- El artículo 109 de la iniciativa concede a la Agencia Digital la potestad de establecer los mecanismos y criterios para implementar bloqueos digitales
Ainer González / José Salazar / Tania Selvas
Edición: Francisco Mendoza. Diseño: Luis Méndez / Diario de Chiapas
El pasado miércoles 23 de abril la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La propuesta busca otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT) la facultad de bloquear plataformas digitales a solicitud de autoridades competentes —sin definir—, en caso de incumplimiento de las normativas aplicables.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alertó que esta reforma podría abrir la puerta a restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión en Internet, al no requerir una orden judicial previa que justifique el bloqueo de contenido o plataformas completas.
Este tipo de medida se asemeja al cierre de medios tradicionales como estaciones de radio o televisión, lo cual contraviene la prohibición de censura previa establecida tanto en la Constitución mexicana como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Según la R3D, el artículo 109 de la iniciativa concede a la ATDyT la potestad de establecer los mecanismos y criterios para implementar bloqueos digitales. No obstante, advierten que cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar claramente definida por ley y ser competencia del Congreso de la Unión, conforme a estándares internacionales. Tales restricciones deben cumplir con principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y aplicarse solo en situaciones excepcionales.
Otro punto alarmante de la propuesta se encuentra en el artículo 8, fracción LXV, que faculta a la Agencia para emitir los lineamientos del registro de usuarios de servicios móviles, el cual sería obligatorio y operado por los concesionarios del servicio.
Por este asunto, Vladimir Chorny, investigador asociado de la R3D y asesor de la Alianza por la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, expresó su preocupación ante el alcance de la reforma, subrayando que otorga amplias y peligrosas facultades a la ATDyT para bloquear plataformas digitales.
“Obviamente el que causo mayor preocupación pero no es el único, fue el del artículo 109 de la propuesta de ley, en el que se da, de manera muy vaga y ambigua la posibilidad de la Agencia de Transformación Digital, de bloquear plataformas digitales; tiene varios problemas, lo que podemos decir es que, no hace alguna distinción sobre qué tipo de plataformas se están refiriendo, y esto es muy amplio y podría tener muchísimos problemas, cual red social y plataforma, incluso de prestación de servicios que no tienen que ver con redes sociales necesariamente se podrían bloquear, lo cual también es problemático en términos de acceso a bienes, servicios y el ejercicio de derechos en un sentido más amplio, pero en lo que corresponde a la libertad de expresión, claramente es un riesgo muy grande, que además es incompatible con la prohibición de censura previa que está dispuesta en el artículo 7 de nuestra Constitución, y en los tratados internacionales, como la Convención Americana, de los cuales México es parte”, explicó el doctor en Filosofía del Derecho.
El especialista recordó que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el bloqueo total de páginas web constituye una grave restricción a la libertad de expresión, y solo debería aplicarse en casos verdaderamente excepcionales.
Además, el artículo 161 de la iniciativa permitiría a las instancias federales de seguridad pública y seguridad nacional adquirir, instalar y operar equipos para bloquear señales de telefonía, radiocomunicación y transmisión de datos o imágenes, sin detallar bajo qué circunstancias o límites legales. Esta ambigüedad, advierte R3D, podría facilitar apagones intencionales de Internet con graves consecuencias para los derechos humanos.
A raíz de la controversia, especialmente en torno al artículo 109, la presidenta Sheinbaum solicitó pausar el proceso legislativo a fin de permitir un análisis más profundo. El Senado respondió retirando la iniciativa de la agenda ordinaria, previendo su discusión en un periodo extraordinario entre junio y julio de 2025.
El debate sigue abierto y ha generado inquietudes sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y los posibles impactos sobre la libertad de expresión, la privacidad digital y la autonomía institucional en el país.
Impacto a medios digitales
Las alarmas sonaron con esta iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones en México, el sector informativo ha alzado la voz sobre esta situación, pidiendo transparencia en cómo se busca regular a los medios digitales sin causar daño a la libertad de expresión.
La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México, es una oportunidad para mejorar la regulación de este sector, siempre y cuando sea bajo consenso con la ciudadanía y todos los actores involucrados, señaló la periodista e investigadora, Sandra de los Santos Chandomí.
Haciendo referencia al artículo 109 de esta iniciativa que comprende permitir a las autoridades bloquear temporalmente plataformas digitales que no cumplan con las disposiciones establecidas, la periodista enfatizó que es una medida que pone en riesgo la libertad de expresión.
“Claro que nos preocupa a todas las personas que nos dedicamos de alguna manera al trabajo de la libertad de expresión, pero no solamente a nosotros sino porque este trabajo que hacemos también está vinculado al derecho a saber de la ciudadanía. Y no está claro cuál deben de ser los parámetros para poder bloquear una plataforma para que el gobierno federal pueda llegar a hacer eso”.
En el contexto, en el que inclusive puede ser suspendido un portal digital sin una orden judicial, la periodista enfatizó que es vital no dejar fuera al árbitro principal, que es el poder judicial.
“Podemos llegar a caer en robustecer tanto o llegar a empoderar tanto a solo una figura. No hay que perder de vista que nuestro sistema está construido a manera de que haya un equilibrio del poder, por eso está el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. Sí le damos más facultades a cualquiera de estos poderes, que no debería de tener y no lo equilibramos, corremos un riesgo muy grande”.
La analista de medios consideró que esto no debe ser un pretexto para crear leyes prohibitivas o que no garanticen el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Preocupación legislativa
Desde la máxima tribuna del Congreso local, la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo alzó la voz para expresar su preocupación por la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por la Presidencia de la República, al considerar que pone en riesgo la libertad de expresión en México.
La legisladora chiapaneca señaló que el proyecto, actualmente en análisis en el Senado, incluye disposiciones que permitirían a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —dependiente del ejecutivo federal— solicitar el bloqueo temporal de plataformas digitales por presuntos incumplimientos, según lo establecido en el Capítulo VIII, Artículo 109 del proyecto de decreto.
“Dice que las autoridades competentes, podrán solicitar la colaboración de la agencia para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos en que sea precedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normativas que le sean aplicables; aquí es justo donde se planteó la principal trampa de Morena para completar su control sobre las plataformas digitales”.
Ibarra Gallardo advirtió que esta agencia sustituiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), hasta ahora órgano autónomo, y concentraría funciones regulatorias, de supervisión, concesión y, preocupantemente, la facultad de establecer reglas para el bloqueo de contenidos digitales.
“Con este proyecto, la Presidencia tendría el poder absoluto para limitar, cancelar o bloquear contenidos, incluso en plataformas digitales, cuando lo considere conveniente”, alertó la diputada.
La legisladora llamó a no respaldar una reforma cuyos lineamientos de sanción aún no están claramente definidos, pues representaría entregar un “cheque en blanco” para el control de los medios y las plataformas digitales, poniendo en riesgo los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ibarra Gallardo celebró que, ante las críticas de diversos sectores, el Senado haya decidido suspender la discusión de la iniciativa, pero convocó a sus compañeros legisladores a fijar una postura firme contra lo que calificó como un intento de “censura legalizada”.
Para cerrar su intervención, evocó las palabras del mártir chiapaneco Belisario Domínguez Palencia, símbolo de la defensa de la verdad y la dignidad: “Libres por la palabra”.
Empresarios atentos
En tanto el sector empresarial, como la International Chamber of Commerce México (ICC México), presidida por Claus Von Wobeser, también reconoció la relevancia de actualizar el marco regulatorio del sector telecomunicaciones.
Sin embargo, la Ley en Materia de Telecomunicaciones presentada recientemente, consideró que debería ser sometida a un análisis plural y de consenso; destacando tres puntos centrales.
1. Que el Congreso de la Unión defina un periodo adecuado para el análisis, discusión y perfeccionamiento de la iniciativa, considerando sus posibles efectos sobre la inversión, la competencia y los derechos de los usuarios.
2. La realización de un parlamento abierto que permita la participación activa de expertos, representantes del sector académico, empresas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de construir un marco jurídico que garantice avances sostenibles en cobertura, calidad y acceso a los servicios de telecomunicaciones.
3.- Y finalmente, asegurar la autonomía técnica, operativa y presupuestaria de los organismos reguladores, en concordancia con los compromisos internacionales suscritos por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En este contexto, la cámara empresarial, se comprometió a colaborar en la construcción de una regulación moderna, equitativa y orientada al interés público.
Necesario el análisis social
En la cámara alta del Congreso de la Unión se ha detenido esta iniciativa para poder analizarla de una mejor manera, buscando la forma en la que los distintos sectores involucrados participen en su reestructuración.
El senador Luis Armando Melgar advirtió que la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, tal como está redactada actualmente, corre el riesgo de ser excluyente y de no reflejar las opiniones que en su momento dieron forma a la ley aprobada en 2014. Frente a este escenario, hizo un llamado enérgico a abrir espacios de diálogo que permitan construir una reforma incluyente, moderna y que responda a los desafíos actuales del país.
“Estoy convencido de que no podemos avanzar con una reforma de esta magnitud sin antes realizar un conversatorio donde se invite a la industria, a los especialistas, a la academia y a la sociedad civil”, subrayó Melgar.
El legislador recordó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014 fue producto de un amplio consenso que buscó democratizar el acceso a servicios de comunicación, garantizar competencia en el mercado, reducir la brecha digital y fortalecer la libertad de expresión. “Hoy no podemos dar marcha atrás ni retroceder en estos avances fundamentales. México necesita una ley que fortalezca la democracia y utilice la tecnología como herramienta para la prosperidad y el desarrollo, no como instrumento de control ni de opacidad”, enfatizó.
Melgar expresó particular preocupación por el riesgo de aprobar una ley construida bajo la lógica de la autorregulación unilateral, en la que un solo órgano de gobierno defina lo que los medios pueden o no pueden hacer, limitando la pluralidad de voces. “Cuando hablamos de cobertura social, parecería que esta iniciativa prácticamente ignora la existencia y relevancia de la industria de telecomunicaciones, lo cual es un grave error”, alertó.
El senador destacó que este sector representa alrededor del 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y genera aproximadamente 160 mil empleos directos e indirectos. Además, la industria de telecomunicaciones ha sido clave en la conectividad de comunidades rurales, en el acceso a la educación a distancia, en la digitalización de trámites y servicios, y en el fortalecimiento de la economía digital.
“Es una ley sin el consenso de la industria, es una ley que no considera las opiniones y no construye de la ley de 2014 que nosotros aprobamos, no construye lo que logramos antes; yo estoy convencido, que la decisión de la doctora Sheinbaum que parara y que eso no pudiera salir sin que hubiese un conversatorio donde se invitara a la industria, no podría ser”.
Los senadores y demás especialistas en esta materia tendrán reuniones con la industria y colegiados los días 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo para analizar a fondo la ley.
Melgar hizo un llamado a los legisladores, al Ejecutivo federal y a todos los actores involucrados a construir una ley moderna, justa e incluyente. “México merece una legislación que aproveche el potencial de la tecnología como motor de prosperidad, de bienestar, de libertad y de progreso para todos los mexicanos. Excluir a la industria de telecomunicaciones del debate sería no solo injusto, sino profundamente irresponsable. Lo que hoy recibimos es una ley que sí cae en la censura, es una ley censura y necesitamos convertirla en una ley de avanzada, una ley que le apueste a la construcción de un México libre, democrático, que use la tecnología para llevar la posteridad a todos los rincones”.
A pesar de que existen páginas y cuentas digitales que hacen apología al narco, que desinforman e inclusive manipulan, y que requieren de una regulación, esto no debe ser un pretexto para crear leyes prohibitivas o que no garanticen el derecho fundamental a la libertad de expresión.
