Por la Conciencia
Dr. Roger Heli Díaz Guillén
Combatir la reforma constitucional sobre el poder judicial federal es la última bandera de lucha de la oposición en México compuesta por la iniciativa privada (poder económico); partidos políticos sobrevivientes (PRI, PAN, MC); “comentocratas” (prensa afín y youtuberos); “politiqueros” (vieja guardia política en espacios de entrevistas a modo) e ideólogos y escribanos de pensamientos contrarios a la democracia que vive México y manipuladores de la verdad de interés público ciudadano; a los que se suman algunos ciudadanos “convencidos” que en México existe un gobierno autoritarista, cuyo pensar se respeta.
La oposición hoy responsablemente debe aceptar que el último poder político que perdieron en el 2024 lo fue el INE, de quien después del eslogan “El INE no se toca” hoy es presa de expresiones de la oposición que afectan moralmente a este instituto que es bastión de la democracia y su ejercicio ciudadano.
El discurso de la oposición hoy se centra en la idea que la reforma que modifica la estructura y vida interna del poder judicial federal, NO desaparición como amañadamente se maneja; se trata de un acto de “venganza” del poder ejecutivo contra el judicial al no ceder este poder público presuntamente su independencia ante el poder ejecutivo; cuando históricamente siempre habían servido a sus intereses en razón que los hoy ministros radicales fueron nombrados por un presidente en funciones, lo cual al amparo de la historia resulta un argumento sin fundamento; desconocimiento del ejercicio de los poderes públicos y; posición asumida no solidaria con los objetivos de gobierno y si afín al poder económico apoyando intereses partidistas como la propia historia lo ha juzgado.
En este marco de referencia se observa que el poder judicial federal al inicio del gobierno que ya termina en días, vivía en sus privilegios y formas de actuación hasta que el poder ejecutivo presentó el primer paquete de reformas constitucionales y legales llamado plan “A”, que después de su proceso legislativo se topó con la negativa del poder judicial federal al llegar inconformidades de partidos de oposición y ciudadanos afines mediante demanda de juicios de amparo y demandas de inconstitucionalidad, sirviéndose jueces y magistrados de la figura jurídica de amparo llamada “suspensión provisional del acto reclamado” o “suspensión definitiva del acto reclamado”. Figura jurídica que fue reformada en este 2024 limitando su aplicación en asuntos específicos antes de la sentencia del juicio de amparo.
Derivado de lo anterior el poder ejecutivo preparó y presentó al poder legislativo un nuevo paquete de reformas llamado plan “B” que tuvo el mismo fin, relativos con educación, democracia y administración pública; destacando en esta actuación del poder judicial federal la denuncia pública en redes sociales que ministro o ministros de la corte estaban apoyando a través de una asociación civil con formatos de demandas de amparo contra la reforma educativa y otros temas; llegando este proceso de actuación beligerante del poder judicial a intervenir en la vida pública y democrática de México en la elección de junio del 2024 sosteniendo reuniones con líderes nacionales de partidos políticos, rompiendo con las reglas que derivan de la ética de la impartición de justicia perdiendo la imparcialidad como principio de la justicia.
Dentro del poder judicial federal, la suprema corte de justicia de la nación definió por mayoría su rumbo de actuar en contra de los intereses que representan y facultades de los poderes ejecutivo y legislativo, asumiendo su responsabilidad provocando una determinación necesaria en cuanto a que la reforma al poder judicial no puede posponerse porque el paquete llamado plan “C” tendrá el mismo fin de los planes A y B sino se atiende primero la reforma del poder que evidentemente es un obstáculo de la democracia, confundiendo su autonomía por encima de la soberanía del pueblo que hoy a través del poder legislativo podrá mediante el voto intervenir en la vida interna del poder judicial federal.
En la desesperación a que ha llegado la mayoría de los ministros de la corte después del escenario creado y provocado, han cometido errores de fondo y forma como el acordar la suspensión de los trabajos que constitucionalmente están obligados a otorgar por la remuneración que reciben del erario público, cuya obligación de cumplimiento NO deviene de un contrato colectivo de trabajo como si lo tienen miles de trabajadores de este poder público que no tienen la categoría de jueces de distrito, magistrados de colegiados de circuitos y ministros de la corte; exponiéndose a ser juzgados mediante juicio político en ejercicio de las facultades del poder legislativo.
La responsabilidad moral y administrativa sobre el paro de labores que realizan los trabajadores del poder judicial recae en los funcionarios antes citados, debiendo delimitar las responsabilidades constitucionales de las responsabilidades estrictamente laborales sindicales que no se afectan; coincidiendo con lo expuesto sobre este tema que hicieron público ministras que expusieron dichas responsabilidades en el pleno de la suprema corte de justicia de la nación, siendo omiso y rebelde por mayoría dicho poder público, debiendo entonces no asumir un papel de víctimas sino responsables de los destinos del poder judicial federal.
