La historia de un patético vendedor de espejitos

Letras Desnudas

Mario Caballero

Ahora que estamos en tiempos de acomodos y reacomodos, donde abundan los oportunistas, quiero contarles la historia de un exfuncionario de la administración de Manuel Velasco Coello que, tras haber amasado una gran fortuna a través de las peores prácticas fraudulentas, busca colarse en el gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar.

Se trata de Óscar Francisco Muñoz Barrera, un abogado de medio pelo proveniente del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.

SEMBLANZA

Muñoz Barrera llegó al gobierno de Manuel Velasco por recomendación de Arturo Escobar y Vega, al que también la extinta PGR le giró una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos electorales como dirigente del Partido Verde Ecologista de México.

¿Y cuáles era sus cartas credenciales? La verdad, poca cosa.

No era más que un abogado común y corriente, con una especialidad en Derecho Internacional y un posgrado en Justicia Electoral. No contaba con reconocimientos y menos con una trayectoria destacada. En pocas palabras, no fue recomendado por sus méritos profesionales, sino por amiguismo.

Es más, el puesto más relevante que había desempeñado en la administración pública era el de secretario particular de un magistrado del Poder Judicial de la Federación. Se encargaba de la agenda del funcionario y de las relaciones públicas. Es todo. Lo demás en su currículum es la “talacha” común de un abogado sin talento.

A pesar de su fútil carrera, Manuel Velasco lo designó en la Consejería Jurídica del Gobernador. Aunque al poco tiempo tuvo que ser destituido ya que la ley estipula que dicho cargo debe ser ocupado por una persona originaria de Chiapas.

Recordemos, sin embargo, que ese gobierno se caracterizó por su pericia en saltarse las leyes, modificarlas o darles la vuelta con tal de que el exgobernador se saliera con la suya. De este modo, se creó ex profeso la Subconsejería Jurídica para que Óscar Muñoz se mantuviera dentro del organismo y fuera el que mandara en los hechos.

Empero, las cosas para Muñoz no salieron bien, sino geniales. Llegó a Chiapas con una mano por delante y otra por detrás, pero al concluir su gestión al frente de la dependencia su nombre estaba en la lista de los multimillonarios que se formaron en ese sexenio.

Con el poder que le fue otorgado, tergiversó las funciones de diversas áreas o dependencias estatales, especialmente el Registro Público de la Propiedad y el Catastro, donde según testimonios de los mismos trabajadores ordenaba que los sistemas informáticos fueran manipulados para cambiar o crear claves catastrales, modificar temporalmente los datos de casas o terrenos en venta, así como para imprimir Certificados de Libertad o Gravamen, para después simular procesos de compraventa entre particulares.

Para ello, contaba con la complicidad de altos funcionarios del Gobierno del Estado, notarios públicos, jefes de área, personal de informática y hasta secretarias, con los que convirtió esta estafa inmobiliaria en una práctica común durante los seis años del gobierno mavequista, que les dejó ganancias millonarias a todos los implicados, quienes también contaron con la protección del gobernador.

Óscar Muñoz no sólo despojó de predios a incontables particulares, sino también defraudó a muchos inversionistas con la venta simulada de terrenos propiedad del Estado.

Tal es el caso del empresario Julián de Nicolás, socio del consorcio Casas Geo, al que la red de corrupción de Óscar Muñoz estafó con cuatro millones de pesos que era el pago del anticipo de un terreno perteneciente al municipio de Tuxtla Gutiérrez, mismo que el Gobierno del Estado tenía en garantía por ser aval solidario en un préstamo del Ayuntamiento.

Dicho terreno, obviamente, nunca fue entregado. No lo podía, puesto que los datos habían sido manipulados. Lo único que recibió dicho empresario fueron escrituras apócrifas.

El 23 de marzo de 2018, Muñoz Barrera fue designado por unanimidad de los diputados del Congreso local como consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Ese fue su premio por la corrupción que encabezó y fomentó en la Consejería Jurídica.

Su designación provocó el repudio de las distintas barras y colegios de abogados de Chiapas, así como de la comunidad judicial, que emitieron fuertes comunicados exigiendo su destitución. Decían que alguien como Óscar Muñoz, que tanto daño le había hecho al estado, no merecía obtener un cargo de tan alta distinción y responsabilidad pública.

Al final, su desempeño como consejero del Poder Judicial terminó en el basurero de la historia.

ABSURDO

Por estas razones, el gobernador electo Eduardo Ramírez tomó una buena decisión al deshacerse de Óscar Muñoz, quien alardea ser un gran operador político y electoral, cosa que no lo es. Tan sólo trata de aparentar, buscando un puesto en el próximo gabinete.

Muñoz es de esas sumas que restan. No sólo ha sido un funcionario corrupto y acusado de enriquecimiento ilícito, sino también un defraudador inmobiliario que en 2021 estuvo involucrado en presuntos fraudes electorales. Pues fue representante de políticos que quisieron ganar a punta de billetazos bajo la mesa, la elección que no pudieron con votos en las urnas.

Insisto: deshacerse de él fue la mejor decisión. Sobre todo, ahora que fuentes a este columnista aseguran que en breve estará protagonizando un lío judicial en contra de su propia familia, a la que pretende acusar del delito de secuestro.

Absurdo. Su familia no lo secuestró, sino lo ingresó a un centro de rehabilitación para enfermos alcohólicos. No es un secreto que Óscar Muñoz es adicto al alcohol y a diversas drogas ilícitas.

Igual que la fábula de la rana y el escorpión, les está picando a todas las personas que lo ayudaron a salir del problema.

Así la historia de Óscar Muñoz: un abogadete sin credibilidad moral enfundado en el traje de un patético vendedor de espejitos.

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