Letras Desnudas
Mario Caballero
El gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, a través de la Secretaría de Finanzas, ha logrado un avance destacable en el saneamiento de las finanzas públicas y en el manejo responsable del presupuesto, lo cual fue posible gracias a las medidas, estrategias y políticas impulsadas por el secretario Manuel Pariente Gavito.
Por lo mismo, hoy vemos en Chiapas mayor transparencia y rendición de cuentas, y un ejercicio efectivo del gasto. Mejor todavía, todo el arreglo y reorganización implementados tiene la enorme virtud de haber colocado en el centro de las decisiones a los ciudadanos y su bienestar.
En días recientes, el secretario anunció una excelente noticia: la reestructuración de los adeudos que venían ahorcando las finanzas del estado desde hace 18 años.
Pues sepamos que este gobierno recibió un endeudamiento por más de 18 mil 860 millones de pesos, carga financiera que se acumuló durante las administraciones de Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco Coello y Rutilio Escandón Cadenas.
Este adeudo se trata de dos contratos principales: uno bursátil por 6 mil 592 millones de pesos y otro bancario, por 12 mil 268 millones.
El funcionario detalló que en cuanto a la deuda bursátil, que data desde 2007, por haber sido contratada en UDIS ya fue pagada tres veces y el monto original sigue aumentando. Por lo cual, se logró que ésta pasara de UDIS a pesos, y con ello se evitó que Chiapas se viera obligado a pagar un estimado de casi 11 mil 500 millones de pesos adicionales de 2026 al 2037. Excelente.
En cuanto a la deuda bancaria, se proyecta contar con un ahorro de 2 mil 624 millones de pesos, que más la liberación de dos de tres reservas financieras que tiene el estado de 150 millones cada una, se alcanzará un beneficio de casi 3 mil millones. Además, con este grupo de medidas se proyecta llevar a cabo todos los proyectos, obras y programas sociales estatales sin prestar un solo peso durante todo el sexenio y, por el contrario, dejar en caja para la próxima administración un monto de mil 057 millones de pesos.
Estas cosas son posibles cuando se quieren hacer las cosas bien, cuando se tiene voluntad política por sacar adelante los retos que presenta el estado, cuando hay vocación de servicio y cuando a la cabeza del gobierno hay un político verdaderamente interesado en transformar la vida de los chiapanecos.
Como el gobernador Eduardo Ramírez, quien no ha escatimado recursos y esfuerzos por recuperar la seguridad del estado, impulsar el mayor programa de alfabetización en la historia de Chiapas, mejorar el sistema de salud y detonar la economía mediante la construcción de obras de infraestructura de gran envergadura, tal es el caso de la carretera Palenque-Ocosingo, por ejemplo, que fomenta la inversión y genera un considerable número de empleos directos e indirectos.
¿HABRÁ JUSTICIA?
A todo esto, ¿qué pasará con los exgobernadores causantes de este criminal problema financiero? O mejor dicho, ¿cuál será la represalia contra Juan Sabines Guerrero, quien es el principal causante de este endeudamiento?
Porque…
Sepamos. Según la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC), que revisó los años 2011 y 2012, concentrando su labor en las secretarías de Hacienda, Salud, Educación, Infraestructura, de Pueblos y Culturas Indígenas y en lo que desde entonces comenzó a llamarse Instituto de Comunicación Social del Gobierno del Estado, fueron las dependencias donde más corrupción hubo.
Juan Sabines Guerrero en sólo 72 meses aumentó la deuda del estado más pobre del país en 704%, una cifra nunca antes vista en otras entidades.
La operación: disfrazó los registros contables para esconder faltantes, desvió recursos, contrató servicios innecesarios, el 95% de los contratos los otorgó por adjudicación directa, utilizó empresas fantasma, dejó obras inconclusas o sin funcionar, hizo pagos excesivos, simuló la compra de productos y toleró aviadores con altos salarios.
De acuerdo a la auditoría, Sabines utilizó una red de al menos 40 empresas para desviar recursos. Éstas, ubicadas en Chiapas, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México, obtuvieron contratos fuera de la ley, con precios sobrealzados, muchas sin tener la capacidad técnica para cumplir con lo estipulado y otras se dedicaban a algo distinto al que habían sido contratadas. En su mayoría no concluyeron las obras y hasta hubo casos en que recibieron dinero en efectivo sin que hubiera un contrato de por medio.
Una de ellas fue GTM Integra, S.A. de C.V., de Monterrey, a la que el gobierno de Juan Sabines le dio un contrato por casi 200 millones de pesos para la realización del programa “Motor para la economía familiar”. Sin embargo, ésta ni siquiera tenía dinero en el banco al momento de ser contratada. Es obvia la corrupción. Máxime cuando la ley condiciona que para tener tratos de proveeduría con el Estado las empresas deberían tener solvencia para garantizar el cumplimiento del contrato.
Otra es Beta Empresarial, dedicada al servicio de fotocopiado e impresión, pero contratada para distribuir libros.
Asimismo, la Secretaría de Transportes pactó con Iusacell, S.A de C.V. la compra de diversos equipos para el programa Taxista Vigilante, pero lo que adquirió por una suma de 15.4 millones de pesos fue tecnología de desecho.
Ahora bien, en los dos años mencionados la Secretaría de Salud, entonces dirigida por James Gómez Montes, hizo compras a 10 empresas por la escandalosa cantidad de 2 mil 401 millones 998 mil 689 pesos, que de acuerdo a la auditoría de consultora PwC se hicieron por adjudicación directa.
El caso más representativo es del consorcio Topchen, S.A. de C.V., que obtuvo un contrato por mil 403 millones de pesos para el abastecimiento de equipo médico y de laboratorio. No obstante, al hacer la revisión se supo que sólo vendía reactivos y soluciones, además que esa empresa de Monterrey se llama realmente TIQSA, S.A. de C.V. y nunca estuvo registrada como proveedor del gobierno. Tampoco compitió con las empresas chiapanecas, como marca la ley.
Ahora bien, en materia de infraestructura, la administración de Sabines Guerrero realizó pagos superiores a los establecidos en los documentos firmados originalmente, además de efectuar transferencias a personas físicas y morales sin contar con contratos de por medio y asignar proyectos millonarios mediante adjudicación directa.
En primer lugar, el monto que Juan Sabines autorizó pagar de manera adicional fue por 263 millones 644 mil 919 pesos, repartido entre 20 empresas que no tenían contratos. Segundo, los contratistas que recibieron pagos sin tener soporte documental son Tradeco Infraestructura, Core Chiapas, Iusacell y Sinergia Sistemas, que en conjunto obtuvieron cerca de 300 millones de pesos. Y el importe que el exgobernador pagó a las cinco constructoras a las que les asignó 13 proyectos de forma directa y que no contaban con capacidad técnica para llevarlos a cabo fue por más de 804 millones de pesos.
Algo más. En cuanto al gasto por publicidad oficial, el gobierno de Sabines erogó sólo entre 2011 y 2012 más de 3 mil millones de pesos, que superan los 2 mil 452 millones que el gobierno federal tenía presupuestado para el mismo fin en 2020.
Por eso la pregunta de si habrá justicia. Pues como usted mismo ha podido leer, mucho dinero de esa deuda se fue en corrupción. Y, a pesar de ello, Sabines Guerrero, en premio, en 2015, fue nombrado cónsul en Orlando, Florida, cargo para que el gobierno de AMLO lo ratificó en septiembre de 2019 y hasta el día de hoy sigue ostentando.
Chiapas pasa por un momento crítico en materia financiera, y qué bien que este gobierno está haciendo lo mejor posible para sacar al estado del atolladero, ¿pero y Juan Sabines cuándo?
