Letras Desnudas
Mario Caballero
¿Cómo va el tema de la impunidad en México?
Hago esta pregunta tras siete años de haber iniciado el mentado combate a la corrupción y al concluir el primer año de la presidencia de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Ha reducido o sigue, como en sexenios pasados, intocable?
Quiero pensar que usted, apreciado lector, es una de esas personas preocupadas por este tema. Pues la impunidad, que es prima hermana de la corrupción, ha sido uno de los peores cánceres de nuestro país, culpable de muchos desastres, del atraso social y, de manera especial, de la falta de acceso a la justicia en casos de latrocinio, desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito de políticos mano larga.
Pero creo que la pregunta no es si se ha combatido la corrupción y la impunidad, sino si realmente el gobierno de la Cuarta Transformación está dispuesto a combatir estas dos asignaturas pendientes.
Pregunto esto debido a que en la actualidad hay muchos políticos señalados de robo al erario público que se pasean por las calles como si nada, presumiendo su nueva condición de millonarios, disfrutando de una riqueza que por derecho era de los ciudadanos, entre ellos muchos expresidentes municipales.
Qué pasará con ellos, ¿se les tolerará o se les castigará? ¿Quedarán impunes sus abusos de autoridad, así como el tráfico de influencias, peculado, nepotismo y la malversación que cometieron en contra de los recursos o se les llamará a cuentas?
En Chiapas, muchos de ellos llegaron al poder con una mano por delante y otra por detrás, pero se fueron convertidos en grandes potentados, dejando a sus hoy exgobernados en el abandono, con servicios públicos mediocres e insuficientes y, en el colmo, con deudas por pagar.
Si me lo permite, enumeraré en este espacio a algunos de ellos.
EL GUACAMAYÓN
Empiezo con Carlos Orsoe Morales Vázquez, exalcalde de Tuxtla Gutiérrez, uno de los peores en tiempos recientes.
Llegó al gobierno de la capital después de dos intentos fallidos, agarrado de la mano de la Cuarta Transformación. Pero no cumplió los postulados de no mentir, no robar y no traicionar.
Hay documentos e informes de auditoría que aseguran que sus dos periodos consecutivos fueron una feria de corrupción y saqueo en despoblado.
Se presume que tras las adquisiciones de contenedores para basura que le hizo a la empresa Veolia a través de adjudicación directa, pudo haber logrado ganancias personales por arriba de los 15 millones de pesos. Sí, este consorcio de origen francés pudo haberle concedido un diezmo por esa cantidad en pago a dicha compra y a otros beneficios pactados bajo la mesa.
A este fraude hay que sumarle los millones que no comprobó durante varios ejercicios fiscales por la compra de equipo de seguridad y uniformes para los elementos de Seguridad Pública. Asimismo, la opacidad en los contratos de arrendamiento de patrullas e inmuebles, la falta de transparencia en los ingresos obtenidos por el servicio de los parquímetros virtuales y hasta por el de los baños de los mercados públicos, que en el peor mes lograron recaudar alrededor de 150 mil pesos cada uno.
Por si fuera poco, también cuenta con señalamientos por desvío de recursos a través de los contratos de obra pública, que fueron manejados por su hermano Jorge Morales.
Y no olvidemos los 80 millones de pesos que presuntamente tomó de las arcas municipales para financiar las precampañas políticas de Aquiles Espinosa García, al que quiso imponer como su sucesor; y de él mismo, que absurdamente también puso sus ojos en la candidatura de Morena al Gobierno del Estado.
LA MUÑECA
Otro expresidente municipal que salió por la puerta trasera este 2024 después de dos periodos al hilo, es Juan Antonio Castillejos Castellanos.
Este cacique político que ha ostentado el gobierno del municipio de San Fernando durante más de 20 años, ya sea de manera directa o a través de sus familiares, ha amasado una fortuna a costa del erario consistente en ranchos ganaderos, residencias de lujo, más de cien casas, camionetas de alta gama y decenas de tiendas comerciales y empresas dedicadas al giro de la construcción.
Nada más en 2022, un informe de la Auditoría Superior del Estado correspondiente al ejercicio de ese año, reveló que en la cuenta pública se registraron 16 observaciones por un importe de 7 millones 106 mil 276.33 pesos.
Este presunto daño a la Hacienda Pública fue por compra de combustible que fue utilizado en automóviles que no forman parte del parque vehicular del Ayuntamiento, así como por defectos en la adquisición de materiales para obra pública y gastos irregulares en la entrega de los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.
Recordemos que, en la revisión de la cuenta pública de 2020, Castillejos Castellanos fue denunciado por el presunto fraude de más de 17 millones 344 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de la Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), según la auditoría ASE/OAC/037/2021.
EL ELOTE
Uno más es Juan Manuel Utrilla Constantino, alias “El elote”, quien al igual que Morales y Castillejos gobernó Yajalón por dos periodos consecutivos tras las siglas del Partido Verde, con la diferencia de que él gobernó bajo el cobijo y protección de grupos armados a los que según financiaba con recursos públicos.
Entre las muchas denuncias en su contra lo acusan de cometer un fraude por arriba de los 85 millones de pesos en la realización de supuestas obras de rehabilitación de calles y vialidades. Como el gasto de 28 millones de pesos que ejerció en el arreglo de un kilómetro y medio de camino rural que conduce ni más ni menos que a su propio rancho.
Durante su periodo como alcalde adquirió varias propiedades, como la lujosa casa que le regaló a su esposa Gabriela Gutiérrez Hernández en Berriozábal, valuada en 7 millones de pesos, más camionetas de lujo y ranchos donde tiene caballos pura sangre.
Aparte, un informe de la Auditoría Superior del Estado reporta que Utrilla provocó un daño al erario por arriba de los 36 millones de pesos en su primer trienio (2018-2021).
Como premio a la corrupción, hoy funge como diputado en el Congreso del Estado.
GILBERTO MARTÍNEZ
El último en esta pequeña lista es Gilberto Martínez Andrade, exalcalde de Simojovel, otro pequeño cacique político que también se acuerpó de grupos armados para someter a la población.
Según informes de auditoría, se le señala como responsable de un desfalco a las arcas de este municipio por más de 300 millones de pesos.
¿EN QUÉ ESTÁBAMOS?
Así, tras siete años de haber iniciado el combate a la corrupción e impunidad, sería indignante que estos políticos vivan sin ninguna consecuencia legal por los daños que le hicieron al pueblo que gobernaron y disfruten de la riqueza que amasaron a costillas de las necesidades de la gente.
Entendamos que no es con discursos con que se acabará la corrupción de los gobernantes, sino con la aplicación estricta de la ley. La Cuarta Transformación no se conseguirá sin antes hacer justicia y castigar la corrupción, tanto la pasada como la presente.
