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¿Complicidad o qué es lo que pasa aquí?

Letras Desnudas

Mario Caballero

La historia que les voy a contar tiene acusaciones bastante graves y todo apunta a que las autoridades responsables de la administración de los programas sociales en Chiapas podrían estar implicadas en un fraude a un numeroso grupo de ciudadanos o, de no serlo así, deberían por lo menos intervenir para aclarar este caso y se haga justicia.

Sucede que 59 personas provenientes de los ejidos Unión y Progreso, Benito Juárez, Jesús María Garza, Guadalupe Victoria, Palenque Los Pinos, Heriberto Jara, entre otros, del municipio de Villaflores, interpusieron una denuncia por los delitos de fraude, usurpación de funciones, asociación delictuosa y falsificación de documentos en contra de Liliana del Carmen Ruiz Alvarado, Mario Vázquez Chacón y Lidia Jemina Luna Thompson, quienes se identificaron como trabajadores del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Asimismo, denunciaron a Bulmaro Vázquez Nanguelu, Irma Chacón Vicente y Felipe Vázquez Nanguelu por el probable delito de encubrimiento de las conductas ilícitas antes señaladas y en agravio de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Tesorería de la Federación y Registro de Población e Identidad.

PORMENORES

Los hechos se dieron entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. Liliana Ruiz Alvarado y su esposo Mario Vázquez Chacón recorrieron las comunidades señaladas manifestando que trabajaban desde hacía más de un año con Lidia Luna Thompson, alias “la licenciada”, y con el esposo de ésta, del que nunca se supo su nombre pero que según es un alto funcionario del gobierno federal.

Los tres se identificaron como trabajadores del programa emblema del presidente López Obrador. Portaban credencial con fotografía, equipo electrónico especial, chalecos y playeras con el logo de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Entre los tres embaucaron a una buena cantidad de personas a las que les ofrecieron inscribirlas en distintos programas, como el Programa de Segunda Vinculación de 18 y 29 años, Programa de 30 a 64 años Edad Avanzada, Programa de Alta a Empresas como “Tutor” y al Programa Préstamos Bienestar.

Para demostrar que todo era legal presentaban, además de sus credenciales y uniformes, estados de cuenta en la que aparecían los depósitos mensuales de 5 mil 172 pesos que recibían otros supuestos beneficiarios a los que ellos habían ayudado.

Obviamente, el trámite tenía un costo, que iba desde los 3 mil 500 hasta los 20 mil pesos, según el programa.

Por ejemplo, para la inscripción al Programa de Segunda Vinculación de 18 a 29 años, el costo era de 3 mil 500 a 4 mil pesos. Los requisitos a entregar eran credencial de elector, comprobante de domicilio, número telefónico y correo electrónico.

Para las empresas “tutor”, es decir, para las que buscaban tener en capacitación a jóvenes becarios tenían que pagar 20 mil pesos, amén de proporcionar una fotografía de la fachada de la empresa, comprobante de domicilio, fotografía del representante legal de la empresa, número telefónico y correo electrónico.

Los demandantes, como mencionamos, fueron 59 personas y a éstas las defraudaron por una cantidad de 236 mil pesos. Se trata, no falta decirlo, de jóvenes, mujeres y hombres humildes, algunos campesinos, otros que tuvieron que prestar el dinero para lograr inscribirse a señalados programas y todos son habitantes de comunidades pobres y con ciertos indicadores de marginación social.

Según consta en la demanda en poder de este columnista, las personas agraviadas entregaron el efectivo directamente a Liliana del Carmen Ruiz Alvarado, en la casa de los señores Bulmaro Vázquez Nanguelu, Irma Chacón Vicente y Felipe Vázquez Nanguelu, ubicado en la 5ª. Oriente Norte, entre primera y segunda Norte, de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Villaflores.

En ese domicilio se llevaron a cabo las reuniones, la entrega de la documentación y del dinero, en un claro consentimiento de estos señores. Y, cabe señalar, que los demandantes describen que los 236 mil pesos fueron recibidos en su totalidad por Ruiz Alvarado, según como pago por la gestoría de inscripción a los programas integrales.

De las reuniones y de la entrega de los documentos y el efectivo, hay testimonios, videos, audios y fotografías, inclusive dentro de la propiedad que fue utilizada con tal propósito y de los vehículos usados por Lidia Luna, entre estos una camioneta blanca marca General Motors de la línea Equinox con placas de circulación DRM-520-CA y un coche color café marca Mazda con placas XZY-590-A del Estado de Veracruz. El primero de estos automóviles tiene pegado en el medallón una calca con el logotipo de Morena.

El asunto no termina ahí. Los sindicados aseguraban trabajar directamente bajo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador y, lo peor de todo, falsificaron documentos, según refiere la denuncia.

Así dice: “…nos percatamos que nos dieron de alta con datos apócrifos ante la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro…”. Los datos que habían sido alterados por los antes mencionados era el registro de la Curp.

Ante ello, las personas requirieron la devolución de su dinero, pero no han recibido más que largas. El 19 de marzo de este año, día que según “la licenciada” llegaría al domicilio señalado para sostener una reunión con los agraviados, envió un mensaje de voz vía WhatsApp para decir que ya no podría asistir por un supuesto bloqueo carretero.

Días después, el 24 de marzo, llegó al lugar, pero sólo para decirles que dichos “errores” en la documentación y en el registro se trataban de eso, errores. Por lo que les pidió una prórroga de tiempo para resarcirlos y si no lo lograba, les devolvería el dinero que cada uno de ellos aportó. No pasó ni lo uno ni lo otro.

Ese mismo día, Luna Thompson mostró un listado de alrededor de 300 personas de las que recibió dinero en efectivo para hacer las gestiones descritas. Lo que da a entender que el fraude podría superar con mucha facilidad el millón de pesos, suponiendo que cada agraviado le hizo entrega de por lo menos 4 mil pesos. Aunque hubo personas que le entregaron hasta 12 mil.

¿ACTUARÁN O NO ACTUARÁN?

No sería la primera vez que se denuncie un caso de este tipo, pero tal vez sea uno de los que los afectados tienen los pelos de la burra en la mano para señalar a los que presuntamente los defraudaron.

Este caso golpea sin duda alguna la credibilidad del gobierno federal, de los encargados de los programas sociales en el estado y del partido que dijo que combatiría la corrupción, así como se barren las escaleras, de arriba para abajo. Aunque es muy posible que igual como ha sucedido en otras ocasiones, ni siquiera se pronuncien para limpiar la imagen de la 4T.

Lo deseable es que no se presente ningún impedimento para que este caso encuentre justicia y sea investigado hasta las últimas consecuencias. Sobre todo, porque no estamos nada más ante el probable delito de usurpación de funciones, fraude y falsificación de documentos, sino porque también Lidia Luna ha lanzado amenazas con darles un levantón a los que la han denunciado.

@_MarioCaballero

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