Letras Desnudas
Mario Caballero
El diputado José Uriel Estrada Martínez debe ser sometido a juicio político.
Estando en plena coyuntura política, en la que tanto se habla de la llegada de una Nueva ERA para Chiapas, hay que insistir en la legalidad, en el combate a la corrupción, en acelerar el paso contra la impunidad. Lo que indefectiblemente implica acabar con esa gente que durante años ha abusado de los cargos públicos en beneficio propio, con esos mafiosillos que tras haber saqueado las instituciones lograron colarse en el Congreso del Estado en las pasadas elecciones.
Dicho en menos palabras, hacer una purga de la escoria que permanece en la estructura gubernamental sólo con la intención de seguir medrando con el poder.
Iniciar un juicio político en contra de Uriel Estrada no es una tarea sencilla de llevar a cabo, pero es necesario hacerlo. La consecuencia de seguir dándole largas a este asunto sólo será en perjuicio de la ciudadanía y de la credibilidad de los nuevos diputados. Puesto que este sujeto esté desempeñando un cargo legislativo en el parlamento local después de los graves delitos señalados en su contra como titular de la Auditoría Superior del Estado, es una burla a los chiapanecos. Inclusive, se burló de la pasada legislatura y ahora con su sola presencia se mofa de la actual.
MOTIVOS
De acuerdo con la Constitución y el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el juicio político contra Estrada Martínez es procedente, ya que entre los distintos actos que pueden motivarlo está haber cometido omisiones graves a las leyes y trastornar el funcionamiento normal de las instituciones. Y según información pública y publicada, Uriel abusó de su autoridad para enriquecerse y convirtió al órgano fiscalizador en una tienda donde se vendieron patentes de impunidad a funcionarios corruptos.
Fue nombrado auditor superior por el Congreso del Estado durante la madrugada del 31 de diciembre de 2018, pero pocos meses después de haber asumido el cargo fue denunciado ante los medios de comunicación por un grupo de presidentes municipales que lo acusaban de amenazas, extorsión y fraude.
Estos alcaldes explicaron que personal de la Auditoría Superior había llegado a sus oficinas para proponerles un pacto. Consistía en que mientras ellos estuvieran al corriente con el pago de las cuotas solicitadas, sus expedientes serían limpiados de cualquier irregularidad en la Cuenta Pública. De lo contrario, debían atenerse a las consecuencias.
Esas cuotas, según revelaron los ediles, iban de los dos a los 8 millones de pesos. Según el sapo era la pedrada.
Además, los presionaba para contratar obra con la empresa ESES Grupo Constructor, S.A. de C.V., propiedad de su hermano Óscar Estrada Martínez.
Muchos, por no decir la mayoría, de los alcaldes se volvieron partícipes de esta práctica corrupta: pagar por protección como si se tratara del pago por cobro de piso. Al fin y al cabo, el dinero que presuntamente le pagaban a Uriel Estrada por sus finos servicios no salía de sus bolsillos, sino de las arcas municipales.
Muestra de ello es lo que ventiló el ex edil del municipio de Reforma, Herminio Valdez Castillo (2018-2021), quien les aseguró a sus más cercanos colaboradores que no habría consecuencias por los desfalcos cometidos al erario público relacionados con la construcción de obras inconclusas, con sobreprecio y mal ejecutadas.
Les dijo: “Todo está arreglado. No van a molestarnos, ya me arreglé con el mero mero de la Auditoría Superior”. Se refería a Uriel Estrada Martínez.
Desde entonces los escándalos de corrupción en la ASE fueron cada vez más evidentes. Es más, fue claro el favoritismo que tenía sobre ciertos alcaldes. Como el de Yajalón, por ejemplo, Juan Manuel Utrilla Constantino.
Uriel no sólo volteó a ver para otro lado ante las anomalías en la Cuenta Pública de este presidente municipal que tuvo el descaro de utilizar los recursos públicos para armar un grupo de corte paramilitar para contrarrestar los movimientos sociales y las protestas en su contra, sino también lo protegió.
Se conoce por los informes individuales de la misma Auditoría Superior del Estado, que Utrilla Constantino causó un presunto daño a la Hacienda Pública municipal por más de 36 millones de pesos en su primer periodo de gobierno (2018-2021), pero sin la menor consecuencia. Tanto así que hoy es diputado local por el Partido Verde. Uriel Estrada, en lugar de dar parte a la Fiscalía para iniciar el procedimiento debido, archivó el expediente.
Otro caso es el del expresidente municipal de Simojovel, Gilberto Martínez Andrade, quien se declaró abiertamente compadre de Uriel.
A él, el hoy diputado indígena le perdonó un desfalco de alrededor de 300 millones de pesos. La información de este fraude fue recabada y documentada por la Auditoría Superior.
A través de distintas investigaciones periodísticas, como las muchas realizadas por el Diario de Chiapas sobre este caso particular, se descubrió que las cantinas, bares y antros que Estrada Martínez instaló en la capital del estado también son utilizadas para lavar dinero ilícito.
El encargado de realizar estas operaciones es su hermano Dionicio, quien también envía el dinero a la ciudad de Mérida, donde personas ligadas a Uriel lo invierten en negocios de bienes raíces.
LA RED
A saber, Uriel nunca actuó solo. A parte de los políticos que le brindaron protección, construyó su propia red de corrupción con la que extorsionaba a los alcaldes y funcionarios públicos, recolectaba el dinero de los “servicios” prestados y lo invertía en diferentes negocios.
En esta red de complicidades participan, y hablo en presente porque aún sigue activa, familiares, amigos e incondicionales del exauditor superior.
En poder de este columnista hay una lista de 34 personas que, mientras usted lee este texto, están trabajando a marchas forzadas en las oficinas de la Auditoría Superior en la limpieza de los expedientes de los alcaldes que acaban de dejar el cargo.
Uriel les ordenó hacer esa tarea a pesar de que ya no es el titular de la institución.
Entre esos funcionarios está Wenceslao Calderón Maza, al que él mismo dejó en su lugar. También Víctor Manuel Meneses Domínguez, su cuñado, quien ocupa el cargo de jefe de la Unidad General de Administración. El hermano de éste, Gabriel Meneses Domínguez, subdirector de investigación.
Los dos últimos no tienen empacho en hacer ostentación del dinero que han ganado a través de la extorsión a los alcaldes. Víctor Manuel, por ejemplo, presume en las redes sociales sus viajes por la Riviera Maya, donde se hospeda en hoteles exclusivos.
Por otra parte, Gabriel Meneses, junto con Abelardo Pascasio Ruiz (jefe de la Unidad Anticorrupción) y Karen Chacón González (subdirectora de Profesionalización), se encarga de concluir y archivar los expedientes, con tal de evitar que se les inicie un procedimiento en la Fiscalía.
¿DESAFUERO?
En otra entrega abundaré un poco más sobre otros funcionarios implicados en la red de corrupción del diputado Uriel Estrada, quien convirtió al órgano de fiscalización en un despacho contable, donde hay expertos en maquillar estados financieros.
Mientras tanto, ha quedado claro que es necesario el juicio político contra este sujeto que fue capaz hasta de usurpar una diputación que le correspondía una cuota indígena y que la ASE debe ser purgada.
