Tan solo en el año 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras en el continente, registrándose la mayor letalidad en Colombia, seguido por México y Brasil.
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en conjunto con más de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos y el territorio en América Latina, advirtió que la región enfrenta una profunda reconfiguración del poder.
De acuerdo con los colectivos, este fenómeno se caracteriza por el debilitamiento y desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas, lo que ha provocado un grave retroceso en la garantía de las garantías fundamentales.
Las organizaciones señalaron que esta situación ha profundizado la polarización social y reducido drásticamente las condiciones para participar en la toma de decisiones públicas sin temor a sufrir represalias.
Las comunidades originarias son las principales afectadas en este escenario, al intentar proteger sus territorios frente a la voracidad de empresas transnacionales que, según denuncian, operan bajo la protección de los propios Estados.
Como parte de los centros defensores en México, el Frayba se unió al pronunciamiento de sus organizaciones hermanas para alertar que el poder se concentra cada vez en menos manos.
El bloque civil denunció que el intervencionismo y la militarización se están imponiendo sobre los cuerpos y los territorios mediante el uso abusivo de la fuerza y la aplicación desproporcionada de regímenes de excepción.
Esta dinámica, explicaron, se hace evidente en la expansión de macroproyectos mineros, energéticos, agroindustriales y de infraestructura. En la mayoría de los casos, estas obras se imponen de forma autoritaria, violando el derecho individual y colectivo de los pueblos a una consulta previa, libre, informada y al consentimiento de las comunidades afectadas.
En este contexto hostil, defender los derechos humanos y de la naturaleza en América Latina se consolida como una actividad de altísimo riesgo, manteniéndose como la región más peligrosa del mundo para ejercer esta labor.
De acuerdo con datos de la organización internacional Front Line Defenders, tan solo en el año 2025 fueron asesinadas 275 personas defensoras en el continente, registrándose la mayor letalidad en Colombia, seguido por México y Brasil.
Ante la gravedad de la crisis, las más de 50 organizaciones civiles hicieron un llamado urgente a la sociedad civil global para fortalecer la solidaridad y el respaldo hacia las personas, comunidades y organizaciones que defienden los bienes comunes.
Asimismo, emitieron una serie de exigencias directas a los Estados de la región, entre las que destacan cumplir con las obligaciones internacionales para brindar condiciones propicias y seguras para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
