Marco Alvarado / Diario de Chiapas
Al señalar los efectos de la presencia criminal en el estado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas alertó en su informe “Chiapas Un Desastre”, que al menos 400 familias habían tenido que buscar refugio en la frontera de Chiapas con Guatemala.
Territorio que, como lo evidenció el reciente enfrentamiento entre elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Nacional (GN) y policías estatales, con un grupo de presuntos narcotraficantes, es una zona en franca disputa, de enorme riesgo para estas poblaciones que huyeron de las mismas condiciones en otros municipios del estado.
Según este informe, al menos dos mil personas chiapanecas se fueron a la zona limítrofe, y más de 16 mil se movilizaron en este mismo territorio en un periodo de 12 años por las mismas causas.
Y esto pese a que, según datos, el Estado mexicano ha desplegado elementos para asegurar el control en la zona.
Como lo señala el Frayba “en el año 2010, Amnistía Internacional señaló que 35 mil soldados estaban destinados a la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional; en abril de 2011, el comandante de la Séptima Región Militar en Chiapas, Salvador Cienfuegos Zepeda, sostuvo que había 14 mil efectivos militares desplegados sólo en Chiapas, además de anunciar la creación de nuevas bases militares, cada una con 600 elementos, en la frontera con Guatemala, en particular en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y Jiquipilas”.
Presencia que fue incapaz de contener el avance de grupos criminales en estos municipios, precisamente en donde se registraron los éxodos y los enfrentamientos más intensos en los últimos seis años.

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