Ahora sí funcionó como un ente donde se enfrascaron posturas opuestas por derechos LGBTQ+ y laicidad del Estado
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Pleno de la 69 Legislatura local se convirtió este martes en el escenario de un debate ideológico y legal durante el abordaje de asuntos generales.
Las posturas encontradas respecto a los derechos de la comunidad LGBTQ+, la laicidad del Estado y el alcance de la patria potestad confrontaron a legisladoras de distintas fracciones, reviviendo la polémica iniciada la semana anterior por declaraciones de tinte religioso.
El choque parlamentario inició cuando la diputada por Movimiento Ciudadano (MC), Andrea Negrón, subió a la tribuna para responder directamente a las afirmaciones de la diputada morenista María Isabel Rodríguez Jiménez, quien en la sesión previa había expresado abiertamente su rechazo a la diversidad sexual.
En su intervención, Negrón recordó que la obligación del Estado mexicano, a través de sus leyes y de los tratados internacionales firmados por el país, es proteger y garantizar todos los derechos para todas las personas “sin excepciones, sin letras pequeñas”.
La legisladora del partido naranja lamentó que, bajo el argumento de la libertad religiosa, Rodríguez Jiménez no solo hubiera mostrado un radicalismo en contra de la diversidad sexual, sino que además recurriera a una falsa y peligrosa analogía con la discapacidad.
“Usó el viejo y superado prejuicio de que la identidad de género y la orientación sexual son un simple capricho o una elección”, señaló Negrón, enfatizando que no se debe tolerar la intolerancia bajo la bandera de defender valores, sin anteponer el respeto al prójimo.
Ante los señalamientos, María Isabel Rodríguez Jiménez solicitó el uso de la palabra. Desde la tribuna, aclaró formalmente que profesa el evangelismo pentecostal y, acto seguido, cuestionó a Negrón si en algún momento se informó a la ciudadanía que los cambios legislativos aprobados recientemente “le quitan a los padres y madres el poder llevar a sus hijos a terapias de reafirmación de género”.
La diputada de Morena argumentó que lo que consideraba un derecho de los padres les ha sido retirado, castigándolos ahora con penas de hasta seis años de cárcel.
Sin embargo, lo que la legisladora omitió, tanto en su discurso como en una entrevista posterior, es que la reforma aprobada por el Congreso de Chiapas no prohíbe el libre acompañamiento psicológico, sino que sanciona penalmente los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidos coloquialmente como “terapias de conversión”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha sentado jurisprudencia sobre este tema, determinando que estas prácticas son inconstitucionales y constituyen tratos crueles, inhumanos y degradantes que violan el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Asimismo, el máximo tribunal del país invalidó en su momento las excepciones legales en los códigos penales estatales que protegían a padres o tutores de recibir sanciones, determinando que el parentesco directo, lejos de ser un atenuante, agrava la conducta debido a la vulnerabilidad de los menores.
La SCJN también ha establecido que el presunto “consentimiento” de un mayor de edad no justifica ni excluye el delito, dadas las profundas violaciones a la integridad personal que implican estos métodos, los cuales en ocasiones incluyen abusos físicos, psicológicos o tratos basados en el fanatismo.
El debate subió de tono con la intervención de la diputada Luz María Castillo, representante del sector de las personas con discapacidad.
Castillo subió a la tribuna para reconvenir a Rodríguez Jiménez, señalando que comparar una discapacidad física con una orientación sexual demuestra un nulo conocimiento en biología humana.
“La diversidad humana en todas sus formas no es algo que podamos hacer invisible. Y lo mismo pasa con las orientaciones sexuales”, reviró Castillo, recordándole además a su compañera de bancada que Morena ostenta una agenda nacional inclusiva y que el Congreso es un órgano laico, por lo que no es el espacio para dirimir agendas con visión religiosa.
Finalmente, la diputada Andrea Negrón retomó la palabra para hacer precisiones puntuales sobre el desempeño de Rodríguez Jiménez.
Señaló que la Comisión de Protección a la Niñez y la Mujer, presidida por la morenista, ha sido inoficiosa y acusó a la legisladora de haber votado sistemáticamente en contra de los derechos de las mujeres, amparándose siempre en sus creencias personales.
Sin argumentos técnicos o legales para responder a los cuestionamientos sobre su productividad y sus votos, Rodríguez Jiménez se limitó a declarar que ella considera a Morena un movimiento plural donde sus ideas tienen la misma validez que el resto.
Concluyó su participación recurriendo a una frase popular: “El pueblo ya habló y no es tonto; el tonto es el que cree que el pueblo es tonto”.
