Mario Caballero
Los Albores y Segalmex
Qué escondido se lo tenían el exgobernador Roberto Albores Guillén y su hijo, “el cachorro”, Roberto Albores Gleason. Resulta que estos dos personajes de la política chiapaneca tienen o tenían metidas dos de sus empresas en la lista de proveedores de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo creado en este sexenio con el fin de “garantizar el abasto nacional de alimentos y promover la comercialización de productos en diversas entidades y al exterior” de México.
Las empresas son La Merced y Huertas Don Horacio, que según fuentes a este columnista están siendo investigadas, junto con otras 30 compañías y 22 ex funcionarios, por su presunta participación en el fraude por 15 mil millones de pesos cometido contra Segalmex durante la administración de Ignacio Ovalle.
UN POCO DE CONTEXTO
El caso Segalmex es conocido por muchos, pero me permitiré ponerlo en contexto.
Bajo el supuesto de que todas la instituciones creadas por las administraciones anteriores son corruptas, el actual Gobierno Federal decidió crear este organismo que no sólo absorbió las funciones que venía realizando Diconsa (tiendas de descuento de productos básicos para la población más pobre del país) y Liconsa (lecherías que venden leche a menores precios para la misma población), sino también le concedieron la administración de los precios de garantía de productos agropecuarios; la adquisición en el mercado nacional y extranjero de cosechas y productos que garanticen el abasto nacional; la venta y distribución de fertilizantes y semillas mejoradas.
Asimismo, la importación de productos agroalimentarios en los que haya desabasto y la promoción de la industrialización de productos alimenticios. En pocas palabras, Segalmex se convirtió en una especie de Conasupo, como la que desapareció en 1999, pero bajo la marca 4T.
Quien fue designado en la Dirección General fue Ignacio Ovalle Fernández, un viejo priista que ya se había desempeñado como director de Conasupo en el sexenio de Carlos Salinas y que en los años setenta le dio trabajo al joven Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista.
Pues bien, dadas las atribuciones que le otorgaron a Segalmex ésta concentró mucho poder y mucho dinero. Tan sólo en los dos primeros años de este sexenio gastó un monto superior a los 23 mil 800 millones de pesos, dinero que salió, obviamente, de los contribuyentes.
Empero, ni tardos ni perezosos, los fraudes comenzaron a aparecer.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que descubrió la Estafa Maestra del gobierno de Peña Nieto, fue la que empezó a revelar la corrupción en Segalmex. En 2020, por ejemplo, dijo que la Conasupo de la 4T pactó la entrega de 7 mil 800 toneladas de azúcar con la empresa Servicios Integrales Carregin y pagó la totalidad del pedido, valuado en 145 millones de pesos, por adelantado.
Pero, oh sorpresa, este consorcio sólo entregó 3 mil 100 toneladas de las 7 mil 800 pactadas y pagadas, y además se negó a reembolsar los 80 millones de pesos que correspondían a las 4 mil 700 toneladas de azúcar que Segalmex, vía Diconsa, nunca recibió.
Este descubrimiento fue la punta de una madeja que al irse desenrollando sacó más y más corrupción, de ésta y otras empresas, con muchos funcionarios implicados, hasta llegar a desvelar que el fraude alcanzaba la cifra de 15 mil millones de pesos, el triple que la Estafa Maestra.
Fue así que el pasado mes de marzo la Fiscalía General de la República, tras el tercer intento, consiguió las órdenes de aprehensión en contra 22 personas por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, derivado de compras simuladas.
En su momento, se supo que de esas 22 personas, 12 son ex funcionarios de Segalmex, cuatro tienen relación con Servicios Integrales Carregin y seis fueron beneficiarios de los recursos desviados por Diconsa, según el comunicado de la FGR.
Actualmente, Segalmex está siendo investigada tanto por el Servicio de Administración Tributaria como por la Unidad de Inteligencia Financiera por desvíos de inventario de maíz y frijol, nóminas fantasma, simulación de operaciones con la compra de leche, granos básicos y trigo, así como de pesticidas, gastos en trasporte de productos agrícolas, subutilización de bodegas propiedad de Segalmex, adquisición de granos a productores que no requerían subsidios y venta de los productos a empresas privadas por debajo de los precios de garantía.
Aquí es precisamente donde podrían estar involucradas -y por lo que están siendo investigadas- las empresas de los Albores, padre e hijo.
LOS ALBORES
A decir verdad, no sería la primera vez que las empresas de la familia Albores Gleason estén señaladas de corrupción.
Desde el 2007, padre e hijo han sido acusados de extorsionar a por lo menos 20 mil campesinos a través de su empresa Huertas Don Horacio, S.A., que son los beneficiarios del Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF).
Según denuncias, los campesinos les entregaron a los Albores entre 130 y 170 pesos para un supuesto cobro de trámite, que multiplicado por los 20 mil empadronados alcanza la cifra de más de 3 millones de pesos. Además, se sabe que la empresa de estos dos priistas manejó más de 46 millones de pesos de referido programa, dinero que supuestamente invirtieron en 2018 en la fallida y mediocre campaña política a la gubernatura de Albores Gleason, el que no se asusta ni se raja.
Luego, durante el gobierno interino de Albores Guillén surgió un escándalo de corrupción en el DIF estatal, cuya presidenta era su esposa, María Gleason, que distribuyó soya de consumo para animales en los desayunos escolares de los niños.
Se conoció que el DIF compraba soya podrida, llena de gorgojos, a la comercializadora Abasto Global, S.A. de C.V. (AG), que fue creada supuestamente por el mismo ex mandatario y que extrañamente apareció días después de que él fuera nombrado gobernador interino.
Corrupción, tráfico de influencias y nepotismo fueron los elementos que caracterizaron los casi tres años de la administración de Albores, conocido como “el croquetas”. Y por esa misma corrupción, tráfico de influencias y nepotismo fue por lo que sus empresas, ahora bajo la lupa del SAT y la Fiscalía, se metieron a la lista de proveedores de Segalmex.
Recordemos que el exgobernador, antes de postularse a diputado federal en 1994, fungió como Coordinador General de Abasto y Distribución del Departamento del Distrito Federal (Coabasto), donde Ignacio Ovalle, ex director de la Conasupo de la 4T, fue uno de sus empleados con cargo de gerente. Como dice el dicho, “favor con favor se paga”.
¿LOS ALCANZARÁ LA JUSTICIA?
Honor a quien honor merece. Habla bien del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que esté investigando y haciendo justicia en este caso de corrupción que hoy es el mayor desfalco de recursos públicos documentado en la historia reciente de México, del que hay varios detenidos, entre ellos algunos ex funcionarios de Segalmex y un empresario.
Pero la pregunta del millón es: ¿ahora sí alcanzará la justicia a los Albores, padre e hijo, quienes sexenio tras sexenio han demostrado que buscan el poder sólo para dos cosas: meterse dinero público a sus bolsillos valiéndose de sus influencias y vivir en la impunidad?
Twitter: @_MarioCaballero
