Letras Desnudas

Mario Caballero

La elección de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación nos confirma que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

No discuto que era necesaria, y por lo mismo urgente, la aprobación de una reforma que buscara fortalecer todo el sistema judicial del país, así como sus procedimientos, procesos y, desde luego, la selección de los impartidores de justicia. Empero, la reforma impulsada y ergo aprobada por el partido oficialista y sus aliados dista mucho de esos propósitos.

Si nos fijamos bien en la forma en que finalmente quedó diseñada, parece que su fin primero y último no es acabar con la corrupción del Poder Judicial, lo que tanto macharon sus artífices y panegiristas, sino acapararlo. ¿Y cómo? Impulsando a abogados que comparten la visión de la 4T o ligados de alguna forma con el partido en el poder.

Prueba de ello son las muchas denuncias de que los llamados “siervos de la nación”, que son concretamente trabajadores del Gobierno Federal, pasaron de casa en casa repartiendo folletos y trípticos con el supuesto propósito de capacitar a los electores sobre cómo votar en las elecciones, pero la verdad es que fue para indicarles por quién votar.

Como muchos bien saben esos folletos son los que después conocimos como “acordeones”, en los que aparecía el color de la boleta, el número y el nombre de los candidatos. Y sí, eran los nombres de hombres y mujeres afines a Morena y a la Cuarta Transformación. Como Yasmín Esquivel, Lenia Batres, quien se autodenomina “la ministra del pueblo”, Loretta Ortiz, entre otros.

Con decir que el expresidente López Obrador, quien llevaba varios meses sin aparecer públicamente, fue grabado votando en la casilla instalada convenientemente a 400 metros de su rancho, en Palenque, con la ayuda de uno de esos acordeones.

Siempre se ha dicho que “en la guerra y en el amor todo se vale”, pero esto es una majadería. Ni el PRI en sus mejores años se atrevió a tanto. Ni Manuel Bartlett, incluso, quien es el mayor defraudador electoral de la historia democrática de México.

NO ESTABA BIEN, PERO…

Qué no se malentienda. Con esto no quiero decir que antes el Poder Judicial estaba bien. Para nada. En estas páginas denuncié en varias ocasiones cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue manipulada y en cierto punto controlada por los gobiernos priistas y panistas.

Ahí está el caso del exministro Eduardo Medina Mora, quien había sido impulsado para el puesto en el máximo tribunal país por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero renunció debido a una indagatoria en su contra por lavado de dinero, ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT.          Nunca fue un secreto que los presidentes utilizaban su poder para imponer, con el voto de los senadores, a los ministros que le venían en gana.

Por otra parte, ¿quién no conoció u oyó de algún caso de corrupción por parte de jueces o magistrados?

El Poder Judicial no estaba bien antes, pero con la nueva reforma judicial y la reciente elección difícilmente podrá estar mejor. Y lo digo por lo siguiente.

En primer lugar, la elección carece de legitimidad. El INE supo de la propaganda ilegal, y aunque la reprobó no promovió ninguna sanción en contra de los infractores. También hubo influencia del gobierno y se ventilaron casos de candidatos apoyados política y hasta financieramente por el partido gobernante, y tampoco pasó nada. Guadalupe Taddei, presidenta del INE, aprobó un día antes de las elecciones el uso de los acordeones, diciendo que “es legal llevar notas personales para guiarse en los comicios”.

Por otro lado, durante la jornada electoral se señalaron compra de votos, acarreo de personas, desaparición de boletas, rellenado de urnas, entre otras irregularidades.

Para mayor inri, el INE contó los votos y no la ciudadanía. Así, no se puede alegar que este ejercicio fortaleció la democracia cuando no hubo transparencia. Es más, los filtros para elegir a los candidatos fueron inadecuados y las comisiones de selección estuvieron conformadas por simpatizantes del gobierno. Y como la guinda en el pastel, la mayoría de los candidatos fueron seleccionados por tómbola y no por méritos profesionales.

Además, ¿cómo puede tener legitimidad esta elección cuando de los casi 100 millones de personas que integran el padrón electoral sólo se registraron 13 millones de votos? Estamos hablando de que 87 millones de mexicanos desaprobaron la elección judicial con su abstencionismo.

Total, fue una farsa.

LOS FARSANTES

Pero hay algo igual de grave que lo anterior. Me refiero a la participación ilegal de funcionarios del gobierno o políticos afines a Morena que utilizaron sus recursos, sus influencias y estructura política para promover a sus allegados, a sus familiares y hasta a sus hijos para alguno de los cargos del Poder Judicial. Y muchos de ellos lo hicieron con el único fin de obtener protección.

Es el caso del diputado local Javier Jiménez Jiménez, quien logró que su hija Adriana Sarahí Jiménez López fuera elegida como jueza de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales.

Antes y durante el periodo de campaña se dijo que Javier Jiménez había sacado su billetera para financiar la insulsa y frívola campaña de su hija, quien a la verdad no tiene una carrera judicial destacable y, como lo he mencionado en otras colaboraciones, los cargos que ha desempeñado no los obtuvo por méritos propios (porque no los tiene), sino por influencias de su padre.

Aclaro que no la critico por ser mujer, sino por su patética y nula trayectoria profesional. Pues, ¿qué credibilidad puede tener y qué capacidad puede demostrar como jueza si su carrera en la función jurisdiccional fue hecha al vapor y mediante las presuntas trampas de su padre que abusó de su autoridad, tanto como oficial mayor del Poder Judicial del Estado como secretario de Hacienda en la administración de Rutilio Escandón, para recibir los nombramientos sin pasar por los filtros correspondientes?

De ser ratificado su triunfo el próximo 10 de junio, tendremos en Adriana Jiménez una jueza federal sin capacidad, sin experiencia y espuria, ya que se cuenta que Javier Jiménez compró votos el día de la elección y sobornó a las autoridades para conseguir la candidatura de su hija y su posterior victoria en las urnas.

Por eso mencionaba al inicio que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Si esta elección hubiera estado mejor organizada, planeada, regulada y los resultados fueran transparentes, y los candidatos hubieran sido sometidos a filtros en los que demostraran experiencia, capacidad, conocimiento y buena moral, sin duda alguna tendría bien ganado el calificativo de histórica y significaría un avance para nuestro sistema democrático. Pero no es así.

Lo peor de todo es que le abrió las puertas a gente como Javier Jiménez Jiménez que, a pesar de los señalamientos en su contra por corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, extorsión y enriquecimiento ilícito, alcanzara un puesto en el Poder Judicial a través de su hija, quien como jueza seguramente le expedirá los amparos que irónicamente le permitirán ingresar con todas de la ley al reino de la impunidad.

Al tiempo.

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