Karla García / Diario de Chiapas
La Colectiva 50+1 en Chiapas exigió a las autoridades una investigación inmediata y con perspectiva de género en el caso de Ana Luisa, mujer que fue víctima de una agresión extrema presuntamente a manos de su pareja en el municipio de Cintalapa.
Alma Rosa Cariño Pozo, presidenta de la organización, informó que ya emitieron un pronunciamiento en el que demandan que el Ministerio Público realice las indagatorias correspondientes priorizando no solo el marco legal, sino también la atención integral a la víctima y su familia.
“Exigimos justicia, pero una justicia que implique que el Ministerio Público haga su trabajo con perspectiva de género, poniendo al frente no solamente la ley, sino también la mirada hacia los familiares de la víctima”, expresó.
Señaló que, aunque autoridades municipales han anunciado apoyo, existen presuntos señalamientos de que la familia aún no ha recibido la atención necesaria, por lo que, de ser así, urgió a que los ofrecimientos institucionales se traduzcan en acciones concretas.
En ese contexto, Cariño Pozo subrayó que, de confirmarse que la víctima había solicitado previamente medidas de protección, las autoridades locales tendrían responsabilidad por omisión, al no garantizar su seguridad.
“Si está dentro de su territorio, tienen la obligación de brindarle medidas urgentes de protección, no solo a ella, sino a cualquier mujer que lo solicite”, puntualizó.
Respecto al incremento de feminicidios en la entidad durante 2026, la presidenta de 50+1 Chiapas resaltó la falta de la instalación de la comisión correspondiente en el Congreso del Estado y exigió una revisión a la Alerta de Violencia de Género.
“Si los feminicidios continúan, significa que los programas no están dando resultados”, afirmó.
Indicó que, aunque existen protocolos y capacitaciones, su efectividad solo podrá medirse cuando haya una disminución real en los casos de violencia contra las mujeres.
Finalmente, hizo un llamado a fortalecer las campañas de prevención en todo el estado, incluyendo comunidades y lenguas originarias, y reiteró que la responsabilidad de garantizar la seguridad de las mujeres recae en los tres niveles de gobierno.
“La exigencia es clara: que se respeten los derechos de las mujeres y que ninguna más sea violentada. No vamos a dejar de exigir justicia”, concluyó.
Cabe destacar que, posterior a la petición de la colectiva de mujeres hacia la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Ministerial para lograr la detención del presunto agresor y evitar que continúe generando más violencia, Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del Estado anunció la tarde de este jueves una recompensa de 500 mil pesos para quienes brinden indicios su paradero, con la certeza de que la información proporcionada será de manera confidencial.
