La corrupción de Carlos Martínez Vázquez

Letras Desnudas

Mario Caballero

Sin querer, o mejor dicho, sin buscarlo me encontré una publicación en Facebook de uno de los restaurantes más caros de Tuxtla Gutiérrez que felicitaba por motivo de su cumpleaños a una dama de nombre Fabiola López, quien aparecía en la imagen acompañada de Carlos Enrique Martínez Vázquez, ni más ni menos que el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas.

¿Qué hay de malo en ello? A simple vista, nada. Si mira usted la imagen son sólo dos personas disfrutando el pastelito de cortesía de ese lugar fino y elegante.

No estoy en contra de que las personas se den sus gustos y lujos si tienen el dinero para hacerlo. Al fin y al cabo para eso es la paga, para gastarla en lo que a uno mejor le plazca.

Pero si a esa fotografía aparentemente inofensiva la ponemos en contexto, las cosas cambian diametralmente. Y si además le agregamos información, como la que proporcionaré enseguida, es un insulto y una apología de la desfachatez.

EL CONTEXTO

Empiezo con el contexto.

Pregunto: en este momento, ¿cuál es el tema que acapara toda la atención pública y que está llevando al país a una situación donde podría detonarse una indeseable crisis constitucional? Sí, la reforma judicial, un asunto por el cual los poderes Ejecutivo y Legislativo están jalándose de la greña en una disputa desigual contra el Poder Judicial.

Bueno, ¿y cuál es el fondo de esta discusión? Los señalamientos de que los jueces, magistrados y ministros son corruptos y que abusan de su autoridad para traficar influencias y fomentar el nepotismo.

No generalizo. De manera personal conozco a muchos jueces y magistrados que tienen una carrera judicial intachable, honorable y su función goza de una credibilidad a prueba de balas.

Sin embargo, las cosas están así: con insultos, descalificaciones y humillaciones a la orden del día hacia al Poder Judicial. Peor aún, ya es una creencia casi general de que todos los impartidores de justicia son corruptos y profesionales en torcer la ley a favor de sus intereses monetarios.

Inclusive, hay denuncias de que jueces y magistrados se han prestado o vendido para fallar a favor de la gente poderosa, sean políticos o ricos.

Si usted sale y le pregunta hoy a la primera persona que se le atraviese en el camino cuál es su opinión sobre los jueces, seguramente le dirá que son funcionarios públicos de lo peor. La imagen del juzgador en este preciso momento está por los suelos.

Por tanto, que Carlos Martínez se pasee como todo un millonario por los mejores restaurantes de la capital le da la razón al gobierno de que todos los togados y representantes de los órganos colegiados son corruptos y clasistas.

Es más, en cada temporada de la Feria Chiapas se le ve en los mejores lugares de la primera fila del palenque para ver a sus artistas favoritos mientras se echa sus buenos tragos de whisky.

Como dice el dicho, “ve la tempestad y no se hinca”.

Estos son tiempos en que todo el personal del sistema judicial, en especial los que ocupan cargos de mayor jerarquía, ya no digamos los jueces y magistrados, deben ser lo más políticamente correctos, mostrar prudencia y recato tanto en el actuar como en el ejercicio de sus funciones.

Empero, y va otro dicho, en el caso de Martínez Vázquez “no se le puede pedir peras al olmo”. Pues detrás de su facha de hombre culto, hay un funcionario prepotente, abusivo y oportunista.

NEGRO HISTORIAL

Carlos Martínez presume ser doctor en Derecho, pero si llegó a la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas, así como a sus anteriores encomiendas, no fue por sus méritos profesionales sino por sus complicidades.

Su carrera despuntó en el periodo de Juan Sabines Guerrero, donde fue promovido y protegido por el exsubsecretario de gobierno Nemesio Ponce Sánchez. En la administración de Manuel Velasco Coello no le fue bien, sino genial.

En mayo de 2014 fue detenido por policías municipales. Era de noche cuando salió del bar La Palapa del Negro, ubicado en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez, y elementos policíacos lo detuvieron para hacer una revisión de rutina, pero él se resistió a la inspección.

Bajó de su automóvil y lanzó la frase preferida de los poderosos: “no saben con quién se están metiendo”.

Carlos Martínez estaba embrutecido por el alcohol. Dijo que era una persona muy influyente y amigo del gobernador Velasco y del entonces procurador del estado. Casi no podía hablar, pero a todos los agentes los amenazó con que serían despedidos si lo arrestaban.

Hay quienes dicen que hasta sacó un arma de fuego e intentó golpear a un policía. Pero después de tanto escándalo, lo trasladaron a la cárcel por faltas administrativas. Un par de horas más tarde fue liberado.

Desde que asumió la presidencia de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se dice que el que manda en los hechos en este órgano es Carlos Villanueva, quien fue asesor de Manuel Sobrino Durán, exsecretario del Trabajo en la administración pasada, y que está al frente del bufete jurídico denominado “Despacho Iturralde”.

Martínez Vázquez y Villanueva utilizan mencionada firma para negociar los casos que llegan a la Junta.

El negocio está así: si una empresa debe pagar un laudo, digamos de un millón de pesos a un empleado, los abogados al servicio de Villanueva y Carlos Martínez convencen al empresario de pagar sólo la mitad. Aprovechando la autoridad que tienen en la Junta de Conciliación y Arbitraje, manipulan el expediente para decirle al trabajador afectado que perdió el juicio, y así los 500 mil pesos van a parar a las cuentas del Despacho Iturralde.

En su calidad de presidente de la Junta, visita constantemente a los dueños de las empresas más importantes del estado. Les pide contratar los servicios del despacho a cambio de favorecerlos en los juicios. Coppel, Walmart, Farmacias Esquivar, Bodega Aurrera, entre otros, aparecen en su padrón de clientes.

Los trabajadores del organismo han manifestado en diversas ocasiones que Carlos Martínez se ha enriquecido a manos llenas cometiendo violaciones en los juicios. Entre las irregularidades está sacar documentos de los expedientes, cambiar hojas de audiencias, cambiar los fallos, engavetar casos a favor de los trabajadores de sus clientes y destruir otros.

Aparte, diversos colegios de abogados en el estado lo han señalado reiteradamente de reprimirlos y difamarlos. Dicen que no sólo los desprestigia, sino también les quita sus clientes a quienes visita de manera personal ofreciéndoles los servicios del Despacho Iturralde y les garantiza que todos los procesos terminarán a su favor.

En 2019, el Sindicato de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas lo denunció por supuestos actos de corrupción ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pero no hubo mayores repercusiones en su contra. En 2021, se dijo que negoció una importante suma de dinero a cambio de otorgarle la toma de nota a Zoila García Ruiz, que en ese entonces se convirtió en secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Unicach.

LA LIMPIA

Por gente como Carlos Martínez el Poder Judicial atraviesa el peor momento de su vida. Ojalá que con la llegada de la Nueva ERA se haga una limpia en el interior de la Junta Local, que como vimos está inclinada a favor de los intereses de los poderosos.

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