Letras Desnudas
Mario Caballero
¿Por dónde comenzar? Primero, por la felicitación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por el excelente trabajo de inteligencia que realizó hace algunos años sobre este caso que durante mucho tiempo sólo se había ventilado en los medios de comunicación. Pues al destapar la cloaca de los hermanos Alejandro y Víctor Manuel Álvarez Puga quedó exhibido cómo estos dos sujetos, al amparo del poder, realizaron operaciones de lavado de dinero y desvíos de recursos públicos durante muchos años.
Segundo, indignante y vergonzoso que hace un par de meses se hayan liberado las cuentas de Víctor Manuel y su esposa Inés Gómez Mont mediante una orden del Poder Judicial Federal, que los eliminó de la Lista de Personas Bloqueadas. De este modo, podrán hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que todavía cuentan con órdenes de aprehensión.
Tercero, igual de indignante y vergonzoso que los medios nacionales sólo hablen de los 6 mil millones de pesos de dinero público que estos prófugos de la justicia defraudaron mediante contratos ilegales relacionados con obras en cárceles mexicanas que nunca se realizaron, para lo cual contaron con la presunta complicidad de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación en el gobierno de Peña Nieto.
Y qué pasó con la corrupción que protagonizaron en Chiapas, ¿acaso eso no cuenta? ¿Y por qué no se habla de los políticos, exfuncionarios y exgobernadores de Chiapas que se prestaron para desviar y defraudar los recursos de los chiapanecos a través de la empresa Álvarez Puga & Asociados?
CÓMPLICES Y CORRUPCIÓN
Es cierto, hubo políticos chiapanecos que al mismo tiempo en que desviaban recursos públicos para sus proyectos personales y engrandecer su patrimonio, también enriquecieron a Alejandro y Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes en los años noventa atendían una pequeña fonda propiedad de sus padres que estaba ubicada frente a la antigua estación camionera de la Cristóbal Colón, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.
Pero después de tener tratos con políticos corruptos viajan por el mundo en jets privados y lograron hacerse de lujosas residencias en Nueva York y presumían ser dueños de una firma financiera multimillonaria, con clientes en todo el mundo, con más de 50 oficinas en México y sucursales en Estados Unidos, Guatemala, Panamá y España.
Se sabe que el matrimonio de Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez-Mont compró en diciembre de 2017, a través de prestanombres, una mansión en Miami por un valor de 15.5 millones de dólares, casi 295 millones de pesos al tipo de cambio de la época. Y la vendieron en diciembre de 2020 en 17 millones de dólares, algo así como 340 millones de pesos. Cabe mencionar que dicha mansión le perteneció a la cantante y actriz estadunidense Cher.
El emporio de los hermanos Álvarez Puga comenzó a construirse durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. Alejandro y Víctor Manuel instalaron un despacho contable junto con su socio Fabián Narváez Tovar, cuya primera ubicación fue detrás del viejo edificio de la Secretaría del Transporte.
A través de este despacho, llamado desde entonces como Álvarez Puga & Asociados, que supuestamente prestaba servicios administrativos especializados y asesoría fiscal, los dos hermanos ayudaban a empresas de cualquier giro comercial a evadir impuestos por medio del esquema de outsourcing, motivo por el cual fueron denunciados desde hace más de una década.
Empero, su éxito financiero llegó de la mano de políticos de altos vuelos como el antes mencionado, Pablo Salazar. Según investigaciones, el exgobernador recibió un pago de 1.5 millones de dólares para que convenciera a distintos empresarios de contratar los servicios de la firma Álvarez Puga & Asociados.
Se dijo que el operador de Salazar fue Jorge Antonio Morales Messner, exsecretario de Gobierno y exsecretario de Transporte en Chiapas, de quien se recuerda que antes de asumir su primera responsabilidad pública se transportaba en un viejo vocho color naranja.
Sin embargo, al terminar el sexenio fue muy evidente su enriquecimiento. Una de dos: o su riqueza era parte de la corrupción que encabezó en los distintos cargos públicos, ya que inclusive estuvo en prisión en 2016 acusado de haber entregado obra pública de manera directa, o se llenó los bolsillos gracias a los jugosos negocios que entabló con los hermanos Álvarez Puga. Puede ser, por cierto, que hayan sido las dos cosas.
El cómplice de Morales Messner fue su sobrino político Hugo Límberg Narcía López, quien según también participó en las operaciones de blanqueo de dinero con el consorcio Álvarez Puga.
Este personaje, que en 2008 aseguraba no tener dinero, ni empleo, ni propiedades y que vivía con su madre, se volvió dueño de franquicias como Angus, Café Punta del Cielo, Eings Army y de los fraccionamientos Puerta Azul, en Coatzacoalcos, Veracruz, y Bosques del Sayab, en Berriozábal, con más de dos mil viviendas cada uno.
En diciembre de 2011, Narcía López fue detenido por un presunto desvío superior a los nueve millones 208 mil pesos de la Secretaría de Transporte, dependencia de la que fue jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo, cargo que también desempeñó en la Secretaría de Gobierno bajo las órdenes de Morales Messner.
También el exgobernador Juan Sabines Guerrero tuvo negocios con los Álvarez Puga. Fue durante el sabinato que los dos hermanos, que no procedían de familias acomodadas ni de apellido con abolengo, sino de las clases bajas de la sociedad tuxtleca, dieron el gran salto a la aristocracia.
Con los negocios que hicieron con la administración de Sabines Guerrero, operados presuntamente por el exsubsecretario de Gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, y ejecutados a través de empresas fantasmas, Víctor y Alejandro acrecentaron su peculio y sus relaciones con gente poderosa. Fue entonces que comenzaron a codearse con la flor y nata de la sociedad. Ejemplo de ello es que Víctor Manuel conoció a la que es su esposa, Inés Gómez Mont, en una fiesta de cumpleaños del hijo del expresidente Ernesto Zedillo.
Sabines, como bien sabemos, es responsable del mayor desfalco a las arcas de Chiapas, que supera los 40 mil millones de pesos, y se especula que parte de los dineros desviados fue mediante operaciones ilícitas con el consorcio Álvarez Puga.
CAIGA QUIEN CAIGA
Estos son algunos políticos implicados en la red de corrupción de los hermanos Álvarez Puga. Pero en épocas recientes también aparecen nombres como el del morenista Joaquín Zebadúa Alva, actual diputado federal y expresidente municipal de Berriozábal, quien igualmente trabó negocios con Hugo Narcía López, tanto en la construcción de mencionado fraccionamiento en Berriozábal como en el lucro en la venta de agua en pipa.
En fin, aquí un breve recuento del caso Álvarez Puga que no debe ser soslayado. Y sería una vergüenza que terminara sin ninguna consecuencia jurídica, pues si ya les liberaron las cuentas bancarias a Víctor Manuel y a su esposa, lo que sigue es el carpetazo que cerraría con broche de oro la impunidad.
Por tanto, si la 4T dice en verdad combatir la corrupción debe llegar al fondo del asunto y hacer justicia por tantos años de saqueo y depredación a las arcas de Chiapas, caiga quien caiga. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo la perra madre del éxito financiero y el enriquecimiento ilícito.
