Utilizan su poder tradicional para atropellar derechos humanos de los ciudadanos indígenas
Ainer González / Diario de Chiapas
En Chiapas, los llamados usos y costumbres han sido utilizados recientemente como argumento para justificar detenciones arbitrarias de mujeres indígenas en distintos municipios. En las últimas semanas, se han documentado casos en San Juan Chamula y Huitiupán, donde las afectadas fueron privadas de su libertad por defender sus derechos sobre la tierra.
En la comunidad El Pozo, municipio de Chamula, cuatro mujeres fueron encarceladas en agosto por autoridades tradicionales, luego de negarse a “donar” un terreno. En otro caso más reciente, en el ejido La Competencia, del municipio de Huitiupán, una mujer fue detenida con el mismo propósito: despojarla de su propiedad.
“Me encerraron porque entró el proyecto del Copladem a la comunidad y están haciendo calles. No respetaron mis derechos, me quitaron parte de mi propiedad”, relató Eunice Hernández López, quien permaneció encarcelada mientras sus hijos esperaban fuera de la celda.
“Como estoy reclamando mis derechos, me castigaron, porque la asamblea manda, las autoridades. Yo no puedo hacer nada; por ese motivo me castigaron”, añadió.
Aunque las comunidades indígenas tienen derecho a regirse por sus propios sistemas normativos para resolver conflictos internos, estos no pueden aplicarse cuando implican la violación de derechos humanos, señalaron especialistas y legisladoras consultadas.
La diputada local, Selene Josefina Sánchez Cruz, cuestionó los límites de esa práctica.
La legisladora mencionó que, si bien las comunidades originarias tienen derecho a aplicar sus sistemas normativos internos para la solución de conflictos, estos no pueden ser utilizados cuando se afectan derechos humanos fundamentales.
“¿Hasta dónde los usos y costumbres deben mantenerse sin violentar nuestros derechos? Es importante que los ayuntamientos, más de las presidentas municipales hagan llegar esa información a los comisariados y comiencen a dar participación a las mujeres”, expuso.
Sánchez Cruz adelantó que la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado podría legislar próximamente para obligar a los ayuntamientos con comunidades regidas por sistemas normativos indígenas a capacitarse en derechos humanos e igualdad de género, con el objetivo de evitar que se repitan este tipo de abusos.
