M d R / Diario de Chiapas
Con el feminicidio de Mónica Delgado Castellanos, ocurrido el pasado 19 de noviembre, aumentó a 33 el número de feminicidios registrados en lo que va del año, apenas tres menos que los sucedidos en todo el 2023, y sólo siete de estas carpetas de investigación han sido judicializadas.
El caso de Mónica no es el único que ha conmocionado a la opinión pública de Chiapas, como lo señala Adriana Guillén Hernández, integrante de la colectiva 50 más 1, caso tras caso las historias son más terribles, y no se trata sólo de mujeres adultas.
“La indignación social ha crecido a medida que vemos que estos casos afectan también a menores, recordemos que por la muerte de la niña Liliana Guadalupe salimos a marchar y esto provocó que la fiscalía ofreciera incluso una recompensa por el feminicida”.
De hecho, en opinión de la activista, esto debiera ser parte de las búsquedas, para que la sociedad se involucre y no queden espacios en donde estos criminales se puedan esconder, para que sepan que están siendo buscados y van a responder por el delito.
Y no se trata de simples números, lo cierto es que tras estas mujeres quedan familias deshechas que elevan un grito de justicia, gritos que no pocas veces ahogan entre lágrimas, mientras esperan que haya un castigo real para estos asesinos.
“Quedan hijos, hijas, familia, quedan desamparados, y por ello el Estado también debe atender esta parte en la reparación del daño y el acompañamiento para las familias”, destacó Guillén.
Las familias víctimas de feminicidio terminan siendo revictimizadas, quedan en una situación vulnerable y pocas veces se presta atención a esto, agregó.
Piden que la FGE haga su trabajo
Hoy, por ejemplo, se le exige a la Fiscalía General del estado que, cuando se informe de una mujer víctima de feminicidio, se nombre también si deja o no a hijos e hijas en la orfandad, como una manera de mostrar la dimensión que tienen estos casos, y que no se trata sólo del daño ocasionado a la propia víctima, sino al entorno familiar.
Catalina Aguiar, diputada local, reconoce la gravedad de lo que está pasando en Chiapas. Los feminicidios no terminan, y la justicia que esperan las víctimas parece no ser una realidad.
“Es lamentable aceptar que tenemos este problema, que son muchos factores, pero que la impunidad es un factor que contribuye al aumento de casos porque los feminicidas se sienten confiados de obtener impunidad”.
No más discursos
Los casos son contundentes. Hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no debe quedarse en discursos, en la iluminación naranja y la simple expresión de buenos deseos, cuando afuera, en las calles, cientos de familias revivirán el dolor de la muerte. Muchas llevan años esperando la sentencia para el criminal.
La realidad resulta más cruel, los casos, uno tras otro, más monstruosos. Chiapas necesita acciones contundentes para evitar que una mujer más muera en manos de un feminicida, como reconoce la legisladora local.
“Confío en el proyecto del gobernador electo, Eduardo Ramírez, de que van a fortalecer a los primeros respondientes para poder detener pronto a los feminicidas, y que haya cero impunidad ante la violencia”
Hoy, sin duda, será un día de movilizaciones a nivel nacional. Hoy sin ninguna duda, las autoridades y la sociedad en su conjunto están llamados a hacer algo ante una realidad inocultable.
Violencia y más violencia contra las mujeres
Las mujeres privadas de su libertad, como las mujeres adultas mayores, las mujeres con alguna discapacidad y las mujeres gestantes, son el sector de la población femenina que más experimenta algún tipo de violencia.
Hoy al conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer información y las experiencias de violencia de mujeres en condición de vulnerabilidad, por ejemplo, las privadas de la libertad, adultas mayores, con discapacidad y las que reciben atención obstétrica.
Las que están privadas de su libertad
En este contexto, refiere que del total de la población privada de la libertad (PPL) en 2021, 64.4 por ciento de mujeres experimentó al menos un acto de violencia psicológica realizada o permitida por la policía o autoridad después de la detención y antes de llegar a la Agencia del Ministerio Público (AMP) o juez de lo penal.
En cuanto a la violencia física, añade que el 39.8 por ciento de las mujeres privadas de su libertad vivió alguna agresión física realizada o permitida por la policía o autoridad después de su detención y antes de llegar a la AMP o juez de lo penal.
Además, señala que el porcentaje de mujeres que vivió situaciones como le agredieron mediante acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación (15.5 por ciento) fue cinco veces mayor que el de hombres (3.2 por ciento). Mientras que el porcentaje de mujeres (4.8 por ciento) que fue obligada mediante violencia física o amenaza a tener una actividad sexual no deseada (violación sexual) fue 2.5 veces mayor que el de hombres (1.9 por ciento).
En cuanto a la violencia en la vejez, menciona que con datos del 2021, se estima que de las 9 millones 063 mil 053 mujeres de 60 años y más que había en México, 14.6 por ciento experimentó violencia en los 12 meses previos a la encuesta por parte de familiares o convivientes.
El tipo de violencia más prevalente para estas mujeres añade que fue la psicológica (con 13.0 por ciento), seguida de la económica (con 4.7 por ciento), la física (con 1.5 por ciento) y, con menor prevalencia, la sexual (con 0.5 por ciento).
Entre las situaciones de violencia contra las mujeres de 60 años y más en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta, indica que las más comunes fueron: que le dejaron de hablar (6.3 por ciento), la dejaron sola o la abandonaron (3.7 por ciento), y le gritaron, insultaron u ofendieron (3.2 por ciento).
Mujeres con
discapacidad
Con respecto a las personas con discapacidad, datos del 2021 estiman que, de los 50 millones 523 mil 469 mujeres de 15 años y más que había en México, 11.9 por ciento vivía con discapacidad, 31.7 por ciento con limitación y 56.4 por ciento, sin discapacidad ni limitación.
Por lo anterior, el Inegi refiere que el 75.1 por ciento de las mujeres con limitación experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de la vida. Dicho porcentaje, menciona es mayor que el de las mujeres con discapacidad (72.6 por ciento) y el de las mujeres sin discapacidad ni limitación (66.7 por ciento).
Las embarazadas
Y en lo que respecta a violencia durante la asistencia obstétrica, el Instituto expone que acuerdo con los datos del 2021, de las 7 millones 839 mil 186 mujeres de 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un(a) hijo(a) entre 2016 y 2021, 31.4 por ciento experimentó violencia durante el parto o la cesárea; con una diferencia de 22.8 puntos porcentuales por lugar de atención.
Impunidad feminicida; el caso de Karla Yesenia
Maricruz Velasco Nájera sabe en carne propia qué es la falta de acceso a la justicia; ha luchado los últimos siete años para que el feminicidio de su hija, Karla Yesenia Gómez Velasco, no quede impune: en un país donde casi el 80 por ciento de los delitos que implican violencia de género no se castigan, cuenta que, para lograr la sentencia condenatoria del asesino de su hija, ha tenido que hacerla, incluso, hasta de perito.
Su hija sufrió violencia sexual y física; y su cuerpo fue expuesto en la vía pública. El caso reúne todos los elementos para investigarlo como feminicidio, sin embargo, la carpeta de investigación se inició por homicidio; por eso apeló, agotó instancias y protestó públicamente hasta que le concedieron, hace apenas unos meses, la reclasificación del delito.
A Marvin Eduardo N., uno de los autores materiales del feminicidio de Karla, lo condenaron el pasado 30 de octubre con 45 años de prisión; una pena que para la señora Maricruz es insuficiente, pero que se acerca un poco más a la justicia con la que prometió honrar la memoria de su hija, sin importar que para ello haya tenido que enfrentarse al poder económico y político, amenazas de muerte, corrupción y e influyentismo.
En el camino ha ido encontrando a otras familias que, como ella, han perdido a una hija, hermana, madre o esposa; familias que, como miles en el país, han quedado mutiladas y viviendo el cansancio que les deja un entramado institucional indolente, que no responde a sus demandas.
Con ellas integró la Fundación Karla Velasco, una organización que preside y que apoya a familias de víctimas y sobrevivientes de feminicidio en Chiapas; todas con casos en los que prevalece la impunidad, la mayoría por fallas al debido proceso.
Maricruz Velasco opina que, si los ministerios públicos integraran correctamente las carpetas de investigación desde el principio, se acortaría, o incluso se evitaría el viacrucis que los deudos de las víctimas de feminicidio recorren.
