La nueva ley no sólo apunta a la pareja, también castiga al entorno cercano cuando son estos quienes promueven o acuerdan las uniones.
José Salazar/ Marco Alvarado/ Karla García/ Diario de Chiapas
Chiapas dio un paso crucial para terminar con décadas de violencia estructural disfrazada de tradición.
El Poder Legislativo local aprobó una reforma al Código Penal para tipificar la cohabitación forzada de menores. La medida establece un límite jurídico claro: los usos y costumbres no pueden vulnerar los derechos humanos de la niñez.
Con esta reforma, la entidad, que históricamente ha registrado junto a Oaxaca y Guerrero los índices más altos de uniones tempranas, busca cerrar el vacío legal que permitía que, aunque el matrimonio infantil ya estaba prohibido en el Código Civil, las uniones informales o “arregladas” persistieran sin castigo.
Castigo para la complicidad
La nueva ley no sólo apunta a la pareja, sino que reconoce que la cohabitación forzada suele ser un acuerdo orquestado por el entorno cercano.
El marco legal ahora establece que habrá prisión de ocho a 15 años de cárcel a quien obligue, coaccione, induzca o gestione la unión, incluyendo a padres, madres, familiares o intermediarios.
También contempla agravantes, y con esto la sanción puede llegar a más de 20 años de cárcel, si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana, debido a la vulnerabilidad extrema en estos contextos.
“Los usos y costumbres no pueden estar por encima del derecho de las niñas a vivir libres de violencia”, sentenció la diputada Flor de María Guirao Aguilar, subrayando que la reforma no criminaliza la cultura, sino la violencia normalizada por la pobreza y la desigualdad.
Violencia estructural
Datos del Inegi y diagnósticos legislativos revelan que en Chiapas el 44 por ciento de la población femenina se ha casado antes de los 18 años.
Sin embargo, en las comunidades indígenas la práctica de ser “pedida y entregada” a menudo borra la línea entre el consentimiento y la transacción económica.
Lo cual no se limita a que muchas niñas tengan que asumir roles para los que no están preparadas, sino que contribuye al abandono escolar inmediato y la cancelación de proyectos de vida.
Esta percepción de las niñas como “propiedad” o recurso negociable no puede ser tolerada, como lo reconoció la diputada Rosalinda López Sánchez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien fue enfática al señalar que la neutralidad estatal equivale a complicidad: “Considerar estas uniones como consensuadas invisibiliza delitos graves”.
Pese al avance legislativo, especialistas como Sandra Aurora González Sánchez, presidenta de la asociación Pacto de Sororidad, advierten que la ley por sí sola no basta.
El desafío radica en la ausencia del Estado en las zonas más remotas, donde la autoridad masculina sigue prevaleciendo.
La investigadora destaca que para que la reforma sea efectiva, debe ir acompañada de educación sexual integral en lenguas originarias; políticas de prevención y protección a las víctimas, y la necesaria presencia institucional permanente para romper la impunidad en comunidades rurales.
Con este cambio legal se envía un mensaje de cero tolerancia: la entrega de niñas y adolescentes bajo el pretexto de “arreglos familiares” es, a partir de ahora, un delito que se paga con cárcel.
