Letras Desnudas
Mario Caballero
Celebro que a la presidencia del Poder Judicial del Estado haya llegado alguien con una amplia carrera jurídica y académica. Ya era hora.
Juan Carlos Moreno Guillén es de los pocos abogados que puede presumir ha-ber transitado la mayoría de los caminos del campo del Derecho. Ha sido litigante, magistrado, notario, defensor de los derechos humanos, etcétera, y en el trayecto probó ser un jurista comprometido con la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo y con un doctora-do en Derecho Público. Además, tiene diversos diplomados en Ciencias Políticas y ha cursado actualizaciones jurídicas en la UNAM. En la CNDH se ha capacita-do en materia de Derechos Humanos y en el Tec de Monterrey en Seguridad Pú-blica.
Por varios años fue catedrático en la IESCH, en la Unicach y en la máxima casa de estudios de Chiapas, la Unach.
También es miembro del Colegio de Abogados de Chiapas, del Colegio de Nota-rios del Centro del Estado de Chiapas y del Consejo Estatal de Notarios de Chia-pas. Según indica su currículum, fue secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos.
Su perfil, por lo tanto, demuestra que tiene la experiencia y capacidad para asumir el cargo que desempeña desde hace casi mes y medio. Pero igual de importante es su trayectoria en órganos colegiados y de impartición de justicia, que es un factor clave para desarrollar las acciones y ajustes necesarios para fortalecer el Poder Judicial.
Moreno Guillén fue subprocurador Jurídico y Normativo de la extinta Procuradu-ría General de Justicia del Estado, diputado local por el PAN, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas y magistrado presidente del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado.
Recientemente, coordinó el equipo jurídico del proyecto del entonces gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar y fungió como representante de Morena ante el IEPC durante el pasado proceso electoral.
Felicito, en este sentido, a Juan Carlos Moreno. Su sola elección representa un paso fundamental y determinante en la trasformación de la Casa de la Justicia.
RETOS
Ahora bien, como nuevo presidente son muchos los retos que Moreno Guillén tendrá que enfrentar y superar. De entrada, deberá disponer de toda su capacidad jurídica y también política para devolver a su esencia al Poder Judicial de Chia-pas. Quiérase o no, como poder del Estado, es una institución política y su presi-dente debe procesar los conflictos dentro del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como en la relación con el resto del entramado insti-tucional del Estado.
No la tiene nada fácil. Reconozco que Juan Carlos es muy capaz y está prepara-do para afrontar su nueva responsabilidad, amén de contar con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, quien tiene una profunda vocación juarista y que comprende bien a bien la importancia de contar con un Poder Judicial autónomo, profesional y consolidado.
Sin embargo, esta institución perdió credibilidad como órgano garante del cum-plimiento de las leyes, la protección de los derechos humanos y el orden institu-cional.
En la opinión de este columnista, el Poder Judicial perdió mucho con Guillermo Ramos Pérez, cuyo periodo fue una borrachera de poder.
Despidió a más de 50 trabajadores de manera injustificada y a otro tanto igual or-denó su cambio de adscripción sin razón alguna, según han revelado distintas fuentes a este autor.
Además, colocó en puestos clave y con altos sueldos a varios miembros de su familia, ahijados y recomendados. Como el caso de un tal Bernardo López Mal-donado, al que nombró director de Desarrollo e Infraestructura Tecnológica por instrucción del exdiputado Ismael Brito Mazariegos, al que Guillermo Ramos le rinde todavía toda su lealtad y pleitesía.
Del manejo de los recursos, ni hablar. Se cuenta que el círculo íntimo de Ramos Pérez hizo uso discrecional del presupuesto y desvió decenas de millones de pesos que terminaron invertidos en bienes y propiedades personales. Como es el caso del exdirector del área de Comunicación Social, Heriberto Ortiz, quien pasó de ser un reportero de medio pelo a dueño de camionetas del año y de un rancho.
Por la misma falta de transparencia, no se sabe a dónde fueron a parar las fian-zas depositadas en los Juzgados y los recursos del Fondo Auxiliar para la Admi-nistración de Justicia.
No es todo. Ramos protegió a directivos, jueces, magistrados y altos mandos del Tribunal señalados de corrupción. Como es el caso del administrador general de los juzgados en “El Amate”, Guillermo Arturo Lam Natarén, quien ha sido acu-sado de exigir fuertes cantidades de dinero para cambiar medidas cautelares y sacar a los presos.
Otro es Julio César Bravo del Carpio, al que designó en marzo de 2023 como director de Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura, con un sueldo supe-rior a los 50 mil pesos mensuales, a pesar de que éste tiene varias denuncias en su contra, una de ellas por deudas alimenticias desde el año 2013.
Inclusive, este funcionario fue denunciado por infligir daños físicos y psicológicos en contra de su esposa e hijos.
Por otra parte, Ramos Pérez está involucrado en diversos escándalos.
Como su presunta complicidad con los cabecillas del llamado Cártel Inmobiliario de Chiapas, a los que protegió ordenando que la veintena de denuncias penales en contra de Erick Romero Peimberth y Gustavo Flores fueran engavetadas.
Es más, se dice que les exigía a los jueces admitir las excusas de éstos para no presentarse a las audiencias.
En septiembre de 2024, estalló un escándalo en el Poder Judicial que fue noticia nacional. Resulta que tres magistrados cambiaron una sentencia por un litigio de límites de propiedad, conocido como el Caso Plaza Baktún, donde se había esta-blecido un pago de 711 mil pesos para resarcir los daños, pero se cambió a 3 mil millones de pesos. El beneficiario de este nuevo fallo es un amigo de Guillermo Ramos.
A mediados de diciembre pasado, mediante una investigación se señaló a Ra-mos Pérez como uno de los involucrados en una red de trata de personas, en la que también presuntamente participaron los magistrados María Itzel Ballinas Barbosa, Claudia Lucía Domínguez Acuña y Guillermo Esponda Orantes, así como la jueza Ángeles Guadalupe Mendoza.
RAYO DE LUZ
Insisto: los retos de Juan Carlos Moreno no son nada fáciles, pero cuenta con la capacidad, experiencia y el inmejorable respaldo político para recuperar la credibi-lidad y fortalecer el Poder Judicial del Estado.
De hecho, su elección como presidente demuestra que el Poder Judicial está dis-puesto a reivindicarse ante la sociedad. Seguramente, bajo la dirección de Mo-reno Guillén logrará convertirse en un auténtico órgano defensor de los derechos humanos de los ciudadanos, donde se imparta justicia con equidad y transparen-cia y se garantice el cumplimiento de las leyes, en aras de construir un Chiapas más justo e igualitario.
Por fin, un rayo de luz en medio de tanta penumbra.
