• Ediles de la región norte de Chiapas enfrentan cuestionamientos por la falta de informes públicos sobre su gestión administrativa anual.
Manuel Morales / Ixtacomitán
Seis presidentes municipales de la región norte de Chiapas enfrentan cuestionamientos por la falta de informes públicos sobre su gestión administrativa anual. El señalamiento abre una pregunta que incomoda a cualquier gobierno: ¿qué se hizo con los recursos públicos y cuáles son los resultados que puede comprobar la ciudadanía?
Los alcaldes señalados son Miguel Ángel Moreno Palacios, de Ixtacomitán; Fernando Aparicio Trejo Gómez, de Solosuchiapa; Juanito González, de Ixtapangajoya; Amaneció Federico Lucas, de Chapultenango; Pedro Ramírez, de Reforma, y Guadalupe Camacho, de Ixhuatán.
La inconformidad ciudadana se centra en la necesidad de conocer las obras ejecutadas, el dinero invertido, las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 2026. No basta con anunciar proyectos: la población tiene derecho a conocer qué se hizo, cuánto costó y qué beneficios produjo.
La Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas establece, en su artículo 45, fracción XXXI, la obligación de los ayuntamientos de rendir a la población un informe pormenorizado de la gestión administrativa anual, en sesión solemne de Cabildo, a más tardar el último día de septiembre, y remitirlo al Congreso del Estado para su conocimiento.
Por su parte, el artículo 110 señala que el informe debe incluir las decisiones adoptadas para ejecutar el Plan de Desarrollo Municipal, las acciones emprendidas y sus resultados, vinculados con la cuenta pública municipal.
En otras palabras, la rendición de cuentas no debería reducirse a un acto protocolario, fotografías o discursos: debe permitir conocer el destino de los recursos y contrastar los compromisos con los resultados.
Entre los cuestionamientos ciudadanos destacan las obras que, según denuncias, no serían visibles, no habrían comenzado o no mostrarían avances suficientes. Para determinar si existe alguna irregularidad, cada caso requiere documentación, revisión de contratos, registros presupuestales y evidencia del avance físico y financiero.
También se reclama que los representantes populares expliquen de manera clara cómo se ejerció el presupuesto municipal y qué beneficios concretos llegaron a las comunidades.
La exigencia es directa: menos propaganda y más información verificable. Si las obras se realizaron, corresponde a los gobiernos mostrar sus resultados; si existen retrasos, deberán explicar las causas y las medidas para resolverlos.
En el horizonte político se encuentra el proceso electoral de 2027 y el interés que algunos actores municipales pudieran tener en buscar la continuidad de sus proyectos de gobierno. Sin embargo, cualquier aspiración futura debe distinguirse de las obligaciones legales que corresponden al ejercicio actual.
La prioridad inmediata es la transparencia. Antes de hablar de continuidad, la ciudadanía necesita conocer los resultados del gobierno que recibió su confianza, con información accesible, documentos comprobables y explicaciones sobre el uso del dinero público.
La falta de información pública, si se confirma en cada municipio, amerita que las instancias competentes revisen el cumplimiento de las obligaciones legales y determinen, conforme a sus atribuciones y al procedimiento correspondiente, si existe alguna omisión y qué medidas proceden.
