Letras Desnudas
Mario Caballero
El Diario de Chiapas ha sido el medio de comunicación más incómodo para el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez.
No es gratuito, en este sentido, que durante su primer trienio haya incluso solicitado el respaldo del cabildo para censurar y perseguir judicialmente a este periódico por hacer su trabajo, lo cual configuraba por sí mismo un portentoso abuso de poder. Al no lograr su cometido, se dedicó a desacreditar a esta empresa, así como a sus columnistas y reporteros, todos estos años de su malogrado y corrupto gobierno.
En junio de 2020, el Diario dio a conocer a través de un extenso reportaje que el gobierno de Carlos Morales había cometido un claro acto de corrupción con la compra de contenedores para basura.
Párrafo tras párrafo pudimos conocer que dicha adquisición se había realizado por adjudicación directa, que se violaron procedimientos legales para favorecer a la empresa Veolia, con la que se realizó la transacción; también que el costo de los contenedores estaban con sobreprecio y que si estos se hubieran comprado con otros proveedores, como Jicoplastic Ibérica 2000, consorcio que vende recipientes con las mismas características, la comuna tuxtleca pudo ahorrarse alrededor de cinco millones de pesos.
Esta investigación periodística provocó que algunos diputados del Congreso del Estado exigieran que el Ayuntamiento revelara los detalles de la compra e, inclusive, la regidora Adriana Guillén Hernández, la única opositora de Morales Vázquez dentro del Cabildo, interpusiera una denuncia ante las instancias correspondientes y solicitara la intervención de la Auditoría Superior del Estado para esclarecer este claro acto de corrupción.
Por desgracia, las influencias del alcalde con el entonces auditor superior Uriel Estrada Martínez, impidieron que se hiciera justicia.
Durante la pasada contienda electoral, el Diario de Chiapas también demostró que Carlos Morales había desviado recursos del municipio mediante la contratación de empresas mediáticas para beneficiar la campaña de su compadre Aquiles Espinosa García, al que intentó imponer como candidato de Morena a la presidencia municipal.
Exhibió que el coordinador de Comunicación Social del Ayuntamiento, Alexis Sánchez Santiago, contrató diversos portales de noticias para difundir no las actividades del gobierno tuxtleco, sino las acciones proselitistas de Aquiles Espinosa, exsecretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado.
Estas investigaciones periodísticas son incontrovertibles por el peso y contundencia de las evidencias presentadas. Y son sólo dos de las muchas que esta casa editorial realizó a lo largo de estos seis años, que demuestran el tráfico de influencias, nepotismo, corrupción y enriquecimiento ilícito tanto del alcalde como de sus familiares, en especial su hermano Jorge, quien durante este tiempo se hizo de residencias de lujo y empresas dedicadas al ramo de la construcción.
EL CÁRTEL INMOBILIARIO
Esta vez, una nueva investigación saca a la luz la presunta complicidad de Carlos Morales con el llamado Cártel Inmobiliario de Chiapas.
En estas páginas se ha dado a conocer el caso de esta agrupación que durante más de diez años ha estafado a cientos de familias con la venta simulada de casas y terrenos en fraccionamientos de lujo, como Jardines de las Flores, Santa Fe, Jardines del Mactumactzá, La Arbolada, La Antigua, San Agustín y Fraccionamiento Ámbar.
El Cártel Inmobiliario es liderado por Erick Romero Peimberth, Gustavo Flores y Viridiana “N”, quien desde hace varios meses permanece en la cárcel acusada por los delitos de fraude y asociación delictuosa, principalmente.
De hecho, tras el arresto de Viridiana, Romero Peimberth (esposo) y Gustavo Flores (tío) se dieron a la fuga, ya que tienen abiertas al menos siete carpetas de investigación en su contra, más una veintena de denuncias penales.
Estos tres presuntos delincuentes son los culpables de haber dejado en la ruina a muchísimas personas que de buena fe formalizaron contratos de compraventa con las empresas GCI, Líneas del Sur o con el Grupo Constructor Inmobiliario Tu Casa en el Sureste, S.A. de C.V., representadas por Peimberth y sus socios, por alguna propiedad en las unidades habitacionales antes señaladas, cuyo valor de las residencias oscila entre los 2.5 y cinco millones de pesos, pero tras dar los anticipos o el pago total del bien inmueble no recibieron nada o una casa con documentos apócrifos o hipotecada.
Esta mafia involucra a notarios públicos, políticos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad y el Catastro, trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre otros.
De acuerdo con esta reciente investigación, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez podría ser otro de los cómplices.
LOS NEXOS
Descubrió que Carlos Morales trabó algún tipo de relación laboral con Erick Romero Peimberth y Gustavo Flores, a los que invitaba a las reuniones de trabajo con directivos de Smapa y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en el estado para según planificar el desarrollo del municipio. Tal como consta hasta en las publicaciones de Facebook del alcalde, donde ambos personajes aparecen en las imágenes de dicha reunión.
Considerando la actualidad de esas publicaciones, es imposible que Morales Vázquez no estuviera enterado de las acusaciones y demandas en contra de Peimberth y Flores, que tienen muchos años de ser del dominio público.
Pero eso es sólo la punta del iceberg.
También se descubrió que su gobierno le proporcionó permisos de factibilidad y uso de suelo provisionales a las empresas de Romero Peimberth para la construcción de sus fraccionamientos, según consta en los documentos en poder de este periódico.
Con ello, Morales Vázquez le permitió hacer y deshacer lo que le viniera en gana. Es más, no existen evidencias de que las autoridades municipales correspondientes verificaran la vigencia de mencionados permisos, ni la regularidad de las construcciones. Simplemente, fueron omisas.
Por esa misma omisión, unidades como el Fraccionamiento Ámbar sólo recibe agua potable una vez por semana, debido a que durante su construcción instalaron una tubería inadecuada.
En Jardines de Mactumactzá y Santa Fe, ni siquiera tienen medidores. El suministro se hace a través de una macro válvula. Todo esto el gobierno municipal lo dejó pasar.
Pero donde la complicidad del edil queda hasta ridículamente evidenciada es en la tibieza con que ha abordado, o ni siquiera eso, el adeudo millonario de dichos fraccionamientos con el Smapa.
Se conoce que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad ha ejercido presión legal contra ciudadanos con deudas por el servicio que no rebasan los mil pesos, pero en el caso del Cártel Inmobiliario no ha hecho absolutamente nada. Igual que con las irregularidades de construcción, ha volteado a ver para otro lado.
¿POR QUÉ?
Ante esta inexplicable indiferencia, el reportaje lanza la siguiente pregunta: ¿Por qué el gobierno de Carlos Morales Vázquez no actúa contra estos fraccionamientos y aplica una multa o suspende el servicio, así como lo hace en las colonias populares?
Me parece que la respuesta que propone es acertada por ser tan obvia: Erick Romero Peimberth y sus cómplices pudieron haber financiado su campaña de reelección. Por eso se mantiene callado.
De seguro, Carlos Morales tratará de desacreditar esta investigación. Empero, la información publicada, que consta en documentos en poder de esta casa periodística, no podrá desmentirla.
