De aquí y de allá
Salvador Monroy Ordaz
¿El fin de los paraísos fiscales?
Uno de los sueños de cualquier gobierno del mundo es el poder cobrarle impuestos a los ricos. No solo se recaudaría mucho dinero, sino que además se tendría una imagen de justicia social que podría recaudar también votos y apoyo popular.
El problema es que los ricos son ricos, entre otras cosas, porque saben evitar el pago de impuestos, ya sea mediante la construcción de esquemas legales para meter sus ganancias en áreas de deducción, o el cabildeo político para evitar leyes fiscales más estrictas. Los gobiernos, por su parte, saben que no pueden presionar demasiado, pues los causantes siempre tendrán una última alternativa si la carga fiscal se les vuelve demasiado alta: mover su dinero hacia un paraíso fiscal.
Cuando escuchamos este término, solemos pensar en una pequeña isla caribeña con legislación turbia y bancos que hacen pocas preguntas a sus clientes, pero en realidad el grueso del dinero que se mueve a otros países para evadir al fisco va a dar a países como Holanda e Irlanda, que en últimos años se han convertido en ls sedes formales de muchas enormes empresas que apenas cuentan con operaciones comerciales en ellos, pero que registran ahí sus utilidades contables a cambio de una tasa impositiva suficientemente baja.
El problema a llegado a tal punto que, en 2017, el entonces presidente Trump llevó a cabo una reforma fiscal en EUA a fin de reducir la tasa fiscal a los grandes corporativos a cambio de que regresaran sus sedes legales a territorio estadounidense, y además cobrar una modesta tasa fija a los capitales que fueran repatriados, pero al parecer esta propuesta fue poco atractiva para las grandes empresas, ya que no hubo manera de presionarlas legalmente. Así, por ejemplo, han continuado con esquemas como el de tener su sede en algún país que sea fiscalmente conveniente y hacer que sus subsidiarias en terceros países le paguen a la matriz por el uso de la propiedad intelectual y así reporten pérdidas en sus mayores mercados.
La llegada de Biden a la presidencia parece sin embargo haber cambiado el panorama. Bajo la presión de los programas de apoyo a consecuencia de la pandemia, y apurado también por un ala del partido Demócrata que pretende revertir los cuatro años de beneficios a grandes empresas del gobierno de Trump, el nuevo gobierno en Washington a comenzado a sondear el terreno para obligar a todos los países del mundo a fijar una tasa mínima de impuestos sobre ganancias corporativas, y además comenzar un proceso de fiscalización mucho más severo a las empresas estadounidenses que tengan operaciones y domicilios fiscales en otros países. El objetivo es que nadie, en ninguna parte del mundo, pague menos del 21% de impuestos sobre sus ganancias.
Evidentemente, llevar a cabo este plan tomará tiempo y esfuerzo, pues como mencionamos, no se trata de arruinar el negocio de pequeños bancos y gobiernos caribeños, sino de países europeos, con sistemas judiciales muy bien consolidados. Pero hay motivos para ser optimistas, pues es la primera vez que Estados Unidos propone esta reforma, y será difícil para cualquier país o empresa hacerles frente a las capacidades de supervisión del gobierno estadounidense, y a la amenaza de ser bloqueado por parte su sistema bancario. Es un buen inicio para un sistema que garantice equidad en el cobro de impuestos a nivel mundial.
@SalMonOrd
