Letras Desnudas
Mario Caballero
Hoy voy a contarles las historias de cuatro personas que fueron estafadas por una red de empresarios, notarios y autoridades estatales y municipales, conocida como el Cártel Inmobiliario de Chiapas.
La primera es de Hayne González, una mujer trabajadora que después de tantos años de esfuerzo logró hacer su sueño realidad, es decir, adquirir una casa, y lo hizo en 2009 con la empresa Grupo Constructor Líneas del Sur, S.A. de C.V., mayormente identificada como “GCI”, en el fraccionamiento Jardines de las Flores, por la que pagó 3.5 millones de pesos.
Quien sabe lo que cuesta hacerse de un hogar, entenderá el coraje de Hayne, quien un día entró a la que según era su vivienda y se topó con un señor que tan campante regaba el pasto.
¿Usted quién es? -preguntó. Él le respondió: “es mi propiedad”.
La casa fue revendida. Tras investigar, Hayne encontró que las escrituras de su vivienda habían sido falsificadas por la Notaría Pública número 118 a pesar de estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad.
Como interpuso una demanda, le entregaron otra casa, que estaba a nombre de la esposa del representante de la empresa GCI. Para esto pasaron ocho años para que se solucionara la situación. Pero la historia no termina ahí.
Hace algunos meses, Hayne recibió un requerimiento de pago por parte del banco, en el que le informaban que tenía un adeudo de seis meses del préstamo hipotecario. Ella tiene la casa a su nombre, pero en documentos oficiales aparece bajo propiedad de Leonardo Daniel López Gálvez, encargado de la Delegación de Tuxtla Gutiérrez del Registro Público de la Propiedad.
Hayne volvió a demandar.
SEGUNDA HISTORIA
El segundo caso es de Carolina González Godoy, quien firmó un contrato de compraventa con la misma empresa (GCI) por la adquisición de una residencia en el fraccionamiento Jardines de Mactumactzá, por alrededor de 3 millones de pesos.
Esta transacción fue en febrero de 2017, pero el siete de mayo de 2021 le sucedió lo mismo que a Hayne González, le llegó un requerimiento del banco en el que le advertían sobre el vencimiento de varias mensualidades de la hipoteca.
Al ver que era inútil contactar a la compañía que le vendió la casa, demandó. El número de la causa penal es 103/2022, por la que se abrió la carpeta de investigación por el delito de fraude específico, en la que está vinculado a proceso Erick Romero Peimberth, representante de GCI, y como imputado Gustavo Adolfo Flores, otro de los cómplices del fraude.
Esta historia tampoco termina ahí. Tras el desgaste económico, moral y psicológico, además de la larga espera de la audiencia, pues la carpeta de investigación no caminaba, Carolina recibió una notificación el pasado seis de enero del Juzgado Segundo de lo Civil, que especifica que Romero Peimberth la demandó por recisión de contrato y cambio de situación jurídica.
ROBO DE PREDIO
La tercera historia es de Guillermina Flores López, una mujer de la tercera edad, vulnerable y viuda, quien falleció hace cinco años.
A esta señora le robaron literalmente más de tres y media hectáreas de terreno, ubicadas dentro de Tuxtla Gutiérrez. ¿Por qué se dice que se las robaron? Porque nunca recibió un peso.
De acuerdo con comentarios de María del Rosario Gómez Flores, hija de doña Guillermina, ese predio tiene un valor superior a los 30 millones de pesos. Y los que la defraudaron construyeron ahí un complejo residencial que consta de 91 casas, conocido como Fraccionamiento Ámbar, que se localiza sobre la 15ª. Poniente Norte de la ciudad capital, cuyo precio de las casas va entre los 3.5 y los 5 millones de pesos cada una.
La compraventa del señalado terreno se dio antes de 2015, también con los representantes del Grupo Constructor Líneas del Sur. Sin embargo, al emprender la acción legal por la vía mercantil en 2017, se supo que Romero Peimberth y su consorte traspasaron la propiedad, de manera legal y ventajosa, a otras compañías, entre ellas, Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar, de la que son socios o prestanombres los hermanos Juan José y Alejandro Javier Gutiérrez Chapa.
Para calmar los ánimos, a los familiares de doña Guillermina les prometieron que les darían ocho casas o un pago por 14 millones de pesos, lo que no ha pasado.
No es todo. Con la complicidad de diversas autoridades judiciales, el proceso penal lo han querido tumbar en tres ocasiones. La primera por sobreseimiento, la segunda por no ejercicio de la acción penal y, la tercera, por prescripción.
NI LOS MÉDICOS SE SALVAN
La última historia es del médico Miguel Ángel Vázquez, quien compró una propiedad en 2009 con Gustavo Adolfo Flores, ubicada en el fraccionamiento La Vista, por un monto superior a 1.7 millones de pesos.
El fraccionamiento La Vista se trataba, en un principio, de un proyecto que contemplaba una torre de consultorios médicos, un hospital de tercer nivel y algunos desarrollos residenciales. Empero, no fue autorizado por el Ayuntamiento capitalino.
A Miguel le dijeron que no le podían devolver el dinero, pero en cambio le entregarían un departamento en el edificio La Antigua, ubicado en la privada San Ignacio número 159, también en Tuxtla.
Para ello firmaron un nuevo contrato en 2011 y se suponía que en 2013 el darían dicho departamento, lo cual nunca sucedió. Actualmente, tan sólo hay un edificio color blanco, sin terminar, que para el colmo se deterioró con el sismo de 2017.
Por este caso también hay una denuncia penal.
EL CÁRTEL Y SUS PROTECTORES
El llamado “Cártel Inmobiliario de Chiapas” está encabezado por los pseudo empresarios Erick Romero Peimberth, Gustavo Adolfo Flores Alfaro, Luis Ernesto Sauza y los hermanos Juan José y Alejandro Javier Gutiérrez Chapas, quienes son solapados por diversas autoridades estatales y municipales.
¿Cómo operaron los fraudes?
Simple, primero constituyeron e inscribieron en el Registro Público de la Propiedad diversas empresas, entre las que se encuentran GCI, Urban Group, Inmobiliaria Umbrela del Sureste, Inmobiliaria Chiapaneca Ámbar y Desarrolladora de Conjuntos Residenciales del Centro de Chiapas.
Luego, tramitaron los créditos para la realización de sus proyectos mediante fideicomisos y/o uniones de crédito. Una vez obtenido el recurso, comenzaron con la construcción y promoción de la compraventa de los mismos. Estos son: fraccionamiento Ámbar, Santa Fe, Jardines de Mactumactzá y Jardines de las Flores, además del edificio Residencial Antigua, todos en la capital del estado.
Finalmente, los compradores firmaron de buena fe los contratos y realizaron los pagos correspondientes, incluso algunos terminaron de pagar sus casas. Empero, al momento de exigir sus escrituras se dieron cuenta que estaban a nombre de otros, o no estaban construidas las viviendas, o no estaban asentadas en el Registro Público de la Propiedad o seguían estando bajo la propiedad de los fideicomisos o uniones de crédito. Ahí la razón de que tiempo después los bancos les exigieran los pagos atrasados.
¿Quiénes los protegen?
Para empezar, se habla de la secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores Pérez, quien es prima hermana de Gustavo Flores Alfaro.
Para acabar, del diputado federal por Morena y ex secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, de quien se cuenta que ha traficado influencias en el Poder Judicial del Estado para que los procesos judiciales no procedan ni avancen.
Twitter: @_MarioCaballero
