Jeny Pascacio / Diario de Chiapas
A pesar de la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y la Ley de Migración al establecerse la no detención de la niñez, adolescencia y sus familias en estaciones migratorias, durante el 2021 las detenciones de menores aumentaron 477.40% por ciento en comparación con el 2020.
La Secretaría de Gobernación reportó que de enero a septiembre de 2021 se registraron 39 mil 76 eventos de detención de niñez y adolescencia, 21 por ciento del total de detenciones, mientras que, en el mismo periodo de tiempo de 2020 fueron 8 mil 185.
El Instituto de las Mujeres en la Migración destacó las cifras anteriores tras el Foro “A un año de la reforma en materia de niñez y adolescencia migrante y sujeta de protección internacional: retos y oportunidades en la garantía de derechos”, convocado por organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el IMUMI.
El objetivo fue revisar los avances, retos y pendientes en la protección de la niñez y adolescencia migrante en México, “antes de ser migrantes son niñas y niños a quienes se les debe garantizar la seguridad y reivindicar su voz como sujetos de derechos y participantes activos de sus propios procesos”.
Con base en las propias leyes bajo ninguna circunstancia garantizar el interés superior de NNA se debe entender como deportación inmediata a su país. En el foro los especialistas hicieron hincapié en la urgencia de coordinación entre los países a fin de asegurar la protección de menores de edad en contextos de movilidad.
“La construcción de un modelo de atención migratoria donde los derechos humanos y la perspectiva de género estén al centro, además del fortalecimiento de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de equipos multidisciplinarios para que haya una sostenibilidad de las medidas”.
Entre las recomendaciones destacaron un mayor compromiso por parte de las instituciones gubernamentales; trabajo conjunto con las organizaciones de la sociedad civil; la participación del poder legislativo para el fortalecimiento presupuestal que garantice el cumplimiento de las obligaciones de las procuradurías y demás instancias en favor de los derechos de la niñez migrante; y optimizar los protocolos de protección, deben ser la prioridad.
Las organizaciones presentes en el foro pidieron que se cumplan las leyes, se brinde apoyo a la sociedad civil y se generen estrategias que garanticen la protección de esta población.
