-Estimamos que hasta el 80 por ciento son inocentes del delito por el que fueron acusadas; no hay certeza jurídica en su defensa
Marco Alvarado/ Diario de Chiapas
De acuerdo con la colectiva defensora de los derechos humanos de mujeres encarceladas, Colectiva Cereza, al menos ocho de cada 10 mujeres recluidas en el Centro de Readaptación Social número 5, de San Cristóbal de Las Casas, no son culpables.
Patricia Aracil, integrante de esta colectiva, precisó que a estas mujeres se les ha negado una defensa justa, incluso hay quienes no saben por qué fueron llevadas a este centro penitenciario.
“Estimamos que hasta el 80 por ciento son inocentes del delito por el que fueron acusadas, y eso es gravísimo, por eso ahora pedimos al gobierno de Chiapas, con este objetivo de reducir los índices delictivos, que las detenciones se realicen conforme a derecho, porque en muchos casos las mujeres indígenas son carne de cañón”, aseguró en una entrevista.
Refirió que un caso que muestra esta situación es el de una mujer de nombre Alejandra, a quien pretenden incriminar por haber sido pareja sentimental de un hombre relacionado con hechos delictivos, y pese a que las pruebas han demostrado que ella no tuvo ninguna participación en los hechos que se le imputan a su pareja, también fue privada de su libertad.
“Alejandra es inocente y tenemos la razón jurídica; la clave es el análisis de los datos conservados, telefónicos y de geolocalización, que hizo un ingeniero de la FGE, donde se demuestra que durante los hechos ella estaba en Yajalón, atendiendo su local, tal como lo dijeron sus vecinas y su hija”.
Sin embargo, un juez de primera instancia la condenó por “supuesta prueba circunstancial”, pese a que el caso no cumple con estos criterios, y con ello involucrándola en un secuestro en el que nunca participó, destacó Aracil.
En este caso, como en tantos otros, dijo que la condena se presenta con prejuicios de género, y con prejuicios de clase.
Esto sin tomar en cuenta que Alejandra era la concubina, y hay 11 mujeres que sí vivían en el rancho donde ocurrieron los hechos, entre ellas las esposas de los dos inculpados.
A esto se suma que por su origen tseltal, Alejandra careció de una defensa adecuada, sufrió de tortura en los separos de la policía de Chilón, y fue sometida a tratos prohibidos por la Constitución.
“Es una mujer inocente, y por casos como éste pedimos a la fiscalía que investigue con perspectiva de género, de interculturalidad, para no seguir encarcelando a personas inocentes, y presentar esto como simples datos que muestran un avance en seguridad”, destacó
