La supervivencia de la artesanía chiapaneca depende de un cambio en el consumidor. El regateo, visto por muchos como una “costumbre”, es en realidad la última pieza de una cadena de violencia económica.
José Salazar/ Karla García/ Cinthia Ruiz/ Marco Alvarado/ Fotos: Erick Bustillos/ Diseño: Luis Méndez / Diario de Chiapas
Los huipiles de San Andrés Larráinzar o los bordados de Aguacatenango, llevan consigo una trama de desigualdad. En Chiapas, la artesanía no es sólo un producto: es un sustento que se enfrenta a la falta de comercio justo.
Desconocimiento
Para Dilcia Camacho Conde, jefa del Departamento del Museo de las Artesanías, el problema central es la falta de conocimiento. Crear una pieza no empieza en el primer hilo, sino en la recolección de materias primas que, a menudo, exige largas jornadas de caminata.
“No se entiende lo que implica crear una pieza. Es un proceso de años de aprendizaje y meses de ejecución”, destacó.
Esta falta de valoración abre la puerta al abuso. Los intermediarios, aprovechando la necesidad económica, prometen mercados que nunca llegan o imponen precios bajísimos, manteniendo a familias de artesanos en el mínimo vital pese al valor de sus creaciones.
Voces desde el telar
En Aguacatenango, municipio de Venustiano Carranza, la realidad es cruda.: María Juárez Hernández describe una estafa recurrente: pedidos entregados bajo la promesa de una transferencia bancaria que “caerá mañana”, ese mañana nunca llega.
Santiago de la Torre Velasco, también artesano de la zona, denuncia la reventa. Los intermediarios adquieren sus piezas a precios de remate para revenderlas con márgenes de ganancia elevados en zonas turísticas o el extranjero.
En este esquema, el artesano termina percibiendo una ganancia que apenas oscila entre los 20 y 50 pesos diarios.
Ante este escenario, han surgido mecanismos para intentar blindar el trabajo textil.
El Instituto Casa de las Artesanías implementó un esquema de acopio que busca eliminar al intermediario.
Soraya Uranga Moreno, jefa del área, explica que ahora se trabaja bajo un registro formal y precios de referencia municipal.
Para alcanzar el objetivo no hay pagos en efectivo inmediatos; todo se documenta con recibos oficiales y procesos administrativos para dar legalidad y certeza.
Se adquiere lo que el mercado demanda, asegurando que la artesana no pierda su inversión en piezas que se quedarán en bodega.
Por otro lado, la organización comunitaria ofrece una ruta de autonomía. En Zinacantán, la cooperativa “Mujeres Sembrando la Vida”, integrada por 70 artesanas, apuesta por el turismo alternativo.
Al invitar al visitante a sus hogares, no sólo venden una prenda, sino una experiencia.
“Si antes una pieza la dábamos a intermediarios por 500 pesos, hoy, al venderla directamente y explicar el proceso, el visitante entiende por qué un huipil de gala puede valer entre 10 mil y 12 mil pesos”, afirma María Yolanda Hernández Gómez.
Despojo global
El abuso no sólo ocurre en la banqueta o en el mercado local. La “apropiación cultural” ha sido ampliamente documentada en diseños chiapanecos, que terminan en las pasarelas de lujo y los catálogos de “fast fashion” sin consentimiento ni retribución.
Desde 2022 México cuenta con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas, que reconoce la propiedad intelectual colectiva, la batalla legal es desigual.
Mientras las comunidades defienden su herencia, los gigantes de la moda justifican el despojo como “inspiración”.
La supervivencia de la artesanía chiapaneca depende de un cambio en el consumidor. El regateo, visto por muchos como una “costumbre”, es en realidad la última pieza de una cadena de violencia económica.
El llamado de las artesanas y especialistas es claro: informarse, preguntar por el origen y, sobre todo, entender que detrás de cada bordado no hay solo un adorno, sino el derecho de un pueblo a vivir dignamente de su cultura.
