Letras Desnudas
Mario Caballero
José Uriel Estrada Martínez siempre se ha caracterizado por su ambición y oportunismo. Prácticamente toda su vida laboral ha estado en el sector público, donde ha acumulado una riqueza que ya quisieran muchos políticos en el estado.
Desde que concluyó sus estudios profesionales se dedicó de tiempo completo al servicio público. Mantuvo estrechas relaciones con algunos personajes del PRI y el PRD. Como José Ángel Córdova (q.e.p.d.), su mentor, quien fue un político ruin que siendo diputado local operó cacerías políticas en contra de los opositores del exgobernador Juan Sabines Guerrero, que además estuvo acusado de corrupción, abuso de poder, despotismo y enriquecimiento ilícito.
Al lado de Ángel Córdova, Uriel Estrada ocupó el puesto de director de Investigaciones Legislativas en el Congreso del Estado.
De enero de 2013 a septiembre de 2015 fue Administrador General en el Juzgado de Garantía y Juicio Oral, y durante los tres años siguientes fue Coordinador de Administradores del Sistema Acusatorio, ambos cargos dentro del Consejo de la Judicatura del Estado.
Una carrera no muy larga, pero vaya que le redituó desde el punto de vista político, sobre todo tomando en cuenta que actualmente es diputado local por una demarcación indígena y sin ser indígena.
PRESIDIARIO
En 2006 fue arrestado por el caso de tortura y ejecución extrajudicial del líder campesino Reyes Penagos Martínez, quien fue detenido durante un bloqueo de la Unión Campesina Popular Francisco Villa el 16 de diciembre de 1995.
Los campesinos mantenían bloqueada la carretera del municipio Ángel Albino Corzo en exigencia de diversos apoyos, por lo que el Gobierno del Estado ordenó un operativo para desalojar la vía donde fueron detenidas al menos 17 personas, entre ellos Reyes Penagos.
Cuando sucedieron los hechos, el hoy diputado local se desempeñaba como Fiscal Especial para el caso Jaltenango en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado, del que era responsable de investigar los asesinatos de los candidatos Antelmo Roblero y Rito Solís, del PRD y PRI, respectivamente.
De acuerdo con las investigaciones, el líder campesino había sido golpeado desde su detención por elementos de la policía y luego de ser trasladado a los separos se ordenó que él y otras dos personas fueran separadas del resto de los detenidos.
Esas otras dos personas eran Enrique Flores González y su hija Julieta Flores Castillo, quienes fueron torturados por agentes judiciales bajo las órdenes de Uriel Estrada. En las denuncias quedó establecido que les introdujeron gases en las fosas nasales, les colocaron vidrios molidos en los pies, los golpearon y durante los días que estuvieron privados de su libertad no recibieron agua ni alimentos. El objetivo de la tortura era obligarlos a confesarse culpables del secuestro y asesinato del doctor Rito Solís, y no lo eran.
A Reyes Penagos le inyectaron sustancias tóxicas y le presionaron sus testículos. A Julieta Flores, además de los maltratos antes descritos, también le arrojaron agua minieral con chile en la nariz y alega que fue violada durante el tiempo de su detención.
El 18 de diciembre de 1995, en las primeras horas de la mañana, Reyes Penagos fue trasladado a un terreno donde siguió siendo golpeado y finalmente fue ejecutado de un disparo en el pecho.
Por recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, once años después de los acontecimientos, en febrero de 2006, detuvieron a cuatro funcionarios públicos, entre ellos José Uriel Estrada Martínez, como autores materiales del homicidio de Reyes Penagos.
AUDITOR ESPURIO
En la madrugada del 31 de diciembre de 2018, Uriel Estrada resultó electo como auditor superior entre una terna que incluía a los contadores públicos José Alberto Zamora y René Cruz Montalvo. No obstante, su elección fue ilegítima.
En primer lugar, el Artículo 71 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas determina que quien pretenda ocupar el cargo de auditor superior deberá “gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales”. Y Uriel Estrada, como hemos visto, estuvo en prisión por la tortura y ejecución de un líder campesino.
Por otro lado, la fracción segunda de ese mismo artículo requiere que para ser auditor superior se deberá contar al momento de la designación con una experiencia mínima de cinco años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria, evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas, entre otras. Y Estrada Martínez no tenía ninguna experiencia respecto a esas funciones.
Además, sus conocimientos profesionales no tenían ninguna relación con el puesto, ya que es licenciado en Derecho, sí, una profesión que admite dicha ley para ser auditor, pero jamás estuvo relacionado con la fiscalización de recursos, requisito también exigido y con una antigüedad de diez años.
AUDITOR CORRUPTO
Ahora bien, Uriel Estrada se definió como un férreo combatiente de la corrupción y la impunidad. Pero en los hechos fue señalado de extorsionar a los presidentes municipales a cambio de protección. Tal como en su momento lo dio a conocer el exalcalde de Reforma, Herminio Valdez Castillo, quien estando en una borrachera les habló a sus contertulios de que era intocable y que nadie le haría nada por el desvío de los recursos de la obra pública municipal.
“Todo está arreglado. No van a molestarnos, ya me arreglé con el mero mero de la Auditoría Superior”, dijo.
En este sentido, se comentó que muchos alcaldes le entregaban entre dos y ocho millones de pesos para comprar impunidad. Es decir, para que Uriel Estrada ocultara los desfalcos y no emitiera observaciones en la Cuenta Pública de sus municipios.
Antes de que llegar al cargo vivía en una casa de interés social, pero al poco tiempo se hizo de una mansión supuestamente valuada en más de siete millones de pesos, amén de otras residencias y negocios del giro de bares y cantinas, de los cuales hay versiones periodísticas sobre que los utiliza para lavar dinero público y luego invertirlo en el giro inmobiliario en la ciudad de Mérida.
¿INVESTIGADO?
En días recientes, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que derivado de diversas autorías practicadas a las gestiones de varios expresidentes municipales de nuestro estado, inició investigaciones para aclarar posibles fraudes a la Hacienda Pública.
Entre esos exalcaldes se encuentra la de Tapachula Rosa Irene Urbina Castañeda, quien el primero de abril recibió la notificación de que será investigada por presuntas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos durante su gobierno. El número del expediente es PPRA/DCC/DICLI/004/2025.
En dicha notificación la Auditoría Superior le advirtió que de comprobarse la comisión de delitos, su caso será turnado a la autoridad penal para que proceda y emita la debida sanción en su contra.
Al respecto, debería comprenderse que la corrupción de esos políticos fue gracias a la presunta complicidad de Uriel Estrada Martínez, quien como lo mencionamos en líneas anteriores intercambió protección por sumas de dinero.
De este modo, también él debería ser investigado, ya que es claro que desde su antigua posición como auditor superior del estado fungió como facilitador de la corrupción y promotor de la impunidad de políticos corruptos.
