La mafia del falso diputado indígena

Letras Desnudas

Mario Caballero

En la columna de ayer hice mención de una lista de 34 funcionarios que integran la red de corrupción que encabezó Uriel Estrada Martínez como titular de la Auditoría Superior del Estado y que, según mis informantes, sigue encabezando ahora que funge como diputado indígena en el Congreso del Estado.

Decíamos que toda esta gente, o la mayoría de ellos, están en este momento trabajando en la limpieza de los expedientes de los expresidentes municipales con los que Uriel tenía tratos de no hacerles observaciones en la Cuenta Pública a cambio de entregarle fuertes sumas de dinero y/o contratos de obra para la empresa ESES Grupo Constructor, S.A. de C.V., propiedad de su hermano Óscar Estrada Martínez

Por motivo de espacio, sólo mencioné brevemente a tres de esa lista de funcionarios, que vienen siendo la gente de mayor confianza de Uriel. Hoy hablaré de estos mismos con un poco más de detalle y de algunos más, a los que he seleccionado debido a la jerarquía que tienen en la estructura del órgano fiscalizador, como por su nivel de participación en las actividades ilícitas denunciadas en contra del exauditor superior.

SECUACES

Empiezo por Wenceslao Calderón Maza, al que –dijimos- lo impuso Uriel Estrada en su sustitución. Él ha venido desempeñando el puesto de auditor especial de Planeación, Seguimiento e Informes, y como tal está señalado por los mismos trabajadores de la Auditoría Superior del Estado como uno de los principales artífices en la extorsión a los alcaldes.

Incluso, varios presidentes municipales lo han denunciado por hacer un gran negocio a través de la empresa Mundo Arna, S.A. de C.V., dedicada a hacer estudios actuariales a los municipios.

Los denunciantes cuentan que Calderón Maza enviaba oficios a los Ayuntamientos obligándolos a realizar sus estudios actuariales en esta empresa, que es operada por Felipe Vera Planter, que ocupa el cargo de Coordinador de Desarrollo Institucional en la ASE.

El encargado de entregar los oficios a los alcaldes es Jesús Sotero Vidal Gómez, director de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública, quien cuenta con la complicidad de Aymer Oskar Cruz Cerda, subdirector de Desarrollo, y Melissa del Rosario Vázquez Cáceres, subdirectora de Análisis de Información Municipal, encargada de operar la recepción de la Cuenta Pública mensual y anual, así como del registro de firma de las autoridades municipales.

Gabriel Meneses Domínguez, concuño de Uriel Estrada y subdirector de Investigación B, tiene la supuesta encomienda de concluir y archivar los expedientes de los presidentes municipales. Él cuenta –comentamos- con el apoyo incondicional de Karen Chacón González, subdirectora de Profesionalización, y Abelardo Pascasio Ruiz, jefe de la Unidad Anticorrupción.

El hermano de Gabriel, Víctor Manuel Meneses Domínguez, jefe de la Unidad General de Administración, está acusado, entre otras cosas, de desvío de recursos públicos y enriquecimiento ilícito. Su incondicional es el subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales, Elmar Ramón Maldonado Aguilar.

Rogelio José Guerra Luis, quien antes venía ocupando el cargo de director de Auditoría a Municipios y hoy se desempeña como secretario Técnico, ha manoseado al instituto fiscalizador como le ha venido en gana.

Está acusado de ejercer despidos injustificados y acomodar en puestos clave a gente afín a sus propósitos. Como su sobrina de nombre Landi, que ocupa el cargo de auxiliar en la oficina del auditor superior.

Otro funcionario leal a Uriel Estrada es Omar Rivera León, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien se apoya en el subdirector de Investigación C, Oscar Octavio Ríos Fernández, en la encomienda de presionar a los ediles. “Coopelas o cuello”.

En la lista de incondicionales también aparecen los nombres de la directora de Seguimiento de Resultados, Carmen María López Camacho, quien a su vez se hace acompañar del contador Everardo Córdova Nandayapa, subdirector de Seguimiento de Resultados a Poderes y Entes Públicos del Estado, y Yanet Alvarado Gómez, subdirectora de Seguimientos de Resultados a Municipios, quien a su vez le entrega cuentas a Wenceslao Calderón.

Igualmente, Matzieli Díaz Hidalgo, directora de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado, quien llegó a esta posición por ser sobrina de Uriel Estrada y del expresidente municipal de Simojovel, Ángel Iván Hidalgo Morales, elegido por el periodo 2015-2018, pero renunció en noviembre de 2017 por presuntas presiones políticas y amenazas. En enero de 2019 fue denunciado por desvío de recursos públicos y en julio del mismo año fue detenido por elementos de la Policía Estatal por agredir con arma de fuego la casa de la exalcaldesa Viridiana Hernández, en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez.

Otra incondicional es Cecilia Zúñiga Domínguez, directora de Auditoría a Municipios, que tiene como sus compinches a Arquímides Salvador Cruz Yáñez y Lauro Zambrano Molina, subdirector de Auditoría a Municipios A y subdirector de Auditoría a Municipios D, respectivamente.

Los que figuran dentro del equipo íntimo de Uriel Estrada Martínez, son Fernando Antonio Trejo Gordillo (subdirector de Tesorería), Carlos Eduardo Urbina Moreno (subdirector de Contabilidad y Presupuesto), Laura Liz Hidalgo Reynosa (subdirectora de Recursos Humanos), Ángel Rubén Córdova Sánchez (subdirector de Resoluciones), Juan Carlos López Zúñiga (subdirector de Recursos) y Agustín Vilchis García (director de Auditoría de Desempeño). Este último fue recomendado, oreja y protegido del también diputado local, Ismael Brito Mazariegos.

Repito: los trabajadores de la ASE que filtraron esta información, de los cuales me reservo su nombres para evitar posibles represalias en su contra, aseguran que las personas aquí mencionadas realizaron diversas acciones a favor de Uriel Estrada Martínez, ya sea en la operación política, o en la recaudación de los fondos ilícitos, o en la extorsión a los presidentes municipales, o maquillando los estados financieros o simplemente ocupando puestos clave en el manejo de los recursos dentro de la institución.

¿HASTA CUÁNDO?

La gran pregunta es: ¿hasta cuándo se le pondrá fin a la impunidad de Uriel Estrada, el falso diputado indígena?

Su responsabilidad como auditor superior era vigilar que cada peso fuera utilizado en beneficio de los chiapanecos, pero no sólo no cumplió con su función sino también se hizo cómplice de la corrupción de los presidentes municipales que protegió, enriqueciéndose al mismo tiempo.

Llegó a la Auditoría Superior con una mano por delante y otra por detrás, pero ahora viste ropa de marca, lociones finas, zapatos y cinturones cuyo precio alcanzan los 12 mil pesos y durante el tiempo que ejerció el cargo se hizo de lujosas propiedades, como la residencia por el rumbo del Club Campestre, al poniente de Tuxtla Gutiérrez, valuada en 7 millones de pesos, y hasta tiene en copropiedad con uno de sus hermanos una gran extensión de terreno por la Escuela de Veterinaria de la Unach, donde luce un bonito campo de fútbol muy bien acondicionado, donde ha realizado algunos torneos.

Por estas razones, Uriel Estrada debe ser sometido a juicio político, desaforado y luego investigado hasta las últimas consecuencias. Nadie nunca es tan poderoso para siempre vivir impune.

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