Letras Desnudas
Mario Caballero
El tema del momento, y que por alguno u otro motivo no había podido abordar en este espacio, es la reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador. El cual quiero iniciar con una pregunta: ¿conviene elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia a través del voto popular?
No lo creo.
He llegado a esta conclusión por tres razones: las charlas que sostuve con un juez y un magistrado federal, la revisión que hice del documento publicado el mes pasado por el Diálogo Interamericano, el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados, y el caso Bolivia, que es el único país democrático donde el Tribunal Constitucional de última instancia es elegido por los ciudadanos.
Si me regalan unos minutos de su tiempo me gustaría comentárselos.
¿QUÉ DICEN LOS JUECES?
Para empezar, defienden y se sienten orgullosos de haber llegado a ser jueces siguiendo la carrera judicial.
Me comentaron que no es fácil el proceso para convertirse en juzgadores. Los dos empezaron desde abajo, como oficiales judiciales aprobando los primeros exámenes de oposición. A dicho proceso –dicen- se presentan cientos de candidatos, pero sólo son admitidos unas decenas.
Poco a poco van subiendo las categorías de la carrera judicial con más exámenes de oposición hasta llegar a la de juez de distrito. Según el Inegi, hay actualmente en el país 737 jueces en diversas materias de litigio. Después de este puesto se puede alcanzar el de magistrado, que es una posición jerárquicamente superior. Y se consigue aprobando otra serie de exámenes que realiza el Consejo de la Judicatura a través de sus áreas correspondientes.
A decir de los dos jueces, muchos se quedan en el camino por no obtener las calificaciones requeridas.
Hasta el cargo de magistrado, se trata del servicio civil de carrera basado en criterios meritocráticos, es decir, sólo llegan los que demuestran capacidad, conocimiento y experiencia en las diversas áreas del derecho.
Para el puesto de ministro de la Corte el proceso es distinto. Es un tema que está en los terrenos de la política. El presidente de la República propone una terna al Senado que tiene que aprobarse por una mayoría calificada de dos terceras partes. Y si en dos ocasiones no se logra esta votación, entonces el presidente tiene la facultad de imponer a su candidato, que puede o no ser miembro del Poder Judicial de la Federación.
A ambos les hice dos cuestionamientos. El primero, si de concretarse la reforma se postularían para el cargo de juez, magistrado o ministro. Los dos creen que no. ¿Por qué? –repliqué. Su respuesta fue que no son políticos, que no saben y no les interesa hacer campaña.
La otra pregunta fue si creían necesario que el Poder Judicial se legitimara a través de las urnas electorales. Con franqueza, y un tanto apenados inclusive, aceptaron que existen casos de corrupción, pero que también ha habido y hay procesos vigentes para sancionar a juzgadores acusados de realizar prácticas indebidas.
Ambos estuvieron de acuerdo en que es un error querer elegir a los jueces, magistrados y ministros por voto popular. No porque ellos quedarían sin trabajo, sino porque están convencidos que la legitimidad de los juzgadores recae en su profesionalismo y conocimiento en la aplicación de las leyes. Uno de ellos me dijo que no están para ser populares como cualquier político, sino para imponer el Estado de derecho y defender a las minorías de los posibles abusos de las mayorías.
EL DOCUMENTO
Este lleva por título Una amenaza a la independencia judicial: análisis a la iniciativa de reformas constitucionales en México. Y las razones que expone contra la elección de los jueces son las siguientes:
Uno. “La administración de justicia no debe depender del resultado de concursos de popularidad, ya que el buen juez es aquel que es lo suficientemente independiente como para defender la ley de forma imparcial, independientemente de su popularidad entre los votantes”.
Dos: “El nombramiento inicial reduce la influencia corrosiva de dinero en las elecciones judiciales al evitar a las y los candidatos la necesidad de solicitar contribuciones de personas con intereses potenciales en los casos que aquellos decidirán más tarde como juezas y jueces”.
Tres: “El costo de llevar a cabo campañas judiciales excluye del grupo de personas candidatas viables a aquellas con medios financieros limitados que carecen de acceso a contribuyentes con recursos financieros significativos”.
Y cuatro: “La necesidad de tener que solicitar contribuciones y ser presionadas públicamente para tomar posiciones sobre asuntos que más tarde tendrán que decir como jueces o juezas desalienta a muchas personas capaces y calificadas de buscar un cargo judicial”.
En pocas palabras, lo que regirá en los fallos de los juzgadores será la política y el dinero, no así la obediencia a la Constitución y las leyes.
Los jueces se verán a obligados, una vez en el cargo, a mostrar lealtad y hasta cierto punto sumisión a los partidos que los postularon a los puestos judiciales y a los que financiaron sus campañas político-judiciales. Incluso, el crimen organizado, con sus millones logrados mediante prácticas delincuenciales, podría pagar campañas para tener a jueces y magistrados a modo en los distintos tribunales del país.
EL CASO BOLIVIA
A partir de una reforma propuesta en 2009 por el expresidente Evo Morales, el Tribunal Constitucional Plurinominal se elige por el voto secreto de los ciudadanos en cada uno de los departamentos territoriales. Sin embargo, este procedimiento ha sido un fracaso que ha repercutido en la deficiente impartición de justicia de ese país.
En las elecciones de jueces y magistrados de 2011 y 2017, quienes fueron votados fueron personas afines al partido y al gobierno de Morales. Y las consecuencias más visibles fueron tres.
La primera, considerando que en Bolivia el voto es obligatorio, el 60 por ciento de los electores nulificó su sufragio como una forma de protesta contra este procedimiento y por el desconocimiento de los candidatos.
Segunda, se perdió la imparcialidad y la autonomía de los juzgadores, cuya función se vio subordinada al poder dominante en turno y al partido que los postuló.
Tercera, y no menor en importancia, las resoluciones de este Tribunal Constitucional estuvieron a favor del gobierno de Evo Morales. Una de ellas fue permitir su reelección como presidente, a pesar de que el pueblo ya se había manifestado en su contra.
Bolivia es un ejemplo claro que la elección directa de los jueces y magistrados es un rotundo fracaso tanto judicial como político.
CONCLUSIÓN
Al ver esto, concluí que no conviene la elección directa de los juzgadores. Puesto que al permitir que los jueces compitan como candidatos de un partido, como sucede en algunos tribunales estatales de la Unión Americana, es condenar a que la figura de los jueces se partidice. Esto, por supuesto, beneficia a los partidos mayoritarios. En nuestro caso, Morena se quedaría con el dominio de la Suprema Corte al obtener la mayoría de los ministros, lo cual desembocaría en la pérdida total de los contrapesos al poder. El Ejecutivo, que hoy controla el Legislativo, estaría poblando al Judicial con sus incondicionales.
Eso, a la verdad, no le conviene al país.
