Cafetómano.
Bernardo Figueroa.
Al senador Luis Armando Melgar lo quisieron agarrar de piñata por haber dicho “autista” al exgobernador Rutilio Escandón, lo que le bastó para que, en menos de lo que canta un gallo, las asociaciones TEA en Chiapas, Autis Chiapas y Autismo Chiapas, realizaran denuncias ante el Conapred, CEDH y el Senado por ofensas a la comunidad con autismo. Es entendible la molestia y más allá de la inapropiada expresión que fue dirigida a una persona en particular y no a la comunidad, habría que preguntarse: ¿legalmente, eso fue un acto de discriminación y de ofensa o es simplemente una metida de pata?
Vamos por partes, como diría Jack el Destripador, pero con la Constitución en la mano para no cortar donde no es. El artículo 1° de nuestra Carta Magna es claro como el bacardi carta blanca: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, la discapacidad, la condición de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Constitución habla de “objeto”, es decir, de la intención o el efecto práctico de excluir. No se refiere a emplear palabras dichas en el calor de una crítica política.
Llamar “autista” al exgobernador Rutilio Escandón ¿fue una expresión correcta? Para nada. El mismo Melgar lo reconoció: “Fue una expresión desafortunada”, dijo, y ofreció una disculpa sincera a quienes pudieron sentirse lastimados. Aclaró que su crítica era estrictamente política y dirigida a una persona en particular, no a la comunidad con autismo. Hasta aquí, el terreno de lo políticamente correcto. Pero vamos al terreno de lo legal, que es donde la piñata se rompe de verdad.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), publicada en junio de 2003 como instrumento reglamentario del artículo 1° constitucional, establece en su artículo 1, fracción III, que para que exista un acto discriminatorio se necesita una distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, la discapacidad, la condición de salud, entre otras, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos humanos. Dicho de otro modo, para que Melgar hubiera discriminado, su comentario tendría que haber tenido la intención o el efecto de excluir, limitar o menoscabar los derechos de las personas con autismo. ¿Sucedió eso? No. El senador no propuso una ley para quitarles derechos, no los excluyó de un lugar, no les negó un servicio, no los trató como ciudadanos de segunda. Usó mal una palabra.
Bajo esa guisa, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 26, establece que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley”, prohibiendo la discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Nuevamente: el énfasis está en la protección igualitaria ante la ley, no en la censura de expresiones desafortunadas en el debate político. ¿Es reprobable usar la palabra “autista” como insulto? Totalmente. Es un error de dicción y de sensibilidad. Pero de ahí a convertirlo en un caso de discriminación formal y de ofensa, hay un trecho.
UN CASO DE LESA GASTRONOMÍA.
Si el parámetro para apalear a un representante popular es la utilización de una palabra desafortunada, entonces en cualquier momento las cocineras tradicionales zoques de Copoya, Ocozocoautla, Tecpatán o Copainalá podrían denunciar a la senadora Sasil de León ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿El motivo? Haber osado preparar tamales de puerco con leche condensada, un atrevimiento culinario que, actualiza el menoscabo del patrimonio cultural inmaterial de la gastronomía chiapaneca. Eso sí que sería un caso serio: imaginen la audiencia en San José, Costa Rica, con peritos en masa de maíz nixtamalizado y expertos en chipilín, discutiendo si la leche condensada viola los derechos humanos de la comunidad zoque y maya en su vertiente de derechos culturales y económicos, afectando la identidad y el patrimonio, todo ello al amparo del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Con la misma vara que midieron a Melgar, cualquier desafortunado experimento gastronómico terminaría en La Haya.
Lo interesante del caso es que, Luis Armando Melgar hizo algo que escasea en la política: reconoció el error. No puso excusas, no dijo “me malinterpretaron”, no contrató a un community manager para que lo defendiera con memes. Dijo: “Fue un error, ofrezco disculpas”. Cometió el pecado de usar una palabra como proyectil. Y en un panorama donde la clase política se la pasa esquivando culpas como si fueran goteras, reconocer una metida de pata es, paradójicamente, un acto de madurez que el artículo 1° constitucional no exige, pero que la decencia pública agradece.
Si el senador Luis Armando Melgar canaliza esta atención en fortalecer una agenda real de inclusión para la comunidad con autismo, habrá transformado un tropezón en un trampolín. La propia LFPED, en su espíritu, busca promover la igualdad de oportunidades y trato, no solo castigar. No se requiere que le regalen un pin de concientización o que aparezca en una foto con una playera azul el 2 de abril. Se trata de acciones claras: impulsar reformas para el acceso a diagnósticos tempranos, apoyar y escuchar a las familias, generar espacios laborales inclusivos y, sobre todo, legislar con los oídos puestos en quienes viven con esta condición.
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Para terminar: “Mi medida del éxito de una sociedad es qué tan bien cuida a sus miembros más vulnerables”. Lo dijo Pearl S. Buck.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
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