Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillén.
La Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030, un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Un marco de referencia en el tema es considerar que a nivel internacional se identifican cuatro procesos para acceder a una posición en las cortes de los sistemas judiciales: 1. Designaciones y nombramientos por un poder público del Estado a propuesta de otro; 2. Nombramientos por concurso; 3. Electos por el pueblo o; 3. Mediante elección política; correspondiendo el primero al sistema mexicano hasta hoy, cuya reforma pretende concluir y transitar a la tercera vía; el tercero a Bolivia que hoy enfrenta problemas en este tema que ha impedido realizar elecciones para renovar el poder judicial nacional y; el cuarto a España, siendo ello un tema actual de la vida pública que se encuentra en discusión y búsqueda de acuerdos gobierno y partidos políticos.
El tema en México de la elección exige primeramente reconocer que los poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial emanan de la soberanía del pueblo dispuesto en el orden constitucional, que en su historia en dos siglos, XIX y XX, ha trabajado reformando las atribuciones del poder ejecutivo y la integración del poder legislativo; destacando únicamente dos reformas sobre el poder judicial, siendo la última en el año de 1994; resultando irónico que no exista justificación para que un poder, el judicial federal, no esté regulada su integración por la voluntad popular como así lo es para los otros poderes, limitándose al pueblo su intervención que fortalecerá la legitimación y confianza ciudadana.
El proceso propuesto en la reforma tiene mucho parecido al llevado a cabo en Bolivia en el año 2011, desde su justificación y su perspectiva en lo general; aunque en lo especifico tiene una diferencia sustantiva que resulta ser el cómo se designan y emanan las propuestas de posibles contendientes en la elección; por lo que nos lleva a un tema que vale la pena destacar como es el proceso de propuesta, selección, comunicación y elección de aspirantes, de donde primeramente se considera debe determinarse en los diálogos propuestos mediante foros si estamos hablando de una elección política con final de elección popular ciudadana caracterizada de forma representativa donde los tres poderes públicos participan con cuotas de representación en los nombramientos o designaciones de candidatos como es el caso de la propuesta de reforma o; de una elección popular ciudadana no corporativa donde se parte de la libertad de ciudadanos honorables que se consideren cuentan con el perfil, méritos y convicción de servir al pueblo, para ser parte a ser considerados en el proceso de elección popular.
La elección para integrar el poder judicial federal es un tema donde la legitimación social hace la diferencia, siendo importante retomar el caso Bolivia cuya ciudadanía expresó su rechazo a la imposición de candidatos con vínculos de trabajo con el poder ejecutivo o políticos con el poder legislativo, algunos con cargos públicos, destacando datos de la votación del año 2011 que cerca del 60% de los votos emitidos fueron nulos y depositados en blanco; siendo mayor esta expresión ciudadana en la elección de renovación del poder judicial en el año del 2017 donde los votos nulos y presentados en blanco representó el 66%, resultando una elección sin sentido y contradictoria que hoy les impide realizar su tercera elección que estaba programada desde el año 2023; lo cual invita a dar importancia al tema de los niveles de intervención y participación del poder político en la selección y elección de aspirantes a dirigir el poder público judicial.
Lo antes expuesto tiene como objetivo prever y dar importancia al proceso de propuesta, selección, comunicación y elección de aspirantes sobre lo que existe pronunciamiento de ministro de España que destaca “en una democracia ni los políticos pueden elegir políticos ni los jueces pueden elegir jueces” y; dialogo de un ciudadano mexicano anónimo que escuche decir que “el pueblo elije y vota sobre las personas que antes propone y acepta como candidatos”. Estos pronunciamientos y la vivencia de Bolivia expuesta en párrafo anterior invitan a tomar las mejores decisiones en reforma necesaria donde lo político, lo corporativo y lo popular es un dilema a resolver en la intervención y ´participación siendo ideal considerar en la reforma una convocatoria pública y abierta a todos los mexicanos que cumplan con los requisitos de elegibilidad para ser merecedores de contender por una posición en el poder judicial, como sucedió en Bolivia en el año 2011.
Por cuestiones de igualdad la propuesta de reforma no considera la realización de campañas de candidatos y si una “uni-campaña” oficial que deberá establecer suficientes y equilibrados espacios y regulación de contenidos y mensajes en red nacional, redes sociales, foros, entrevistas, mesas de dialogo y publicidad; ya que la falta de información pública sobre los candidatos sin lugar a dudas dificultará que los votantes tomen decisiones informadas; porque una elección popular sin información por quienes se vota es regresar a la historia del siglo pasado donde el candidato oficial en los pueblos lo presentaban como presidente de la república, lo recuerdo bien.
