de la queja, el IEPC deberá realizar las diligencias correspondientes para determinar la existencia de las infracciones señaladas.
De encontrarse elementos suficientes, el caso podría derivar en sanciones administrativas o medidas cautelares, tales como el retiro de la propaganda y el cese de los actos de promoción.
