Letras Desnudas
Mario Caballero
La violencia en contra de las mujeres en nuestro país es una vergüenza nacional. Por todos lados las acosan, maltratan y ofenden. La violencia empieza en sus propios hogares, luego en el transporte público cuando se trasladan a sus labores, sigue en los lugares donde trabajan o estudian, nuevamente en el trayecto de regreso a sus casas, donde continúa el calvario que inició por la mañana. No tienen ni un sólo remanso de paz y sosiego. La amenaza y la afrenta son omnipresentes.
Lo peor, sin lugar a dudas, es el feminicidio.
En México, el fenómeno del feminicidio se visualizó, formalmente, en 1993, en Ciudad Juárez. Muchos años después, en 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio, el cual responsabilizó al Estado mexicano por no haber investigado la desaparición y el asesinato de tres mujeres en el llamado caso del campo algodonero.
Hoy, por desgracia, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en enero de este año se cometió un total de 507 asesinatos de mujeres en el país, de los cuales 54 se catalogaron como feminicidios. Hubo un promedio de 1.7 víctimas de este delito por día.
Pero si juntamos los feminicidio, los homicidios dolosos y los homicidios culposos, hablamos entonces de que 16 mujeres fueron asesinadas diariamente durante ese mismo mes. Terrible.
A esto se suma la falta de garantías para el acceso a la justicia en estos casos. Pues de acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género, siete de cada 10 feminicidios quedan impunes en México, ya que el número de sentencias emitidas no rebasan el número de casos registrados. Por tanto, el índice de impunidad en cuanto a feminicidios es de 70.2 por ciento.
El feminicidio puede desencadenarse por discriminación hacia las mujeres y niñas, que finalmente son desequilibrios en las relaciones de poder, por estereotipos en los roles de género o bien por la existencia de normas sociales perjudiciales.
En este sentido, Chiapas no ha estado exento de este fenómeno social que tiene su origen en el núcleo familiar, según estudios de especialistas y organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos. En lo que va de este año, se han registrado 19 casos en el estado, de los cuales seis fueron en junio, y esto a pesar de la declaratoria de alerta de violencia de género.
LA REFORMA
Por estas razones, es digno de reconocer que Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Poder Judicial del Estado, haya dado un paso hacia adelante al buscar combatir la impunidad en los casos de feminicidio en la entidad.
Presentó a mediados de junio una iniciativa al Congreso del Estado para reformar diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas que pretenden reforzar la respuesta ante los feminicidios.
La iniciativa que se aprobó por unanimidad de votos contempla la imprescriptibilidad del delito de feminicidio, es decir, que cuando se denuncie o registre este delito su persecución y castigo no estarán sometidos a plazo alguno. Podrán pasar diez, quince, veinte años o más y el presunto feminicida podrá ser sometido al imperio de la ley.
Además, se incrementó de manera sustancial la pena base y proporcional en los casos agravados, llegando incluso a penas que podrían superar los 100 años de prisión cuando el feminicidio haya sido cometido contra una mujer embarazada, esto para atender las condiciones de especial vulnerabilidad.
Como lo enuncié líneas arriba, esta reforma es un paso hacia adelante para combatir este flagelo. Porque no sólo se trata de establecer medidas de seguridad y prevención contra este delito que ha lastimado gravemente el tejido social del país. También es indispensable ofrecer mayores garantías de acceso a la justicia. Y qué bueno que esta iniciativa haya nacido del mismo titular del Poder Judicial, puesto que es señal inequívoca del compromiso que hay en esta nueva etapa en el máximo órgano de justicia del estado en favor de las víctimas de feminicidio y sus familias.
MÁS CAMBIOS
Desde hace tiempo se demandaba este tipo de acciones por parte del Poder Judicial. Que tuviera una administración más humana, sensible, propositiva y responsable para con la función jurisdiccional y la defensa y protección de los derechos humanos, las garantías individuales, la constitucionalidad y la legalidad. En menos palabras, que fuera una institución al servicio de los chiapanecos y no sumiso al Ejecutivo, como fue en épocas pasadas.
Hoy podemos ver un Poder Judicial participando y colaborando en distintas políticas y estrategias del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, pero sin perder su autonomía e independencia.
Juan Carlos Moreno ha demostrado voluntad para hacer ese cambio y capacidad para implementar los cambios, como las reformas antes comentadas, pero también para responder a la apremiante necesidad de atribuir castigos más severos a aquellos delitos que representan una problemática a nivel nacional.
Ejemplo de ello es que también haya impulsado modificaciones al Código Penal local para endurecer las penas a los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables, así como combatir con el peso de la ley la pornografía infantil y la trata de personas.
Moreno Guillén, consciente de larga cadena de daños provocados por mencionados delitos, igualmente ha promovido la figura de la justicia restaurativa, buscando garantizar pensiones alimenticias a las familias de las víctimas de feminicidio y para aquellas que sufrieron ataques con sustancias corrosivas, cuando existan hijas e hijos, niñas, niños y adolescentes o personas dependientes incapaces, ya que muchas veces la víctima queda imposibilitada para trabajar y hacerse cargo de los suyos.
Estas mejoras a la ley sin duda alguna tienen la enorme virtud de cerrarles los espacios de beneficios legales a los victimarios que caen en conductas que vulneran no sólo la seguridad de las personas, sino también la vida misma.
DIGNO DE RECONOCIMIENTO
Insisto: hace tiempo que como sociedad se demandaba este tipo de acciones por parte del órgano de impartición de justicia. Pero hay algo más que debe reconocerse.
Esto es, la sensibilidad y la experiencia en el quehacer jurídico de Juan Carlos Moreno, quien no está actuando desde la improvisación sino desde el conocimiento pleno del derecho, la justicia y, mejor todavía, tratando de cambiar la realidad que viven los chiapanecos.
Me alegra que el Poder Judicial y su presidente estén trabajando en la misma sintonía y con propósitos similares a los del gobernador Eduardo Ramírez: lograr el bien común, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer de Chiapas una tierra de oportunidades, con progreso y justicia. Y esto a través de instituciones confiables, comprometidas, honestas y responsables.
Siempre ha prevalecido la idea de que los poderes del Estado deben ser autónomos y garantes de los debidos equilibrios y contrapesos del poder. Sin embargo, la transformación de toda sociedad debe tener objetivos comunes, ya que es un trabajo de todos. En esto, el Poder Judicial está colaborando con acciones institucionales y humanas, consolidando una labor conjunta con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo aplaudo.
