Opinión y propuesta

Dr. Andrés Vázquez López (Con la colaboración de Marco Velasco Martínez)

  • El drama judicial de una anciana que reabre el debate sobre los precios de la renta

A sus 87 años y con una discapacidad del 50%, Maricarmen Abascal ha sido expulsada de la vivienda que habitó durante siete décadas. Tras un prolongado litigio judicial, un masivo operativo policial ejecutó este 23 de septiembre el desahucio de su piso en la calle Sainz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, convirtiendo su historia en el símbolo de la vulnerabilidad inquilina frente a la especulación inmobiliaria en España.

El conflicto estalló en 2018, cuando la sociedad inmobiliaria Urbagestión adquirió el edificio. La empresa exigió elevar el alquiler de los 500 euros mensuales que pagaba la inquilina a 2.650 euros (Oferta renegociada después en 1.650 euros). Con una pensión fija de 1.350 euros, Maricarmen no pudo asumir la subida, aunque continuó abonando mensualmente su cuota habitual.

El choque legal escaló hasta el Tribunal Supremo. La clave estuvo en los límites legales de subrogación para contratos antiguos y en el porcentaje de discapacidad: La ley exige un 65% de minusvalía para aplicar excepciones de protección prioritaria, dejando desprotegida a Maricarmen pese a su avanzada edad.

Tras tres intentos suspendidos por la presión del Sindicato de Inquilinos y redes de apoyo vecinal, la orden judicial se ejecutó al cuarto intento. Cientos de manifestantes intentaron bloquear las inmediaciones, desencadenando momentos de alta tensión con las fuerzas de seguridad.

Después del desalojo, la mujer fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón para un chequeo médico preventivo antes de ser acogida por familiares.

Encontrar un punto medio entre el derecho a la propiedad y el derecho a un hogar no es solo un dilema legal, sino una prueba para la sociedad. La ganancia financiera tiene su lugar, pero cuando la rentabilidad se busca a costa de desplazar a la vulnerabilidad, el mercado pierde su sentido humano. Poner límites morales a las leyes del mercado no significa ignorar los derechos de la propiedad, sino garantizar que la dignidad y la vida de las personas siempre estén por encima de cualquier cifra económica

Cuando la vivienda deja de entenderse como un derecho humano y se reduce estrictamente a un activo financiero. ¿Vale la pena la renta del alquiler? ¿Crees que Maricarmen tenga un nuevo hogar digno para vivir?

Ojalá que sí.

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