Letras Desnudas
Mario Caballero
Desde que se tiene memoria siempre se ha hablado de la venta de plazas magisteriales en la Secretaría de Educación del Estado. Ha sido una constante entre las autoridades del sector, un cáncer que ha sobrevivido gobierno tras gobierno y que ha afectado tanto los derechos de los educadores como la educación misma, ya que muchos de los que hoy están al frente de un aula de clases no aprobaron el examen de oposición sino compraron su nombramiento.
No ha sido la excepción en el periodo de Rosa Aidé Domínguez Ochoa, quien según encabeza una red de corrupción, junto con el titular de Enlace del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Esicamm), Alonso Augusto Ramos Balboa, que comercializa las plazas del magisterio y lucra con los derechos laborales de los docentes, en un negocio que ha enriquecido a muchos funcionarios.
CORRUPCIÓN Y ABUSO
La trama es fácil de explicar.
Empiezo por mencionar que existen varias denuncias penales en contra de la Secretaría de Educación estatal y del Esicamm, así como quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por malas prácticas y violaciones a los derechos laborales del personal docente.
De acuerdo con información dada a conocer por trabajadores de ambas instituciones, Domínguez Ochoa y Augusto Ramos tienen operadores que se encargan de ofrecer, acomodar, negociar y recaudar los recursos que obtienen con la venta de plazas y con la asignación de horas adicionales y cambios de adscripción.
Para efectos de tener una mayor claridad sobre este caso de corrupción, nombraré solamente a los principales cómplices de este cártel que opera con acuerdos económicos y políticos aprovechándose de la necesidad de los maestros.
Uno de ellos es Juan Jesús Guillén Miceli. Este funcionario desempeña el cargo de director de Educación Secundaria y Superior de la Secretaría de Educación Federalizada, y se cuenta que desde ahí ha hecho una fortuna con la venta de plazas de secundaria técnica, así como haber abusado de su posición para utilizar como carne de cañón a los maestros de ese nivel en específico durante el pasado proceso electoral, prometiéndoles dádivas o privilegios a cambio de que apoyaran a diversos candidatos de la 4T y acudieran a los mítines proselitistas.
El descaro de este servidor público ha llegado a tanto de que en esta administración ocupa dos cargos en la dependencia. Uno –dijimos- como director de Educación Secundaria y Superior y otro como encargado del Departamento de Formación y Actualización Docente.
Otro de los operadores es Walter Sarmiento Toledo, jefe del Departamento de Secundaria Técnica, que en diciembre del año pasado fue acusado de adjudicar arbitrariamente, a conveniencia y en plena violación a la ley, el cien por ciento de las horas libres de las escuelas en Tuxtla Gutiérrez, San Fernando, San Cristóbal de las Casas, Comitán, entre otros.
De acuerdo con los lineamientos, el 40 por ciento de las horas libres de cada plantel escolar son para el personal de nuevo ingreso, mientras el 60% se distribuye entre los profesores de acuerdo con su antigüedad. Y Sarmiento Toledo, según esta acusación, las repartió entre personas afines a él o las vendió en conjunto con las plazas.
Un miembro más es Paola Coello Caballero, titular del Instituto de Profesionalización Docente, quien a pesar de los señalamientos en su contra se ha atrevido a mentirle al gobernador Rutilio Escandón durante las reuniones del Gabinete Legal y Ampliado de que el organismo a su cargo ha cumplido con la mejora continua de los procesos educativos, promoviendo la formación, actualización y evaluación de los docentes.
Pues aparte de ser cuestionada por las irregularidades detectadas en los diversos procesos de evaluación y complicidad en el otorgamiento de plazas del magisterio, se ha filtrado a los medios de comunicación que su sueldo líquido alcanza los 100 mil pesos mensuales, ya que cobra por tres plazas. Gana incluso más que el mismo gobernador.
OPERADORES DEL ESICAMM
Los tres personajes antes mencionados están bajo las órdenes de la secretaria Rosa Aidé, es decir, son sus cómplices y protegidos. Los de Alonso Augusto Ramos, en el Esicamm, son los siguientes:
Marco Antonio Montoya Cruz, jefe del Departamento de Normatividad; Miguel Antonio Ramírez Díaz, jefe de Operación; Ángel del Carmen González Luna, jefe de Administración; Ana Cristel Castañón y Yadira Estrada, en la secretaría particular, y Rodrigo de Jesús Pérez Hernández, jefe del Departamento de Informática.
Estos seis servidores públicos están acusados de tomar las plazas de los maestros para sus familiares y venderlas a cambio de beneficios económicos y por presuntos favores sexuales. Con esta práctica han despojado a cientos de educadores de los espacios laborales que por derecho les correspondía
Por los cuestionamientos que pesan sobre Augusto Ramos Balboa, puede presumirse que convirtió el Esicamm en una empresa familiar, donde ha beneficiado a varios miembros de su familia y personas afines.
Una de ellas es Ana Paulina Robles Sarti, a la que nombró jefa de Departamento de Educación a Distancia del CETE, quien gusta presumir fotos de sus viajes en el extranjero en las redes sociales, así como sus lujos y gustos fifí.
Otro es su hermano Fredy Ramos, quien fue cesado el 27 de mayo de 2022, mediante el oficio 339, firmado y sellado por la secretaria Rosa Aidé Domínguez, por abuso sexual en la Escuela Secundaria Dr. Belisario Domínguez, ubicada en la colonia Cabeza de Toro, municipio de Tonalá.
Empero, el cinco de julio del mismo año, en el oficio SE/SEE/DEB/DES/0757/2022, dirigido al director de la secundaria David Ojeda Velázquez, se pide que Fredy Ramos Balboa sea reconsiderado en este centro de trabajo y frente a grupo.
Ante ello la reacción de los padres de familia y maestros de la institución educativa fue de protesta e indignación. Obvio, no les pareció que alguien acusado de este delito fuera admitido en la escuela. Pero en cambio la respuesta de Fredy Ramos fue de burla. Les dijo: “Me la pelaron. Mi hermano Alonso es poderoso en la Secretaría de Educación”.
Alonso Ramos también tiene doble plaza. Cobra como coordinador del Esicamm y como docente de Cetis (Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios).
Por otra parte, Miguel Antonio Ramírez es señalado por autoasignarse horas en el nivel de secundaria estatal y, abusando de su autoridad, le concedió a su esposa una plaza de nivel preescolar y comisionada en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
Derivado de estos excesos de poder los líderes sindicales del magisterio pidieron la instalación de una mesa de negociación con las autoridades estatales y federales. Empero, igual que con las demandas penales y las quejas ante la CEDH, no sirvió de nada. Todos los arriba mencionados gozan de impunidad, así como de sus residencias, ranchos y otros inmuebles que no tenían antes de ocupar estos puestos.
SE REPITE LA HISTORIA
De este modo, la secretaria Rosa Aidé Domínguez Ochoa y su cártel tienen muchas cosas que aclarar, tanto con el gobernador como con la justicia.
Lo peor es que nuevamente los maestros y la educación de los chiapanecos pagan los platos rotos. La corrupción y las viejas prácticas del poder, que mucho se criticaron en el pasado, volvieron a repetirse.
