Razones
Jorge Fernández Menéndez
Al presidente López Obrador se le acaban las opciones en el caso Ayotzinapa. El ataque a Palacio Nacional y la muerte del joven Yanqui Ramos han terminado por cerrar una trampa en la que él mismo se confinó.
Para lograr algún avance en la investigación del caso Ayotzinapa, tiene que partir de una base: hay que volver a detener a los asesinos que fueron dejados en libertad en forma irresponsable por sus hombres de confianza en la investigación, el entonces subsecretario Alejandro Encinas y el ex fiscal especial Omar Gómez Trejo. Ambos decidieron que no había nada mejor que convertir, a cambio de su libertad, en testigos protegidos a los sicarios que cometieron el crimen de desparecer a los jóvenes. El principal de ellos, el Cabo Gil, el jefe de sicarios del grupo Guerreros Unidos en Iguala, y parte fundamental de las grabaciones entre los criminales que realizó la DEA que esa fiscalía especial se negó a utilizar.
La FGR acaba de pedir una orden de aprehensión contra el cabo Gil por el delito de crimen organizado, el mismo delito por el que estaba detenido desde 2015.
Lo hemos preguntado muchas veces: ¿usted daría fe ministerial a las palabras de un sicario, asesino confeso, jefe de plaza de un cártel del narcotráfico que en seis declaraciones ministeriales a lo largo de seis años ha presentado seis versiones diferentes de unos mismos hechos y que cuando se convirtió en testigo protegido recordó súbitamente nombres, seudónimos, señas particulares, descripciones físicas, incluso de personajes que nunca conoció? La fiscalía especial del caso Ayotzinapa no sólo le creyó a López Astudillo, sino que, además, ha convertido el suyo en el testimonio base de su supuesta investigación.
Cuando entrevisté poco después de su detención en septiembre de 2022 al general José Rodríguez Pérez en la prisión militar del Campo militar nro. 1, me decía que resulta incomprensible que la palabra de un sicario confeso, autor del crimen de los jóvenes de Ayotzinapa, valiera más que la de un General con 44 años en el ejército, con una hoja de servicio impecable y que nunca había tenido denuncias por corrupción o violación de derechos humanos. Para la fiscalía especializada era la palabra de Gildardo o la del General, por supuesto aceptaron la de El Cabo Gil.
Desde entonces las cosas han cambiado. La relación del ejecutivo con Gómez Trejo se hizo insostenible, pero él sigue manteniendo control de los asesores del movimiento y de la escuela normal. Ya no están ni Gómez Trejo ni Encinas, pero mientras el primero está autoexiliado en Estados Unidos para lo que se vaya a necesitar, al segundo lo vimos entrar del brazo de Clara Brugada el domingo al debate de los candidatos de la ciudad de México, aunque su relación con Claudia Sheimbaun es pésima.
Tuvimos acceso a las cuatro primeras declaraciones ministeriales de Gildardo López Astudillo, realizadas tres en diferentes momentos de 2015 y la última, ya en libertad y como testigo protegido de la fiscalía en 2020. Después ofreció otras dos, acomodando todo lo anterior para inculpar a los militares, a los que no nombra hasta el 2020.
En la cuarta, ya como testigo protegido da unas versiones y descripciones absolutamente absurdas y contradictorias. En la primera y la tercera niega terminantemente ser miembro de Guerreros Unidos, pero en la segunda y en la cuarta lo acepta ampliamente. Dice que fue jefe de plaza, pero también sólo “acompañante”, ni siquiera escolta y que “no operaba” con el grupo.
En la cuarta recordó repentinamente, nombres y apellidos de decenas de personas, incluso de personajes que no conocía, involucra a militares (no los conoce, el testimonio es de oídas, pero los describe físicamente al detalle). Mete con fórceps a Omar García Harfuch, cuando está plenamente comprobado que García Harfuch para esas fechas ni siquiera estaba en Guerrero: estaba comisionado en Michoacán. Fue parte de la contracampaña contra el ahora candidato a senador.
Denuncia a Iñaki Blanco, el entonces fiscal del estado, pero para esas fechas Iñaki ya había detenido a toda la policía municipal y a varios sicarios de Guerreros Unidos. Asegura que hasta el 3 y 4 de octubre, camiones, del ejército y de sicarios, en forma conjunta, llevaron restos de los estudiantes y sicarios muertos al basurero de Cocula. Para esa fecha, Iguala estaba tomada por medios, ONG’s, funcionarios, policías y tropas. Un movimiento inverosímil.
En la cuarta declaración de agosto del 2020, no hay ninguna réplica de la fiscalía especial, ninguna pregunta ante todas sus afirmaciones, no le vuelven a repreguntar nada, ni a indagar nada más. Todo estaba preparado.
35 años de Razones
Esta columna comenzó a publicarse con este nombre, Razones, hace exactamente 35 años. Fue en el periódico unomásuno cuando uno era realmente joven. Unos años después pasé un corto periodo en El Nacional cuando mi amigo Pablo Hiriart era su director. Pablo fue el que me propuso que la columna pasara de dos días a la semana a diaria. El verdadero despegue de Razones se dio en 1995 en El Financiero, con Rogelio Cárdenas de director y Alejandro Ramos como director editorial. Años después, cuando se creó Milenio, a Razones se le dio un espacio privilegiado que le agradezco siempre a Francisco González, y a quienes fueron mis directores, Federico Arreola y Carlos Marín.
Desde 2006, cuando don Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir compraron Excélsior, éste se convirtió en el hogar de Razones. Un hogar en el que el respeto editorial han sido la norma de sus propietarios, de Ernesto Rivera, de Ignacio Anaya, de Pascal Beltrán del Río y de muchos otros amigos y colegas. A todos y a usted, gracias, esperemos estar muchos años acompañándolos.
