Letras Desnudas

Mario Caballero

Hoy arranca una nueva etapa en la vida pública de México con la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta en la historia del país.

Sin duda, hay varias cosas de las cuales se puede hablar al respecto. Como anhelos, inquietudes y expectativas de las que seguramente mucho se publicará este día en los diarios y en la mayoría de los medios de comunicación. Pues es un evento histórico que podría marcar un antes y un después en nuestra nación.

Por mi parte, me dedicaré a leer este día todo lo que se escriba sobre este importante acontecimiento. Ya habrá tiempo para opinar al respecto en este humilde espacio. No obstante, no dejaré de expresar mis deseos por que la presidencia de la doctora Sheinbaum sea la mejor y logre encaminar a México hacia el desarrollo, la estabilidad gubernamental, la seguridad y la reconciliación nacional: cuatro elementos que mucha falta nos hacen en tiempos actuales para dormir en paz y vivir tranquilos.

En cambio, quiero, si usted me lo permite, apreciable lector, cuestionar un tema que a todos nos concierne y a todos nos preocupa. Me refiero a la impunidad de los que hoy dejan el poder, especialmente de los presidentes municipales que quizá representan el eslabón más pequeño de la cadena de corrupción, pero también el más descarado.

Qué pasará con ellos, ¿se les tolerará o se les castigará? ¿Quedarán impunes sus abusos de autoridad, así como el tráfico de influencias, peculado, nepotismo y la malversación que cometieron en contra de los recursos de los chiapanecos o se les llamará a cuentas?

Muchos de ellos llegaron al poder con una mano por delante y otra por detrás, pero se van convertidos en nuevos millonarios, dejando a sus hoy ex gobernados en el abandono, con servicios públicos mediocres e insuficientes y muy probablemente con deudas por pagar.

EL GUACAMAYÓN

Tal vez el peor de todos es Carlos Morales Vázquez, exalcalde de Tuxtla Gutiérrez.

Llegó al gobierno de la capital después de dos intentos fallidos, agarrado de la mano de la Cuarta Transformación. Pero no cumplió los postulados de no mentir, no robar y no traicionar.

Hay documentos, informes de auditoría y declaraciones de los mismos trabajadores del Ayuntamiento que aseguran que sus dos periodos consecutivos fueron una feria de corrupción.

Se presume que tras las adquisiciones de contenedores para basura que le hizo a la empresa Veolia de manera directa, pudo haber logrado ganancias personales por arriba de los 15 millones de pesos.

A este fraude hay que sumarle los millones que no comprobó durante varios ejercicios fiscales por la compra de equipo de seguridad y uniformes para los elementos de Seguridad Pública. Asimismo, la opacidad en los contratos de arrendamiento de patrullas e inmuebles, la falta de transparencia en los ingresos obtenidos por el servicio de los parquímetros virtuales y hasta por el de los baños de los mercados públicos, que en el peor mes logran recaudar alrededor de 150 mil pesos cada uno.

Por si fuera poco, también cuenta con señalamientos por desvío de recursos a través de los contratos de obra pública, que fueron manejados por su hermano Jorge Morales.

Y no olvidemos los 80 millones de pesos que presuntamente tomó de las arcas municipales para financiar las precampañas políticas de Aquiles Espinosa García, al que quiso imponer como su sucesor; de Zoé Robledo Aburto, director del IMSS, exaspirante a la gubernatura, y de él mismo, que absurdamente también puso sus ojos en la candidatura de Morena al Gobierno del Estado.

LA MUÑECA

Otro expresidente municipal que salió por la puerta trasera este 2024 después de dos periodos al hilo, es Juan Antonio Castillejos Castellanos.

Este cacique político que ha ostentado el gobierno del municipio de San Fernando durante más de 20 años, ya sea de manera directa o a través de sus familiares, ha amasado una fortuna a costa del erario consistente en ranchos ganaderos, residencias de lujo, más de cien casas, camionetas de alta gama y decenas de tiendas comerciales y empresas dedicadas al giro de la construcción.

Nada más en 2022, un informe de la Auditoría Superior del Estado correspondiente al ejercicio de ese año, reveló que en la Cuenta Pública se registraron 16 observaciones por un importe de 7 millones 106 mil 276.33 pesos.

Este presunto daño a la Hacienda Pública fue por compra de combustible que fue utilizado en automóviles que no forman parte del parque vehicular del Ayuntamiento, así como por defectos en la adquisición de materiales para obra pública y gastos irregulares en la entrega de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.

Recordemos que en la revisión de la Cuenta Pública de 2020, Castillejos Castellanos fue denunciado por el presunto fraude de más de 17 millones 344 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), según la auditoría ASE/OAC/037/2021.

EL ELOTE

Uno más es Juan Manuel Utrilla Constantino, alias “El elote”, quien al igual que Morales y Castillejos gobernó Yajalón por dos periodos consecutivos tras las siglas del Partido Verde, con la diferencia de que se sostuvo con el respaldo de grupos armados a los que según protegía y financiaba con recursos públicos.

Entre muchas denuncias, lo acusan de cometer un fraude por arriba de los 85 millones de pesos en la realización de supuestas obras de rehabilitación de calles. Para el colmo, gastó alrededor de 28 millones en arreglar un kilómetro y medio de camino rural que conduce ni más ni menos que a su propio rancho.

Durante su periodo como alcalde, adquirió varias propiedades, como la lujosa casa que le regaló a su esposa Gabriela Gutiérrez Hernández en Berriozábal, valuada en 7 millones de pesos, más camionetas de lujo y ranchos donde tiene caballos pura sangre.

Aparte, un informe de la Auditoría Superior del Estado reporta que Utrilla provocó un daño al erario por arriba de los 36 millones de pesos en su primer trienio (2018-2021).

Como premio a su corrupción, hoy rindió protesta como diputado local.

GILBERTO MARTÍNEZ

El último en esta pequeña lista es Gilberto Martínez Andrade, exalcalde de Simojovel, otro pequeño cacique político que también se acuerpó de grupos paramilitares para someter a la población y mantenerse en el poder.

Según informes de auditoría, se le señala como responsable de un desfalco a las arcas de este municipio por más de 300 millones de pesos.

¿ENTONCES?

Dicho esto, sería sumamente indignante que estos cuatro políticos se marchen sin ninguna consecuencia a disfrutar de la riqueza que amasaron a costillas de las necesidades de los municipios que supuestamente gobernaron.

Hoy que inicia un nuevo gobierno y probablemente un nuevo régimen gubernamental, debería emprenderse una auténtica lucha contra la impunidad. Pues no es con discursos con que se acabará con la corrupción de los gobernantes, sino con la aplicación estricta de la ley y mano dura.

Entendamos: la Cuarta Transformación no se conseguirá sin antes poner tras las rejas a cuanto político haya abusado del poder en detrimento del bienestar de los ciudadanos.

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