Letras Desnudas
Mario Caballero
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la conferencia matutina de ayer que lanzará una reforma electoral al considerar que es necesaria una revisión sobre el uso de los recursos públicos en las elecciones. De hecho, dijo que su reforma incluirá aspectos como el presupuesto asignado al INE y el financiamiento a los partidos políticos.
Esto último es algo que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo. Empero, hasta ahora no se ha discutido con seriedad, todo ha quedado en el dicho.
Pero, ¿vale la pena seguir financiando a los partidos políticos con dinero público?
Aporto algunos datos para analizarlos.
LOS DATOS
Compréndase que el financiamiento público a los partidos se estableció en 1996 y consiste en la dispersión de dinero a los partidos con registro vigente para que puedan sufragar sus actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas.
Sin embargo, desde hace muchos años se ha venido discutiendo si éste debe prevalecer. Sobre todo, porque el nivel de aprobación de los partidos en el país es muy bajo y ya casi nadie cree que estos cumplan con la función de formar a ciudadanos en políticos profesionales.
Además, en otros países bajo regímenes democráticos todo lo que tiene que ver con el financiamiento a los partidos funciona de manera diferente.
En Estados Unidos, por ejemplo, los dos partidos existentes subsisten con las aportaciones voluntarias de los ciudadanos, que son supervisadas por la Comisión Electoral Federal, institución equivalente al INE en México. Y lo mismo pasa con las campañas electorales, cuyo financiamiento proviene particularmente de la iniciativa privada, lo cual se entiende como una forma legal de ejercer la libertad de expresión y el discurso político.
En España las organizaciones partidistas tienen al menos cinco formas de captar recursos para su funcionamiento. Una: dinero del Estado que se les concede en función al número de escaños y votos obtenidos en una elección. Dos: donaciones de la gente. Tres: cuotas de los afiliados. Cuatro: microcréditos con sus simpatizantes a una tasa del 0% y, cinco, créditos bancarios.
En México, en cambio, los mexicanos los mantenemos con nuestros impuestos.
Y este financiamiento se estableció pensando en impedir que el crimen organizado y los grandes empresarios influyeran en los institutos políticos y en sus candidatos. Pero al parecer esto no ha servido de nada o quizá muy poco. Pues que cada día es más evidente la presencia de los grupos criminales que buscan imponer, a través de los partidos, a gente en el gobierno que los proteja y facilite sus operaciones ilícitas en ciertos territorios de la nación.
Como botón de muestra está la revelación de Rosa Isela Guzmán Ortiz, hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien en 2016 le confesó al diario británico The Guardian que las empresas de su padre financiaban las campañas electorales de muchos políticos en México. Contó que con dinero sucio pagaba los gastos de campaña de los candidatos a cambio de protección y facilidades para sus negocios una vez que llegaban al poder.
¿HAY BENEFICIOS?
No. A pesar de la importante inversión pública realizada durante casi tres décadas los partidos políticos no gozan de credibilidad y, para el colmo, los beneficios a la democracia no se ven por ninguna parte.
Muestra de ello son las elevadas cifras de impugnaciones registradas en cada periodo electoral por violaciones a los derechos políticos cometidas por los dirigentes en contra de sus propios militantes, por decir lo menos.
También se señala la supuesta complicidad de las autoridades electorales en la comisión de fraudes. ¿Ejemplo? Lo sucedido en las elecciones locales en Chiapas de 2015, en las que los entonces consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en complicidad con el Partido Verde, manipularon el padrón de electores con tal de favorecer al candidato que participaba por la desaparecida figura del diputado migrante.
Por si fuera poco, tenemos una de las democracias más caras del mundo. Vea usted.
En 2024, el costo de las campañas sólo para presidente de la República, diputados federales, senadores y gobernadores superó los 8 mil 698 millones de pesos, monto que equivale a varios programas sociales juntos, como La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes Benito Juárez y diversas acciones de agua potable y drenaje, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de ese mismo año.
Por tanto, tenemos una democracia cara, con partidos políticos sin credibilidad y con el narco pagando campañas e imponiendo gobernantes a modo.
Así que en balde ha sido la millonada de pesos que, al parecer, sólo ha servido para enriquecer a familias y camarillas políticas. ¡Ah, porque ese es otro tema!
POLÍTICOS MILLONARIOS
El Partido del Trabajo es la mejor muestra al respecto. Es un caso espectacular de como un partido político es convertido en una empresa familiar.
Desde su fundación el ocho de diciembre de 1990, Alberto Anaya Gutiérrez ha sido el único dirigente nacional de esta institución, quien además es el que reparte los cargos directivos y las candidaturas plurinominales al Senado de la República y a la Cámara de Diputados entre su esposa, hermanos, cuñados y personas afines. Tan sólo él ha sido cuatro veces diputado federal y cuatro veces senador de la República.
Aparte, ha negociado prebendas políticas y económicas con el PRI, PAN y ahora con Morena. Verbigracia, cargos en el gobierno o el control de los fondos multimillonarios de programas sociales como las estancias infantiles, llamadas Cendis. Incluso, al inicio de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador estalló el escándalo de que la esposa de Anaya había desviado cientos de millones de pesos que fueron a parar, según investigaciones periodísticas, en las cuentas bancarias de ella y de algunos petistas amigos suyos.
¿Y qué ha dado a cambio por los cientos de millones de pesos que ha recibido durante sus 35 años de existencia? Nada. Sin embargo, Anaya y su familia tienen una vida digna de la realeza.
En Chiapas, este instituto político no canta mal las rancheras.
Dirigido por Francisco Amadeo Espinosa Trujillo, aunque se sabe que el que manda en los hechos es su padre Amadeo Espinosa Ramos, este 2025 el PT ejercerá 16 millones 619 mil 389 pesos con 86 centavos de los casi 143 millones de pesos que fueron repartidos entre los siete partidos con registro en el estado, y sólo para la realización de sus actividades ordinarias. Un dineral.
Por desgracia, el PT siempre ha sido una carga financiera y política para el estado. Financiera, por el mundo de dinero que recibe sin dar nada a cambio. Y política, porque éste es utilizado para beneficiar a los miembros de la familia Espinosa y su camarilla de alcahuetes. Léase Abundio Peregrino García, Hugo Roblero Gordillo, Sonia Catalina Álvarez, entre otros.
¿VIABLE?
Por todo ello, ¿vale la pena seguir financiando con dinero público a los partidos políticos? No lo creo.
Ojalá la presidenta Sheinbaum lance su iniciativa de reforma a la ley electoral. Porque lo mejor sería que éstos se sostengan con las aportaciones de sus propios militantes y que el mundo de dinero que se les ha entregado sea mejor aprovechado en mejorar el sector salud, educativo o en programas de combate a la pobreza. Ahí sí veríamos beneficios.
