Razones
Jorge Fernández Menéndez
No fue “una oficina” del gobierno de Estados Unidos, como se insiste en decir en la 4T. Ayer volvió a ser el director de la DEA, Terry Cole, el que afirmó que los cárteles de la droga y el gobierno mexicano tienen una “peligrosa conexión y son inseparables”, en la inauguración de una cumbre por una América libre de fentanilo donde participaron más de tres mil personas de distintos países.
Cole, que durante el gobierno de López Obrador fue el representante de la DEA en México, y terminó tan mal que incluso renunció a la DEA al irse de México, agencia a la que regresó, para dirigirla, con la llegada de Trump en su segunda presidencia, dijo que la agencia antidrogas pone “todo el peso en la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y cualquier persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA, son nuestra máxima prioridad”.
Más claro es imposible. Se podrá argumentar que la DEA siempre ha tenido mala relación con México, pero es lo mismo que dijo, esta misma semana, la fiscalía de Nueva York, en la petición de sentencia contra el Mayo Zambada, que se decidirá el próximo lunes. O lo que ha manejado el Homeland Security, o el propio departamento de Guerra de la Unión Americana. Y el jefe de todos ellos, el presidente Trump, la última vez hace un par de semanas en la cumbre del G-7 en Francia. Por cierto mañana habrá una cumbre ministerial para abordar el tema del terrorismo político internacional, convocada por Marco Rubio, y la principal amenaza en ese sentido, según las autoridades estadounidenses, son los cárteles narcoterroristas, como los denomina la Unión Americana y como se señala en todos los docuemntos de estrategia de seguridad que ha dado a concer por Washington.
El 25 de mayo pasado publicamos aquí que, luego de la reunión que habían mantenido en Palacio Nacional la presdienta Sheinbaum y el jefe del Homeland Security, Markwayne Mullin, que el secretario informó que “seguirán las denuncias contra políticos y funcionarios mexicanos e incluso adelantó los que vienen en los próximos días: el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y 20 funcionarios y cercanos suyos en el estado; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila y otros 12 acusados en el estado; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo y nueve políticos y funcionarios estatales; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, acompañado por 11 miembros de su equipo y personajes cercanos. Mullin informó, decíamos en aquella columna, que, en la medida en que no se avance en las detenciones (se refería a los acusados de Sinaloa, comenzando por el gobernador Ruben Rocha y el senador Enrique Inzinza), se irán tomando medidas contra estos y otros personajes políticos mexicanos, porque la lista es mucho más extensa.”
Esa reunión en Palacio Nacional con el muy duro jefe del Homeland Security, terminó mal y sin acuerdos. Desde entonces se agudizaron las diferencias entre Palacio Nacional y la Casa Blanca. Hubo otra reunión el día posterior al inicio del Mundial, el 12 de junio, y la información que tenemos es que también giró en el vacío, no hubo ningún acuerdo sustantivo. Fue, dicen, decepcionante.
Las decisiones del gobierno federal también lo son. Siguen defendiendo a todos los suyos, hagan lo que hagan y contra todas las evidencias. Luego de que se dieran a conocer nuevos audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, ofreciendo hasta la información de las mesas de seguridad de su estado para mantener colaboración con Estados Unidos y librar las investigaciones que existen en su contra, ayer fue nuevamente defendida en la mañanera, argumentando que la gobernadora no sabía con quien hablaba (¿de verdad una gobernadora se lanzará a una plática sobre su situación legal en Estados Unidos sin saber con quién está hablando?), que lo que dijo no significa que quiera colaborar con el gobierno de Estados Unidos (aunque ella lo dice explícitamente) y, peor aún, que en las mesas de seguridad no se maneja información sensible, cuando es la única instancia estatal para hacerlo. Es un desastre comunicacional, sólo comparable con el texto autoexculpatorio de Rocha Moya. La recomendación para Mariana del Pilar, en lugar de exigirle que pida licencia para tratar de arreglar su situación legal, fue que demandara a quienes la grabaron acusándolos de violación a la privacidad.
Lo cierto es que el domingo 19 de julio termina el mundial, y termina también la tregua y vendrá lo que ya había adelantado la jueza del caso del ex secretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, Katherine Polk que sostuvo, cuando inició el proceso contra Mérida, que las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios mexicanos por nexos con el narcotráfico continuarán y llegarán en «oleadas», ante la información y testimonios entregados por testigos colaboradores y líderes de cárteles bajo custodia de los Estados Unidos.
